Por Abrehu Carlos
13 Noviembre 2016
El discurso que Carlos Menem desplegó a partir de julio de 1989 caló hondo en la sociedad argentina y convulsionó especialmente al peronismo. Desde la Casa Rosada se empezó a hablar de la solución de la cuestión militar.
El sacudón ideológico que implicó la Reforma del Estado se sintió rápidamente en Tucumán, donde Luis Roberto Castro, titular de la Cámara de Diputados, deslizó el concepto de privatización de activos estatales.
Durante agosto del 89, el riojano insistió en la instalación de su estrategia de pacificación. Sin revelar el momento exacto de las definiciones. Insinuó que dejaría sin efecto las sanciones aplicadas por el gobierno de Raúl Alfonsín.
Propuesta y rechazo
La reconciliación de los argentinos no pasa sólo por un decreto sino que es una tarea de todos los días, decía el ripojano en Mendoza.
El 11 de agosto, Menem dialogó con Alfonsín respecto del espinoso problema. El ex presidente radical le manifestó su rechazo al proyecto menemista de pésimo antecedente calificó el indulto a los militares carapintadas y que en el caso d las ex juntas de comandantes procesistas se lesiona el orden jurídico. Menem, no obstante, persistió en su estrategia. Así, el 17 de agosto, el jefe de Estado proclamó enfáticamente que ha comenzado la era de la reconciliación.
Los ecos del debate se percibieron en Tucumán, cuando el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Emilio Calabresi, llegó para la celebración de los 25 años del obispado de Concepción. El dignatario eclesiástico descartó una misa de la reconciliación, porque los sectores enfrentados no estaban amigados entre sí. Remarcó, sin embargo, que desde la visita de Juan Pablo II al país, la Iglesia abogaba por la reconciliación de todos los argentinos.
Menem resolvió el problema tiempo después con un doble juego de indultos: el 7 de octubre y el 29 de diciembre de 1990.
Los nuevos tiempos
Un avance de lo que sería el nuevo tiempo político lo constituyó la severa advertencia del ministro de Economía, Néstor Rapanelli, a los gobernadores, formulada en una audiencia del 18. Les dijo que las provincias debían autofinanciarse, a lo que Antonio Cafiero (Buenos Aires) respondió que no era políticamente posible por el tenso ambiente social que reinaba en los distintos estados provinciales.
Por esos días, los estatales tucumanos protestaron reclamando aumentos de salarios. Las quejas se adueñaron de la plaza Independencia y de los pasillos de la Casa de Gobierno. En un trabajo publicado por la Fundación del Tucumán se estudiaba el panorama fiscal de la provincia, a la luz de la nueva política económica. La FT planteaba que la solución de la crisis económica requería rectificar el camino andado en materia de finanzas pública , a la vez que advertía acerca de la vigencia de un plazo de 90 días para sanear las cuentas públicas. Indicaba en ese sentido, que el déficit de los números había crecido más desde 1984.
Gasto innecesario
En ese contexto, Castro se plegó a la idea fundamental de la Reforma del Estado, que ya regía en el país. Una de las premisas de esa legislación apuntaba a la venta de entes estatales deficitarios.
Castro, presidente de Diputados, afirmaba el 20 de agosto que el Estado debía reestructurarse, pivatizando todo lo que genera gastos improductivos. Recomendaba alentar la participación de capitales privados en la concreción de proyectos como el dique Potreo del Clavillo.
El sindicato de Obras Sanitarias rechazó la privatización del servicio de agua potable y cloacas. La suerte de Dipos se discutía. El traspaso a manos privadas de Dipos debió esperar hasta la década siguiente, en el gobierno de Ortega.
El sacudón ideológico que implicó la Reforma del Estado se sintió rápidamente en Tucumán, donde Luis Roberto Castro, titular de la Cámara de Diputados, deslizó el concepto de privatización de activos estatales.
Durante agosto del 89, el riojano insistió en la instalación de su estrategia de pacificación. Sin revelar el momento exacto de las definiciones. Insinuó que dejaría sin efecto las sanciones aplicadas por el gobierno de Raúl Alfonsín.
Propuesta y rechazo
La reconciliación de los argentinos no pasa sólo por un decreto sino que es una tarea de todos los días, decía el ripojano en Mendoza.
El 11 de agosto, Menem dialogó con Alfonsín respecto del espinoso problema. El ex presidente radical le manifestó su rechazo al proyecto menemista de pésimo antecedente calificó el indulto a los militares carapintadas y que en el caso d las ex juntas de comandantes procesistas se lesiona el orden jurídico. Menem, no obstante, persistió en su estrategia. Así, el 17 de agosto, el jefe de Estado proclamó enfáticamente que ha comenzado la era de la reconciliación.
Los ecos del debate se percibieron en Tucumán, cuando el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Emilio Calabresi, llegó para la celebración de los 25 años del obispado de Concepción. El dignatario eclesiástico descartó una misa de la reconciliación, porque los sectores enfrentados no estaban amigados entre sí. Remarcó, sin embargo, que desde la visita de Juan Pablo II al país, la Iglesia abogaba por la reconciliación de todos los argentinos.
Menem resolvió el problema tiempo después con un doble juego de indultos: el 7 de octubre y el 29 de diciembre de 1990.
Los nuevos tiempos
Un avance de lo que sería el nuevo tiempo político lo constituyó la severa advertencia del ministro de Economía, Néstor Rapanelli, a los gobernadores, formulada en una audiencia del 18. Les dijo que las provincias debían autofinanciarse, a lo que Antonio Cafiero (Buenos Aires) respondió que no era políticamente posible por el tenso ambiente social que reinaba en los distintos estados provinciales.
Por esos días, los estatales tucumanos protestaron reclamando aumentos de salarios. Las quejas se adueñaron de la plaza Independencia y de los pasillos de la Casa de Gobierno. En un trabajo publicado por la Fundación del Tucumán se estudiaba el panorama fiscal de la provincia, a la luz de la nueva política económica. La FT planteaba que la solución de la crisis económica requería rectificar el camino andado en materia de finanzas pública , a la vez que advertía acerca de la vigencia de un plazo de 90 días para sanear las cuentas públicas. Indicaba en ese sentido, que el déficit de los números había crecido más desde 1984.
Gasto innecesario
En ese contexto, Castro se plegó a la idea fundamental de la Reforma del Estado, que ya regía en el país. Una de las premisas de esa legislación apuntaba a la venta de entes estatales deficitarios.
Castro, presidente de Diputados, afirmaba el 20 de agosto que el Estado debía reestructurarse, pivatizando todo lo que genera gastos improductivos. Recomendaba alentar la participación de capitales privados en la concreción de proyectos como el dique Potreo del Clavillo.
El sindicato de Obras Sanitarias rechazó la privatización del servicio de agua potable y cloacas. La suerte de Dipos se discutía. El traspaso a manos privadas de Dipos debió esperar hasta la década siguiente, en el gobierno de Ortega.
Lo más popular
