Un tránsito terrorífico

Los terribles accidentes de tránsito acerca de los cuales informamos en esta edición hacen imprescindiblemente necesario que se encare esa problemática con realismo y eficacia, de una vez por todas. Justamente, el miércoles último, la celebración del Día Mundial de la Salud estuvo dedicada al problema de la seguridad vial. Entre los datos aportados en la reunión, que se realizó con ese motivo en la Organización Panamericana, se expresó que en América Latina mueren, cada año, unas 130.000 personas en tal tipo de percances. Cabe acotar que buena parte de la cifra corresponde a la República Argentina, en cuyo territorio los accidentes de tránsito se han llevado la vida de nada menos que de unas 100.000 personas, en los últimos diez años.
El informe del Departamento de Transporte de Estados Unidos sostiene que la inseguridad vial es un problema social y de salud pública, y resulta "esencial hacer campañas por largos períodos". El Departamento se fundó en 1966, y sus responsables aseguran que han logrado reducir drásticamente las cifras de muerte en accidente, gracias a la obligatoriedad del uso del cinturón entre los automovilistas. Por otro lado, de acuerdo con el informe del Banco Mundial, reducir 10 kilómetros la velocidad al conducir disminuye en un 50 por ciento la posibilidad de accidentes fatales.
Estos, como es sabido, se suscitan por imprudencia de los conductores, en primer lugar, y también por las defectuosas condiciones de las carreteras, en diversos rubros. También es sabido que un muy elevado porcentaje de tales episodios podría perfectamente haberse evitado. Todo esto marca la necesidad de implementar una verdadera política de Estado, que contemple integralmente los aspectos que vulneran esa seguridad tan deficiente en la actualidad. Esa política existe efectivamente en los países adelantados. En Francia, por ejemplo, en 1970 se decretó el uso obligatorio del cinturón de seguridad, y se calculó que en una década ya nadie dejaría de acatar la norma. Efectivamente, ese acatamiento se produjo y hoy está generalizado.
Entre nosotros, en cambio, no solamente las acciones son parciales y esporádicas, sino que hay una serie de aspectos que inciden en la cuestión, en los cuales no hemos adoptado solución alguna. Basta citar el caso de los vehículos truchos, o del otorgamiento irregular de registros de conductor, o de las nebulosas fronteras que exhibe la atribución de controlar. Por nuestras carreteras pasan vehículos guiados por personas que han ingerido alcohol -como se lo puede comprobar los fines de semana- o que ejecutan maniobras arriesgadas, en ambos casos con total impunidad.
El cinturón de seguridad, en los automovilistas, y el casco en quienes conducen motocicletas (casco que, según datos internacionales, reduce en un 45% la posibilidad de lesiones) distan de ser la norma entre los conductores, y constituyen más bien una excepción.
Abundan en las rutas los vehículos en defectuosas condiciones, cuya vejez los torna altamente peligrosos; cruzan a cada rato los animales sueltos; camionetas y camiones llevan personas en sus cajas, y un largo etcétera. Si a esto le agregamos la pésima señalización, hay que concluir que hemos construido un marco de inseguridad dentro del cual puede ocurrir cualquier cosa y en cualquier momento.
Sólo una política de Estado, repetimos, puede operar una modificación en semejante realidad. Una política que involucre a todos los organismos oficiales, desde el Gobierno hasta las municipalidades y las comunas rurales, resulta de imprescindible necesidad. Cada día tenemos nuevas y penosas muestras de esa urgencia.