El informe registra 698 desaparecidos en esta provincia

El informe del Gobierno que sostiene que son 6.348 los desaparecidos durante la dictadura (1976-1983) reavivó los cruces por la cifra específica. Sucede que el número dista de los 30.000, estimación y símbolo reconocido por los organismos de derechos humanos.

El documento, que lleva la firma del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, fue dado a conocer por un pedido de información realizado por la ONG Ciudadanos Libres. Los datos son del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), organismo del Ministerio de Justicia.

En el documento completo (publicado en www.jus.gob.ar) hay estadísticas desagregadas sobre las provincias. Detalla que de las 7.650 víctimas (de la década 1973-1983) de las que se tienen datos de nacimiento, 698 son tucumanos. El distrito se ubica cuarto detrás de la Capital Federal y de Buenos Aires y Córdoba. “En relación a la población total de cada provincia Tucumán concentra el mayor porcentaje relativo, con el 0,09%”, afirma.

Por otro lado, da cuenta de que funcionaron 61 centros clandestinos de detención o “puntos de apoyo” (lugares eventuales de reclusión ilegal). Sólo supera esa cifra Buenos Aires, con 239. Además de en dependencias militares y policiales, fueron instalados en escuelas, comisarías, hospitales y establecimientos privados. La Escuelita de Famaillá está consignada como el primer centro del país. En las estimaciones de organismos los centros de detención suman 80.

Cruces y repudios

Las repercusiones del informe fueron inmediatas en el ámbito político y de los organismos. El concejal Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), hijo del represor Antonio Domingo Bussi, usó su cuenta de Twitter para expresar su postura. “Número de desaparecidos: 6.348. Muy lejos de los 30.000. Y sin embargo, Carlotto se enoja, en lugar de estar feliz... no entiendo...”, escribió. El diputado Federico Masso (Libres del Sur) le respondió, por el mismo medio. “Sería bueno que @ricardobussi nos diga a los tucumanos cuántos de la cifra ‘oficial’ hizo desaparecer su padre. El Terrorismo de Estado no fue un problema de números”, manifestó.

Marta Rondoletto, de la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, consideró que discutir las cifras es ocultar la acción de victimización que produjo el terrorismo de Estado. “El Gobierno no tiene cómo justificar otras problemáticas y saca esto de la cantidad. Primero fue Darío Lopérfido y ahora, Avruj. Creemos que la cifra nunca se va a poder establecer. Cuando se comenzó a construir el número de 30.000 no se tenía toda la información que ahora sí manejamos. Es una construcción social e histórica que tiene una carga simbólica que da cuenta de la práctica represiva”, consignó. Añadió que los casos locales abarcan también los del Operativo Independencia (1975), donde se produjeron desapariciones que salen a la luz en el juicio por la megacausa. Además, añadió la cantidad de desaparecidos que fueron identificados en el Pozo de Vargas (supera la centena).

“Primero los desaparecidos ‘no existían’, eran ‘una entelequia’ o ‘estaban en Europa’; después ‘eran desaparecidos, pero no inocentes’ y ahora ‘no fueron tantos...’”, advirtió Hijos en un comunicado. Caracterizó como grave y lamentable la posición del Gobierno. “Ni la justificación ni el negacionismo son nuevos. Son los únicos argumentos que tienen los genocidas. Lo peligroso es ver cómo Avruj, y por ende el Estado, reproduce los mismos argumentos. Vergonzoso”, lamentó. Explicó que la imposibilidad de estimar una cifra es por la impunidad de los responsables. “En 1978, EEUU afirmaba, por informes del Gobierno de facto, que la cifra ya ascendía a 22.000. Los números que se pudieron conseguir fueron gracias a la búsqueda y la lucha de los organismos”, reivindicó. Consignó que en la unidad fiscal de Crímenes contra la Humanidad se recibieron entre 2014- 2015 cerca de 300 denuncias nuevas. “Pretender relativizar la cifra tiene un fin: la impunidad”, concluyó.

"Elaboran un registro de víctimas locales"

“Discutir el número es una reivindicación del terrorismo de Estado y vamos a repudiar cualquiera que se haga, sea hecha por cualquier persona. En la Provincia, ‘Memoria, verdad y Justicia’ es una política de Estado. El número que sostenemos es el de 30.000 y no es discutible”, afirmó ayer de manera tajante la secretaria de Derechos Humanos local, Érica Brunotto. Adelantó que su área trabaja en un registro de casos locales y que esperan tener un número de víctimas estimado a fin de año. “Pedimos informes a la Justicia Federal y al Archivo de la Memoria; tenemos nuestro registro y en el área de Memoria estamos haciendo el listado. Independientemente de esto, sólo por el centro clandestino de La Escuelita pasaron entre 2.000 y 3.000 víctimas de toda la región”, graficó.

Advirtió que durante las actividades de la Secretaría, como las de concientización sobre el alcance del Operativo Independencia en la provincia o las campañas para la recolección de muestras de sangre para la identificación de restos óseos, aparecen permanentemente personas que denuncian por primera vez. Dan cuenta tanto de los delitos que sufrieron o de la desaparición de familiares.

“Una provocación”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró como “una provocación y una persecución muy desagradable” el informe oficial que difundió el Gobierno en el que afirma que fueron 6.348 los desaparecidos durante la última Dictadura.

“Fue una noticia muy desagradable. En vez de investigar cuántos son, que nos ayuden a encontrar los cuerpos y a nuestros nietos”, sentenció Carlotto, tras el informe que dio a conocer la Secretaría de Derechos Humanos que está a cargo de Claudio Avruj.

La referente en la lucha por los derechos humanos explicó que el emblemático número de 30.000 desaparecidos “es una cifra estimativa, y se hace en base a lo que se ha recogido en cada lugar” .

Recordó que todavía se enteran de niños cuyas desapariciones no fueron informadas o los embarazos de sus madres, reportados.

“Esto es una provocación, una persecución; es muy desagradable darle respuesta a un grupo desconocido de abogados que le piden información sin una justa demanda”, cuestionó.