07 Abril 2004 Seguir en 
A fines de la década del 70, como es conocido, el gobierno militar se propuso jerarquizar el entorno de la Casa de la Independencia. Con ese propósito -y a muy elevado costo- procedió a expropiar los terrenos vecinos, de manera que quedaran libres los costados del inmueble histórico. Para ellos tenía prevista una serie de construcciones, planificadas para otorgar monumentalidad a la Casa. Toda esa segunda etapa nunca se realizó y, desde entonces, tales predios aguardan un destino acorde con su ubicación.
Ultimamente, el Estado ha resuelto jerarquizar toda la zona: sabemos que la calle Congreso ha sido convertida en peatonal. Pero se está planificando, últimamente, la realización de obras en ese entorno que hoy sirve, hacia el norte, como plazoleta, y hacia el sur, como baldío con quioscos de venta de libros. Como informamos, esto ha generado todo un problema.
Trascendió que el Gobierno ejecutaría el proyecto elaborado por un arquitecto que integra su grupo de asesores. Ello suscitó la inmediata protesta del Colegio de Arquitectos de Tucumán, que expresó una postura diametralmente opuesta al encargo directo. En efecto, solicita la convocatoria a un concurso nacional para estos trabajos, así como la participación de otros organismos en el asunto: la Casa Histórica, las áreas de Patrimonio de la UNT y de la Provincia, la Municipalidad, los Amigos de la Ciudad. La posición de referencia fue apoyada categóricamente por los Colegios de Arquitectos de Catamarca, de Santiago del Estero y de Jujuy.
Nos parece que la tesitura del Colegio es la acertada. Un trabajo que interviene en el entorno del más importante monumento que posee la Argentina, visitado por 5.000 personas cada mes, es algo que debe implementarse con todos los recaudos dirigidos a garantizar su excelencia.
El sistema del concurso es, sin duda alguna, el mejor camino, y el que evitaría cualesquiera objeciones o críticas en el futuro. Permitiría a todos los arquitectos del país participar en algo cuya importancia excede lo meramente local. No puede resolverse acerca de los predios que circundan la Casa (sin que ello implique abrir juicio sobre el proyecto en danza), sin darle un enfoque de mucha mayor amplitud. La protesta de los Colegios, que hemos publicado, así como las expresiones del representante de la Dirección Nacional de Arquitectura, están indicando la necesidad de modificar el criterio que parece vigente hasta ahora.
Para la realización del concurso, con los jurados adecuados, y para la construcción posterior de acuerdo al proyecto que resulte elegido, resulta sustancial el aporte de fondos del Gobierno federal. La Provincia no tiene capacidad económica, nos parece, para asumir toda esa tarea en el nivel deseable. El "status" que la Casa de la Independencia posee, de "monumento histórico nacional", es otro argumento a favor del concurso que sugiere el Colegio, con argumentos que no pueden sino compartirse.
La gestión de esos fondos ante la Nación debiera ser realizada por el Poder Ejecutivo, simultáneamente con nuestros diputados y senadores en el Congreso. Sin duda el Estado Nacional no retaceará su aporte a trabajos que, como lo decimos, superan largamente lo provinciano, por su intrínseca significación. A pesar de que no se trata de obras a efectuarse en el propio inmueble histórico, es sabida la importancia fundamental que los entornos tienen, para realzar -o para desnaturalizar- la construcción a la cual rodean. Se trata, pues, de una cuestión de suma importancia, en la cual no deben tomarse medidas inconsultas ni apresuradas, en ningún caso.
Ultimamente, el Estado ha resuelto jerarquizar toda la zona: sabemos que la calle Congreso ha sido convertida en peatonal. Pero se está planificando, últimamente, la realización de obras en ese entorno que hoy sirve, hacia el norte, como plazoleta, y hacia el sur, como baldío con quioscos de venta de libros. Como informamos, esto ha generado todo un problema.
Trascendió que el Gobierno ejecutaría el proyecto elaborado por un arquitecto que integra su grupo de asesores. Ello suscitó la inmediata protesta del Colegio de Arquitectos de Tucumán, que expresó una postura diametralmente opuesta al encargo directo. En efecto, solicita la convocatoria a un concurso nacional para estos trabajos, así como la participación de otros organismos en el asunto: la Casa Histórica, las áreas de Patrimonio de la UNT y de la Provincia, la Municipalidad, los Amigos de la Ciudad. La posición de referencia fue apoyada categóricamente por los Colegios de Arquitectos de Catamarca, de Santiago del Estero y de Jujuy.
Nos parece que la tesitura del Colegio es la acertada. Un trabajo que interviene en el entorno del más importante monumento que posee la Argentina, visitado por 5.000 personas cada mes, es algo que debe implementarse con todos los recaudos dirigidos a garantizar su excelencia.
El sistema del concurso es, sin duda alguna, el mejor camino, y el que evitaría cualesquiera objeciones o críticas en el futuro. Permitiría a todos los arquitectos del país participar en algo cuya importancia excede lo meramente local. No puede resolverse acerca de los predios que circundan la Casa (sin que ello implique abrir juicio sobre el proyecto en danza), sin darle un enfoque de mucha mayor amplitud. La protesta de los Colegios, que hemos publicado, así como las expresiones del representante de la Dirección Nacional de Arquitectura, están indicando la necesidad de modificar el criterio que parece vigente hasta ahora.
Para la realización del concurso, con los jurados adecuados, y para la construcción posterior de acuerdo al proyecto que resulte elegido, resulta sustancial el aporte de fondos del Gobierno federal. La Provincia no tiene capacidad económica, nos parece, para asumir toda esa tarea en el nivel deseable. El "status" que la Casa de la Independencia posee, de "monumento histórico nacional", es otro argumento a favor del concurso que sugiere el Colegio, con argumentos que no pueden sino compartirse.
La gestión de esos fondos ante la Nación debiera ser realizada por el Poder Ejecutivo, simultáneamente con nuestros diputados y senadores en el Congreso. Sin duda el Estado Nacional no retaceará su aporte a trabajos que, como lo decimos, superan largamente lo provinciano, por su intrínseca significación. A pesar de que no se trata de obras a efectuarse en el propio inmueble histórico, es sabida la importancia fundamental que los entornos tienen, para realzar -o para desnaturalizar- la construcción a la cual rodean. Se trata, pues, de una cuestión de suma importancia, en la cual no deben tomarse medidas inconsultas ni apresuradas, en ningún caso.







