La Corte repudió la “indebida conducta” del fiscal Gómez

“La actitud del fiscal general federal Gustavo Gómez violenta severamente el sistema republicano y federal consagrado en nuestra Constitución Nacional, pues implica la intromisión de un funcionario incompetente para abordar temáticas que son de exclusivo resorte del Poder Judicial de Tucumán”, cuestionaron los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Con esas expresiones, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse respondieron las quejas presentadas por el fiscal de Instrucción Diego López Ávila, en el marco de la investigación de la muerte del sacerdote Juan Viroche.

López Ávila había elevado un oficio a la Corte para pedir que se analizara la actuación de Gómez en el caso. Se debía a que desde el mismo miércoles 5 de octubre, cuando el cuerpo del sacerdote fue hallado colgado dentro de la parroquia Nuestra Señora del Valle de La Florida, el fiscal federal concedió entrevistas a varios medios de comunicación a nivel nacional. Y en todas esas apariciones públicas aseguró que Viroche había sido víctima de un crimen mafioso.

Gómez había realizado esas declaraciones siempre por la vía telefónica ya que se encontraba fuera de la provincia, por lo que ni siquiera había tenido contacto con el expediente. Días después, y ante la posibilidad de ser citado a declarar como testigo, decidió presentar un escrito para explicar su postura sobre el tema. En ese texto reconoció que llegó a la conclusión del “crimen mafioso” por los dichos de un sacerdote a través de un mensaje de WhastApp.

“Afirmó que el padre Juan habría sido hallado golpeado dentro de su departamento y formuló reiteradas críticas hacia este Poder Judicial y hacia la investigación misma que este Ministerio Público se encuentra practicando, pese a desconocer absolutamente todas las constancias del presente expediente y las circunstancias que rodearon el lamentable fallecimiento del párroco”, había despotricado López Ávila.

“Irresponsable”

Al analizar ese pedido, los jueces de la Corte revisaron las declaraciones vertidas por Gómez en distintos medios de comunicación y consideraron que las mismas no hicieron más que “ensombrecer” la investigación del caso, “pudiendo generar irresponsablemente un clima de conmoción social”.

De esa manera, llegaron a la conclusión de que “las expresiones vertidas por el fiscal general federal constituyen meras hipótesis que carecen de rigor porque él mismo reconoce de manera expresa no haber estado en la provincia cuando aconteció el hecho investigado y haber actuado impulsivamente por la indignación que le produjo leer que se trataría de un suicidio”.

Por esos motivos, resolvieron rechazar la “indebida conducta” adoptada por Gómez en torno al caso y notificar el contenido de lo resuelto a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.