Ocho distritos repudian a Avruj

Secretarios y funcionarios de las áreas de Derechos Humanos de nueve provincias criticaron duramente el informe de un organismo gubernamental que consigna que son 6.348 los desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).

“El Gobierno de (Mauricio) Macri manipula y niega la cifra de los desaparecidos para pulverizar la política de derechos humanos, desfinanciando programas, enfriando la intensidad de los juicios de lesa humanidad y, en definitiva, quedando bien con sus socios económicos, que fueron los mismos socios de la dictadura genocida”, fustigaron las autoridades.

Los firmantes son Érica Brunotto (Tucumán); Lilia Marchesini, Ramón Vázquez y Graciela Leyes (Misiones); Hugo Figueroa (Santiago del Estero); Juan Carlos Goya y Silvia Robles (Chaco); Horacio Pietragalla (Santa Cruz); Delfor Brizuela (La Rioja); Matías Germano (Entre Ríos); y Hernán Velárdez Vaca (Catamarca).

“Ya siendo presidente, Macri negó el terrorismo de Estado con la expresión falaz, equívoca y deliberada de ‘guerra sucia’. Ahora insisten con este planteo negacionista. Reinstalar la discusión del número de desaparecidos es justificar el desmantelamiento creciente y sostenido de las políticas de Memoria,Verdad y Justicia”, insistieron.

Organismos de Derechos Humanos también rechazaron los números oficiales. “Son inventos de mentes enfermas de rencor negando el genocidio de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Las pruebas irrefutables se encuentran en los campos de exterminio como fueron la Escuelita de Famaillá, el Arsenal o el Pozo de Vargas. Las falaces declaraciones de (Claudio) Avruj y de (Ricardo) Bussi responden a una política de provocación y negación. Pretenden desplazar la memoria por el olvido y la confusión”, concluyeron Mabel Montero (Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de Tucumán), Virginia Sosa (Familiares de Desaparecidos de Tucumán), Augusto Medina (Hijos del interior) y Alejandra Ferreyra (hija de desaparecidos), entre otros.

“Certera”

“El número de 30.000 sabíamos que era una gran mentira. La Conadep había hecho una lista de 8.900. Según (Martín) Caparrós, periodista y ex guerrillero, es un número que se usó para conseguir fondos en Europa y hacer negocios con las indemnizaciones”, afirmó ayer el edil Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), hijo del represor Antonio Domingo Bussi. Afirmó que ahora que la Nación reconoció una cifra “certera”, deberían darse a conocer los listados de quienes percibieron indemnizaciones y los montos y la nómina de “víctimas del accionar subversivo”. “Es espantoso y lamentable que haya un desaparecido, pero no es lo mismo buscar a 30.000 que a 6.000. No entiendo que (Estela) de Carlotto se enoje”, aseguró.