Es una verdad de Perogrullo, por lo remanida, pero verdad al fin: el listado de beneficiarios de los distintos planes planes sociales que se distribuyen en Tucumán es una caja de Pandora cuyo contenido ya no provoca asombro. Tampoco es novedad que los planes no llegan a quienes más los necesitan, porque están tan excluidos, tan "caídos del sistema", que no hay cedazo que recoja sus urgencias. A menos que efectivamente funcionen estrategias de detección impulsadas por el Gobierno provincial como el plan Vital, o los diseños cruzados de las áreas de Salud, Políticas Sociales y Educación.
Lo cierto es que hoy, cuando se abre una vez más la caja de Pandora, la sociedad civil se regodea en su ya atávica desconfianza hacia la "clase política" cuando ve entre los beneficiarios de los planes a concejales o a esposas de concejales o de comisionados rurales (comisionadas, en este caso), en una lista que parece interminable. El edil republicano Horacio Esterman -cuya esposa figuraba como beneficiaria de un plan- argumentó que habían pedido el programa porque no tenían para comer. Es probable que haya sido así, pero la pertenencia de los beneficiarios a estructuras partidarias (Fuerza Republicana, en el caso de Esterman, y el PJ en el caso de Carla Martín, la comisionada comunal de San Andrés) indica que también para acceder a planes sociales, "pertenecer tiene sus privilegios", como reza la publicidad de una prestigiosa tarjeta de crédito.
En Tucumán hay situaciones que escapan de la legitimidad de la carta de pobreza. Saltaron el cerco de la legalidad por donde se los mire: no sólo hay "políticos" que usufructuaban las cercanías con los "aparatos partidarios". También hay 5.000 ¿ciudadanos? que "duplicaban" hijos para multiplicar los panes, o que simplemente los inventaban, como el edil de Burruyacu José Toledo, que es soltero y que no podría cobrar un plan.
Si ya se sabía que los planes sociales son una caja de Pandora, no se entiende entonces por qué en Tucumán se dilata tanto el armado de un registro único de beneficiarios de programas sociales, proyecto que impulsó en la Cámara el radical José Cano, y que fue vetado por el PE.
La justificación del veto fue que no hay tecnología informática ni recursos humanos suficientes para hacerlo. Entonces, cabe preguntarse qué pasó con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), aprobado en 1998 por el Gobierno nacional, y por el cual se habilitó un fondo del Banco Mundial por 10 millones de dólares para la unificación informática de los beneficiarios de planes sociales. Tucumán es una de las provincias adheridas a ese organismo.
Se infiere, entonces, que hubo dinero disponible para esta suerte de "moralización informática" de los planes sociales, porque el cruzamiento de datos y padrones achica el margen para trampas.
En estos tiempos de elogio del poder informático (una base de datos puede ayudar a transparentar las acciones burocráticas del sistema público), el cliché "se cayó el sistema" no sólo repica en el plano informático sino también en el social. Un registro único de beneficiarios de planes sociales no es la panacea, pero es un cedazo para que los $20 millones mensuales que se distribuyen en Tucumán por distintos planes (cálculo del legislador Cano) devuelvan al sistema (al informático y al social)a aquellos que se "habían caído". Tan importante como la "moralización informática" es la creación del Consejo Consultivo Provincial, una exigencia del Gobierno nacional para la transferencia de fondos sociales. Otra asignatura -no menor - es la "democratización" de los Consejos Consultivos municipales, que, en el caso de la capital, están copados por el peronismo, a falta de participación importante de otras fuerzas partidarias, o de la sociedad civil.
