08 Enero 2017
PRESIÓN FISCAL. Los pequeños contribuyentes son los más afectados. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
Nuestra organización política se asienta en un sistema de gobierno federal, donde coexisten tres niveles de gobierno: la Nación, las provincias y los municipios. Todos ellos con competencias y funciones propias. El sistema de generación de ingresos de recursos de naturaleza tributaria, también presenta características particulares y goza de un nivel de autonomía relativo, que permite a cada unidad de gobierno diseñar sus esquemas recaudatorios y de presión fiscal acordes a sus necesidades.
En este punto es necesario formular dos aclaraciones previas. Señalamos que la autonomía es relativa por cuanto nuestra Constitución Nacional tiene implementado, al decir de nuestra Corte Suprema, un “federalismo de concertación”, que requiere la conexión y coordinación entre las distintas esferas gubernamentales. Por eso, en materia tributaria, existen leyes y convenios que determinan facultades legislativas, se firman pactos fiscales, etcétera.
Lamentablemente las desviaciones prácticas de esta conceptualización son grandes y hoy el sistema de “coordinación” es más una expresión de deseo que una realidad. Si bien la Corte Suprema va poniendo límites con distintas sentencias ejemplificadoras, la velocidad de respuesta de la Justicia es demasiado lenta y limitada generalmente a contribuyentes con más posibilidades de afrontar largos litigios, que en general no son las PyME ni los pequeños contribuyentes particulares. Con el agravante de que los organismos de recaudación hacen caso omiso al criterio de la Corte para otros contribuyentes y la solución judicial solo termina siendo aplicable a un caso concreto. Un verdadero atropello del funcionario público en desmedro de sus mandantes los ciudadanos, que aún no se ha podido corregir. Una deuda más de la política con mayúsculas.
El segundo punto a aclarar es que las necesidades recaudatorias, que sustentan un gasto público desmesurado, hacen que cada jurisdicción se preocupe por su interés, olvidando la contraparte, que es el contribuyente, quien es “tironeado y hasta esquilmado” por los distintos niveles de gobierno. Esto hace que nuestro sistema fiscal ea caótico. A todo esto se suma una concepción que parte de la premisa de que el ciudadano es quien debe estar al servicio del funcionario público, poniendo en cabeza de las empresas en general cargas de administración propias del gobierno.
Recientemente se han notado algunas medidas del gobierno central en vistas a mejorar estos dos aspectos (reducción de la presión tributaria y, con poca fuerza aún, simplificación del Estado), que solo algunas provincias -tibiamente- han comenzado a aplicar. Esperemos que Tucumán se sume prontamente a esta lista.
En este contexto y a pesar de todas las críticas que exigen mejorar la relación del fisco con los contribuyentes, es imprescindible que se haga un uso inteligente de este sistema recaudatorio.
En estos momentos se encuentra vigente un blanqueo y moratoria lanzada por el gobierno central. Con fecha 31 de diciembre ha vencido una etapa muy importante de régimen de blanqueo, al cual la provincia ha adherido.
Si bien el blanqueo o régimen de sinceramiento se mantiene hasta el 31 de marzo, seguramente comenzamos una importante etapa, hasta esa fecha, destinada a la utilización de la “moratoria nacional”, que hasta la fecha había quedado un poco relegada. Es fundamental que tanto la provincia, como la Municipalidad, generen mecanismos de facilidades de pago, con similares beneficios, para quienes efectúen la regularización nacional. Esta será un decisión inteligente porque favorecerá regularizaciones (para todos los niveles de gobierno coordinadamente) y permitirá generar recursos que de otra manera no se perciben.
No actuar de esta manera solo puede provocar un desaliento a las empresas para regularizar sus impuestos nacionales (que generan consecuencias en impuestos provinciales y municipales), con lo que se atenta con el nivel de coordinación que debe existir.
Y no hacerlo, pensando que eso generará aún mayores ingresos vía intereses y sanciones, demuestra una “mirada o pensamiento pequeño”, de las autoridades fiscales provinciales y municipales competentes.
En este punto es necesario formular dos aclaraciones previas. Señalamos que la autonomía es relativa por cuanto nuestra Constitución Nacional tiene implementado, al decir de nuestra Corte Suprema, un “federalismo de concertación”, que requiere la conexión y coordinación entre las distintas esferas gubernamentales. Por eso, en materia tributaria, existen leyes y convenios que determinan facultades legislativas, se firman pactos fiscales, etcétera.
Lamentablemente las desviaciones prácticas de esta conceptualización son grandes y hoy el sistema de “coordinación” es más una expresión de deseo que una realidad. Si bien la Corte Suprema va poniendo límites con distintas sentencias ejemplificadoras, la velocidad de respuesta de la Justicia es demasiado lenta y limitada generalmente a contribuyentes con más posibilidades de afrontar largos litigios, que en general no son las PyME ni los pequeños contribuyentes particulares. Con el agravante de que los organismos de recaudación hacen caso omiso al criterio de la Corte para otros contribuyentes y la solución judicial solo termina siendo aplicable a un caso concreto. Un verdadero atropello del funcionario público en desmedro de sus mandantes los ciudadanos, que aún no se ha podido corregir. Una deuda más de la política con mayúsculas.
El segundo punto a aclarar es que las necesidades recaudatorias, que sustentan un gasto público desmesurado, hacen que cada jurisdicción se preocupe por su interés, olvidando la contraparte, que es el contribuyente, quien es “tironeado y hasta esquilmado” por los distintos niveles de gobierno. Esto hace que nuestro sistema fiscal ea caótico. A todo esto se suma una concepción que parte de la premisa de que el ciudadano es quien debe estar al servicio del funcionario público, poniendo en cabeza de las empresas en general cargas de administración propias del gobierno.
Recientemente se han notado algunas medidas del gobierno central en vistas a mejorar estos dos aspectos (reducción de la presión tributaria y, con poca fuerza aún, simplificación del Estado), que solo algunas provincias -tibiamente- han comenzado a aplicar. Esperemos que Tucumán se sume prontamente a esta lista.
En este contexto y a pesar de todas las críticas que exigen mejorar la relación del fisco con los contribuyentes, es imprescindible que se haga un uso inteligente de este sistema recaudatorio.
En estos momentos se encuentra vigente un blanqueo y moratoria lanzada por el gobierno central. Con fecha 31 de diciembre ha vencido una etapa muy importante de régimen de blanqueo, al cual la provincia ha adherido.
Si bien el blanqueo o régimen de sinceramiento se mantiene hasta el 31 de marzo, seguramente comenzamos una importante etapa, hasta esa fecha, destinada a la utilización de la “moratoria nacional”, que hasta la fecha había quedado un poco relegada. Es fundamental que tanto la provincia, como la Municipalidad, generen mecanismos de facilidades de pago, con similares beneficios, para quienes efectúen la regularización nacional. Esta será un decisión inteligente porque favorecerá regularizaciones (para todos los niveles de gobierno coordinadamente) y permitirá generar recursos que de otra manera no se perciben.
No actuar de esta manera solo puede provocar un desaliento a las empresas para regularizar sus impuestos nacionales (que generan consecuencias en impuestos provinciales y municipales), con lo que se atenta con el nivel de coordinación que debe existir.
Y no hacerlo, pensando que eso generará aún mayores ingresos vía intereses y sanciones, demuestra una “mirada o pensamiento pequeño”, de las autoridades fiscales provinciales y municipales competentes.
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