Ahora los municipios

Las metas políticas están unidas a las proyecciones fiscales. En política y en economía, las casualidades no existen. Hay que hablar de causalidades. La incesante búsqueda de habilitar, de una vez por todas, la reforma de la Constitución provincial está atada a los apoyos financieros que el gobernador José Alperovich otorga, mes a mes, a los 19 municipios y a las 93 comunas rurales.
En una primera lectura de ese fenómeno, puede decirse que los $ 188 millones que el Poder Ejecutivo otorgará este año a esas jurisdicciones tienen por fin el sostenimiento de la paz social. Precisamente, el aporte financiero se orienta al pago de los salarios de los agentes municipales.
Usualmente se dice que los eventuales conflictos sindicales estallan en el interior, pero repercuten en la plaza Independencia. Hasta ahora, Alperovich pudo contener los reclamos gremiales y distribuir una serie de obras para mejorar los servicios municipales.
Desde el punto de vista político, los intendentes y los comisionados rurales son considerados dirigentes territoriales de peso. La noche del martes toda la estrategia quedó al desnudo. El gobernador comenzó hablando sobre los planes de gestión (obras públicas y asistencia social), pero terminó reclamando el acompañamiento al proceso reformista. Esa instancia es casi un hecho. "Somos reformistas", se expresaron los intendentes luego de cenar con Alperovich, quien cree que el poder electoral del interior ya fue captado por su administración de gobierno.
Desde principios de año, el mandatario ratificó que el Pacto de Saneamiento y la Paz Social sería por todo 2004 y no por seis meses, como había sugerido el Gobierno nacional ante la posibilidad de reformular las relaciones fiscales con las provincias y, a su vez, estas con los municipios. El mismo Acuerdo para la creación del Sistema de Coordinación de Relaciones Fiscales Intergubernamentales reclama a los gobernadores pautas de responsabilidad fiscal y transparencia en las intendencias.
La realidad marca que esos distritos están fuertemente endeudados y dependen, mayoritariamente, del aporte de la Casa de Gobierno para su subsistencia. Por ende, sus fondos de coparticipación están comprometidos. El margen de acción para sanear sus finanzas es escaso.
Muchas municipalidades aún no tienen una estructura tributaria que les permita mejorar el sistema de recaudación. Ante ese hecho, es posible que algunos intendentes terminen delegando la función recaudatoria en el Poder Ejecutivo. En buen romance, se trataría de una centralización en el sistema de cobro de las tasas a cambio de una nueva coparticipación. Esta vez respecto del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Los posibles sublemas
Organizaciones intermedias, como el Grupo Alberdi, vienen advirtiendo sobre los riesgos del servilismo hacia el poder central por parte de los jefes municipales.
Sin embargo, el escenario político está prácticamente construido. El proyecto reformista avanza sin pausa. Es posible que el gobernador ponga a consideración de los representantes del Poder Judicial y de los partidos políticos de la oposición algunos puntos de los cambios a introducir. Los intendentes y los comisionados rurales, en tanto, se convertirían en cabezas de listas de posibles sublemas ante una inminente convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes para introducir cambios en la Carta Magna de 1990.
Ningún pueblo puede ser socialmente justo y políticamente soberano si no es, al mismo tiempo, económicamente independiente. Este es uno de los principales puntos de la doctrina que muchos intendentes comulgaron en su formación política.