Sin novedad en el transporte

Como es sabido, el 31 de marzo último estaba previsto un paro del transporte urbano de pasajeros, por 24 horas. La medida se suspendió hasta el 13 de este mes, luego de tratativas llevadas a cabo entre el gremio y el Gobierno de la Provincia. En ellas, el Ejecutivo aceptó retirar de la Legislatura el proyecto de ley de reordenamiento del sector, que había presentado, para implementar en su reemplazo otro, que se elaboraría de forma consensuada.
No es necesario decir que la cuestión del transporte es en extremo importante para todos los aspectos de la vida de la población, que requiere que los colectivos circulen regularmente para el cumplimiento normal de todas sus actividades. Esto marca la necesidad de que se llegue, con carácter de urgencia, a una solución en ese rubro, que se presenta hoy tan complicado.
Resulta indudable que un problema clave, dentro de la temática, está dado por el transporte ilegal. Este ha llegado a adquirir, en nuestra provincia, dimensiones que parecían difíciles de imaginar hace pocos años. Ellas, lejos de aminorar, exhiben una resuelta tendencia al crecimiento. Muchas veces hemos tocado críticamente el punto, en este comentario.
Sucede que en lugar de enfrentar las cosas cuando se iniciaban, se ha preferido mirar al costado e ir dejando pasar el tiempo, mientras el fenómeno se incrementaba de modo exponencial. Ahora está instalado como una realidad de gran magnitud, que afecta seriamente -y no podía ser de otra manera- al transporte de pasajeros servido por empresas legalmente establecidas.
Así las cosas, es evidente que mientras no se ordene el tema del transporte trucho, no será posible avanzar en el reordenamiento que el Estado dice tener en mira para la cuestión general. Como lo hemos venido informando, las empresas aspiran a que el Gobierno las subsidie, dada la pérdida que les arroja su funcionamiento, con cada vez menos pasajeros, a causa del sistema paralelo de servicio.
Se ha anunciado que habrá una mesa de diálogo, donde podrán opinar todos los sectores interesados en el problema, a fin de consensuar la ley. Pero lo que no puede sino preocupar es que los días van pasando -ya han transcurrido seis desde que se suspendió la medida- sin que se sepa que el Gobierno haya avanzado en el diálogo y en el consenso. Es decir, no parecen haberse producido novedades desde el día en que se postergó la resolución gremial.
Opinamos que no debe demorarse por más tiempo el encarar la cuestión del modo concienzudo que, sin lugar a dudas, merece. Sería imprudente arriesgarnos a que se cumpla el término fijado y tengamos una huelga en un rubro como el que nos ocupa, y que significaría, como todos lo saben, la virtual paralización general de las actividades.
Debe reunirse con premura la mesa de diálogo, y deben plantearse allí los puntos de vista involucrados en el tema. Lo necesario es llegar a una solución realista, que solamente podrá acordarse en base a concesiones a cargo de todos, y teniendo en cuenta la trascendencia para la comunidad que reviste esa problemática. De ello se debe tomar plena conciencia.
Tucumán no puede continuar singularizada en el país por el desarrollo, en expansión, de una estructura de transporte no autorizado, que no solamente causa fuertes pérdidas económicas al sistema legal, sino que se cumple en condiciones que desafían francamente la seguridad que debe tener toda conducción de pasajeros en una ciudad civilizada. Es necesario, entonces, que esta temática reciba la consideración que merece y la consiguiente adopción de resoluciones. No puede seguir la demora.