“Nunca voté, nunca tuve tarjeta de crédito, nunca viajé”

Sandra Barraza es y no es al mismo tiempo. Desde hace años lucha por la identidad que perdió el día en el que registraron su defunción. En silencio escucha cómo su letrada, María de los Ángeles Gutiérrez, relata las peripecias burocráticas que ha pasado sin lograr, todavía, obtener el DNI “físico” (porque número tiene). “Nunca voté, nunca tuve tarjeta de crédito, nunca viajé”, confirma con las palabras mínimas. Su preocupación más urgente, en lo inmediato, es acceder a los salarios depositados en el banco. Para ello pleitea en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El tiempo le jugó y le juega en contra. “Ayúdenme, por favor”, implora.

La historia de telenovela de Barraza está en conocimiento de las autoridades del Estado. El 23 de noviembre, la mujer “indocumentada-fallecida” remitió una nota desesperada a Erica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de la provincia -la funcionaria no pudo ser ubicada ayer-. En ese texto dice que creció en el hogar de sus padres, Roberto Orlando Barraza y Graciela del Valle Herrera, ignorando que estaba muerta para el Registro Civil. “Me anotaron en la Escuela Provincial 301 ‘La Banderita’ (calle Mateo al 100 de Villa Alem), donde cursé hasta el sexto grado”, indica. Barraza, la mayor de cinco hermanos, explica que dejó los estudios para ayudar al sostenimiento de su casa de humilde condición. “Mi padre trabajó hasta su fallecimiento como changador en el Mercado de Abasto y mi madre fue siempre ama de casa: ahora es titular de un plan social”, añade.

La tirilla de documento nacional de identidad en trámite obtenida al cumplir los 16 años le permitió “manejarse” con mayor o menor suerte en los lugares donde le exigían una identificación. Denuncia: “mientras tanto, iba continuamente al Registro Civil a reclamar el documento, donde nunca me aclaraban la razón de la demora. Sólo me decían que volviese de nuevo. Y entre esas idas y venidas, trabé una relación amorosa con Martín Antonio Brizuela, changarín en el Mercofrut, y me fui a vivir con él”. Como consecuencia del nacimiento de la cuarta hija de la pareja, Barraza se enteró que estaba muerta.

Lesión sin allanamiento

La nota enviada a Brunotto detalla las vicisitudes de los procesos judiciales promovidos desde 2004 -con beneficio para litigar sin gastos- con el fin de anotar a los niños (Juzgado de Familia y Sucesiones N°2) y de recuperar la identidad. Este último proceso pasó por los fueros de familia y civil hasta terminar en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en virtud de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitida en 2012. Barraza asegura que el Estado planteó que el derecho a reclamar había prescripto. “Pero el derecho a la identidad es imprescriptible”, afirma. A posteriori y en una audiencia, los abogados del Estado se negaron a allanarse alegando que ello requería un decreto del gobernador (Juan Manzur) y que no había posibilidad de obtenerlo.

Frente a ello, Barraza replica: “el Estado Argentino lesiona mis derechos humanos: carezco de identidad; no tengo documento; no pude ejercer mis derechos cívicos; no pude reconocer a dos de mis cinco hijos; no puedo percibir haberes desde octubre, cuando bancarizaron el pago de los salarios; no cobro asignaciones familiares; no puedo viajar, y no tengo acceso a una justicia rápida y eficaz: hace más de nueve años que inicié la acción de redargución de falsedad del acta de defunción y aún no se abrió a prueba. Por sobre todas las cosas, me encuentro fallecida según el Registro Civil”.