11 Enero 2017
EN CAJAS. Un testigo reveló el llamativo traslado de recibos legislativos.
Las causas sobre los gastos sociales de la Legislatura siguen generando novedades procesales que incomodan al gobierno.
El juez a cargo de la feria en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz, le giró ayer un oficio al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para solicitarle que, por intermedio de quien corresponda, eleve un informe sobre “el efectivo y fiel” cumplimiento de la medida cautelar dictada en noviembre por los vocales de la Sala II de ese fuero, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello. Este tribunal, mediante esa decisión, le había ordenado al presidente de la Legislatura que estableciera un lugar específico para la inmovilización y el resguardo de los comprobantes relativos a los millonarios aportes en efectivo para supuestas personas necesitadas, entregados entre julio de 2015 y agosto de 2016.
Jaldo, en ese momento, resolvió devolver el oficio, alegando que ya había dictado una resolución interna designando al secretario del cuerpo legislativo, Claudio Antonio Pérez, como responsable de conservar esa documentación, considerada una prueba clave en varias causas judiciales que indagan sobre los fondos discrecionales de la Legislatura.
Ahora, el vicegobernador anticipó que enviará el informe requerido por Ruiz cuanto antes. “Vamos a cumplir con la respuesta en tiempo y forma, como hicimos siempre”, indicó Jaldo -que se encuentra a cargo del PE- en diálogo telefónico con este diario.
Más allá de la postura del vicegobernador, el oficio enviado por el juez de feria contiene una advertencia explícita: el informe debe ser girado antes de que se venzan los plazos legales (caducarían el miércoles próximo); de lo contrario, se remitirán las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de turno “para la investigación de la posible comisión del delito de desobediencia judicial”.
Planteo de un macrista
Esta disputa tribunalicia se desarrolla en el marco de la causa iniciada por el legislador Luis Brodersen (PRO-A), quien planteó una acción para que se declare la legalidad o constitucionalidad de los subsidios que otorga la Legislatura; entre ellos, los ya derogados gastos sociales.
El macrista había pedido a través de su abogado, Carlos Correa, que se considere como prueba la documentación respaldatoria de los recibos de los gastos sociales otorgados entre 2015 y 2016. Cuando el testigo Hernán Medina reveló que esos papeles habían sido llevados en cajas de cartón a un negocio de su propiedad, entre agosto y noviembre, la Sala II dictó -a pedido de Brodersen- una cautelar que ordenaba el resguardo de esos comprobantes. El tribunal además designó depositario judicial de esa evidencia a Jaldo. La Legislatura sin embargo devolvió el oficio con la orden judicial. Además, mediante sus representantes legales, insistió en las recusaciones de Novillo y de Giovanniello. El primero de ellos, según la estrategia oficial, tendría intereses políticos porque su hija, Alejandra Novillo, es asesora de la senadora radical Silvia Elías, “colega” de Brodersen en Cambiemos. El Poder Legislativo también consideró que la camarista Ebe López Piossek, quien rechazó el apartamiento de sus colegas, no debería haber entendido en la causa, dado que su hija había sido ascendida a relatora y trasladada a la Sala II del fuero contencioso por pedido de Novillo y de Giovanniello a la Corte Suprema.
Ayer, el oficio que firmó el juez de feria llegó a la sede legislativa. La intención de las autoridades sería contestarlo cuanto antes, aclarando que el secretario Pérez es responsable por los recibos.
Brodersen, en tanto, cargó contra el ex gobernador José Alperovich, contra el gobernador Juan Manzur y contra Jaldo. “Durante 12 años hicieron lo que quisieron en la provincia. A la luz de lo que se sabe ahora, sobre el recibo en blanco firmado por un enfermero de ATSA, temo que en las cajas que oculta la Legislatura haya más papeles así”, dijo el macrista.
El juez a cargo de la feria en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz, le giró ayer un oficio al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para solicitarle que, por intermedio de quien corresponda, eleve un informe sobre “el efectivo y fiel” cumplimiento de la medida cautelar dictada en noviembre por los vocales de la Sala II de ese fuero, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello. Este tribunal, mediante esa decisión, le había ordenado al presidente de la Legislatura que estableciera un lugar específico para la inmovilización y el resguardo de los comprobantes relativos a los millonarios aportes en efectivo para supuestas personas necesitadas, entregados entre julio de 2015 y agosto de 2016.
Jaldo, en ese momento, resolvió devolver el oficio, alegando que ya había dictado una resolución interna designando al secretario del cuerpo legislativo, Claudio Antonio Pérez, como responsable de conservar esa documentación, considerada una prueba clave en varias causas judiciales que indagan sobre los fondos discrecionales de la Legislatura.
Ahora, el vicegobernador anticipó que enviará el informe requerido por Ruiz cuanto antes. “Vamos a cumplir con la respuesta en tiempo y forma, como hicimos siempre”, indicó Jaldo -que se encuentra a cargo del PE- en diálogo telefónico con este diario.
Más allá de la postura del vicegobernador, el oficio enviado por el juez de feria contiene una advertencia explícita: el informe debe ser girado antes de que se venzan los plazos legales (caducarían el miércoles próximo); de lo contrario, se remitirán las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de turno “para la investigación de la posible comisión del delito de desobediencia judicial”.
Planteo de un macrista
Esta disputa tribunalicia se desarrolla en el marco de la causa iniciada por el legislador Luis Brodersen (PRO-A), quien planteó una acción para que se declare la legalidad o constitucionalidad de los subsidios que otorga la Legislatura; entre ellos, los ya derogados gastos sociales.
El macrista había pedido a través de su abogado, Carlos Correa, que se considere como prueba la documentación respaldatoria de los recibos de los gastos sociales otorgados entre 2015 y 2016. Cuando el testigo Hernán Medina reveló que esos papeles habían sido llevados en cajas de cartón a un negocio de su propiedad, entre agosto y noviembre, la Sala II dictó -a pedido de Brodersen- una cautelar que ordenaba el resguardo de esos comprobantes. El tribunal además designó depositario judicial de esa evidencia a Jaldo. La Legislatura sin embargo devolvió el oficio con la orden judicial. Además, mediante sus representantes legales, insistió en las recusaciones de Novillo y de Giovanniello. El primero de ellos, según la estrategia oficial, tendría intereses políticos porque su hija, Alejandra Novillo, es asesora de la senadora radical Silvia Elías, “colega” de Brodersen en Cambiemos. El Poder Legislativo también consideró que la camarista Ebe López Piossek, quien rechazó el apartamiento de sus colegas, no debería haber entendido en la causa, dado que su hija había sido ascendida a relatora y trasladada a la Sala II del fuero contencioso por pedido de Novillo y de Giovanniello a la Corte Suprema.
Ayer, el oficio que firmó el juez de feria llegó a la sede legislativa. La intención de las autoridades sería contestarlo cuanto antes, aclarando que el secretario Pérez es responsable por los recibos.
Brodersen, en tanto, cargó contra el ex gobernador José Alperovich, contra el gobernador Juan Manzur y contra Jaldo. “Durante 12 años hicieron lo que quisieron en la provincia. A la luz de lo que se sabe ahora, sobre el recibo en blanco firmado por un enfermero de ATSA, temo que en las cajas que oculta la Legislatura haya más papeles así”, dijo el macrista.
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