Se renueva el ajuste

La palabra ajuste había quedado en el olvido o se había guardado en el cofre de los recuerdos del sector público. Al menos eso se observó en los años posdevaluación. Los Gobiernos (nacional y provinciales) habían prescindido de esta palabra para no irritar a los empleados públicos, ni a la población en general. Sin embargo, ese término podría recobrar fuerza sobre la base de dos hechos: la creciente inflación por la suba de los precios (minoristas y mayoristas) y por los compromisos de la deuda que tendrán, desde 2005, un fuerte impacto en la economía real.
La tasa de inflación anual del 15% prevista por el Poder Ejecutivo en la promulgada ley de Presupuesto de Tucumán para 2004 es un claro ejemplo de que este será un año duro para los bolsillos de los tucumanos, en general, y para los estatales, en particular. Las proyecciones oficiales están produciendo efectos negativos para los asalariados. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) dará a conocer hoy la tasa de inflación de marzo, que ya se vaticina será del 1%, la más alta de los últimos diez meses, según reconocen los economistas. Esto se debe a los primeros efectos que está generando en el consumo la suba de las tarifas de los servicios públicos privatizados y, en consonancia, la aceleración de los precios de algunos productos de la canasta familiar.
En el Gobierno se estima que en el segundo semestre se sentirá con mayor fuerza el reajuste inflacionario. A estas alturas cabe una pregunta: ¿alcanzarán al Estado los $ 1.349 millones de las erogaciones proyectadas para 2004? La respuesta admite dos interpretaciones. Si el Gobierno congela el gasto público, no habría inconvenientes. Esto, seguramente, implicará cerrarle la puerta a cualquier aumento salarial en el sector público y sostener la suba impositiva que se aplica desde inicios del año. El poder adquisitivo, por lo tanto, continuará en descenso.
La otra interpretación es política. Se refiere, fundamentalmente, a que si el Gobierno estará en condiciones de decir que no a cualquier planteo de ampliación de partidas presupuestarias a alguno de los tres poderes. Es sabido que lo que se proyecta de gasto al finalizar el ejercicio resulta insuficiente, por lo ejecutado durante el año. Como condicionante podría decirse que esta gestión asumió con las cargas de la anterior administración. Pero también es cierto que este 2004 podría convertirse en un impensado año electoral por la anunciada reforma de la Constitución provincial, que generaría un costo agregado al Estado por la elección de convencionales constituyentes. Esa convocatoria a comicios, sin embargo, no está incluida en el Presupuesto con la imputación de gastos respectiva.

La luz amarilla alperovichista
En su discurso anual de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador José Alperovich mencionó que el pago de los vencimientos de la deuda pública son como una luz amarilla para las finanzas provinciales.
Ese será otro de los factores que obligarán al Gobierno a efectuar una serie de ajustes fiscales. El Presupuesto vigente proyecta una economía anual (ahorro) de $ 24 millones para garantizar la meta superavitaria prometida a la Nación con el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO). Hasta ahora ese plan continuará hasta fines de año. Tucumán contaría con los $ 110 millones acordados con la administración nacional por el PFO. Pero hacia el temido 2005 se abre otro interrogante: ¿el Gobierno federal seguirá aportando dinero para cubrir el déficit de las provincias? La consultora Standard & Poor?s opinó que los acuerdos del PFO no establecen reglas claras para afrontar el pago a los acreedores. Si no hay una reestructuración de la deuda a 16 años, las complicaciones financieras se mantendrán, por lo menos, hasta el final de la actual gestión de gobierno provincial.