01 Septiembre 2016
20 días después de la fuga de un preso de los Tribunales Federales, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán se mostró alarmada por la seguridad en los pasillos de ese palacio y exigió la presencia de más efectivos allí en todo momento para cuidar con “extremo celo” al edificio y a las personas que trabajan en él.
“Este Tribunal viene advirtiendo a los señores responsables a cargo de las fuerzas de la seguridad, respecto de la importancia y el cuidado que deberían tener los miembros asignados a la custodia de este edificio, ya que en este Palacio, que es sede de dos Juzgados Federales, tres Fiscalías y una Defensoría, existe un movimiento intenso de detenidos y demás involucrados en causas judiciales”, advirtieron en una resolución el presidente de la Cámara Ernesto Wayar y los vicepresidentes Marina Cossio y Ricardo San Juan. El cuarto integrante, el vocal decano Raúl Mender, se encuentra con pedido de licencia. Los jueces también recordaron que en Tribunales hay elementos secuestrados -como droga y armas- y además se llevan adelante causas de lesa humanidad “que se dieron a conocer como las más importantes del país”.
Antecedente inmediato
Uno de los detonantes del documento de la Cámara de Apelaciones fue la fuga que ocurrió en el edificio durante la madrugada del 9 de agosto. Ese día, un hombre que llevaba un mes alojado allí por venta de drogas en El Provincial, salió de su calabozo y tomó dos armas de fuego y un equipo de comunicación de fuerzal. Luego bajó hasta el segundo subsuelo y salió por la cochera. Al ver a dos efectivos de la Guardia Urbana, soltó las armas y huyó. Fue detenido por personal de la División de Drogas Peligrosas al mando de Jorge Luján y Rubén Hernández.
Los jueces también recriminaron el accionar de los policías luego de su fuga. “No conforme con ello, se tuvo que iniciar una causa por apremio ilegales realizado al único detenido que decidió no escaparse constatados por los médicos forenses”, explicaron.
La Cámara de Apelaciones hizo referencia a este hecho en la primera parte de su acordada y lo calificó como “lamentable”. Para los jueces, se trató de una consecuencia de una “serie de situaciones que los responsables de la Policía Federal conocían de antemano”.
La fuga le sirvió de ejemplo al Tribunal para desnudar la situación de la custodia de los presos en el lugar. “Solicitamos a las autoridades a cargo de la Policía Federal Argentina Unidad Regional Tucumán que arbitren los medios para que se destine el personal suficiente que garantice la custodia requerida. Hasta el día de los hechos -el documento fue firmado el lunes- sólo se contó con tres o cuatro efectivos de la guardia en todo el edificio. Los presos eran ‘los únicos custodios de sí mismos’”, denunciaron.
Los camaristas también se mostraron sorprendidos porque a meses de la creación de Dependencia Regional Tucumán, se ordenó el traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del comisario Gustavo Medrano, el único especialista en explosivos que la fuerza tenía en toda la región.
“Ordenamos a los señores jefes de la dependencia de la Policía Federal el extremo celo y cuidado de las sedes de este palacio y de los jueces, fiscales, funcionarios y personas que se desempeñan en el edificio”, sostuvieron en el documento.
En el documento, al que LA GACETA tuvo acceso, expresaron que la resolución sea enviada al jefe de la fuerza, comisario general Néstor Roncaglia para que arbitre todos los medios para que se cumpla con todo lo solicitado en la acordada que realizaron los magistrados.
“Este Tribunal viene advirtiendo a los señores responsables a cargo de las fuerzas de la seguridad, respecto de la importancia y el cuidado que deberían tener los miembros asignados a la custodia de este edificio, ya que en este Palacio, que es sede de dos Juzgados Federales, tres Fiscalías y una Defensoría, existe un movimiento intenso de detenidos y demás involucrados en causas judiciales”, advirtieron en una resolución el presidente de la Cámara Ernesto Wayar y los vicepresidentes Marina Cossio y Ricardo San Juan. El cuarto integrante, el vocal decano Raúl Mender, se encuentra con pedido de licencia. Los jueces también recordaron que en Tribunales hay elementos secuestrados -como droga y armas- y además se llevan adelante causas de lesa humanidad “que se dieron a conocer como las más importantes del país”.
Antecedente inmediato
Uno de los detonantes del documento de la Cámara de Apelaciones fue la fuga que ocurrió en el edificio durante la madrugada del 9 de agosto. Ese día, un hombre que llevaba un mes alojado allí por venta de drogas en El Provincial, salió de su calabozo y tomó dos armas de fuego y un equipo de comunicación de fuerzal. Luego bajó hasta el segundo subsuelo y salió por la cochera. Al ver a dos efectivos de la Guardia Urbana, soltó las armas y huyó. Fue detenido por personal de la División de Drogas Peligrosas al mando de Jorge Luján y Rubén Hernández.
Los jueces también recriminaron el accionar de los policías luego de su fuga. “No conforme con ello, se tuvo que iniciar una causa por apremio ilegales realizado al único detenido que decidió no escaparse constatados por los médicos forenses”, explicaron.
La Cámara de Apelaciones hizo referencia a este hecho en la primera parte de su acordada y lo calificó como “lamentable”. Para los jueces, se trató de una consecuencia de una “serie de situaciones que los responsables de la Policía Federal conocían de antemano”.
La fuga le sirvió de ejemplo al Tribunal para desnudar la situación de la custodia de los presos en el lugar. “Solicitamos a las autoridades a cargo de la Policía Federal Argentina Unidad Regional Tucumán que arbitren los medios para que se destine el personal suficiente que garantice la custodia requerida. Hasta el día de los hechos -el documento fue firmado el lunes- sólo se contó con tres o cuatro efectivos de la guardia en todo el edificio. Los presos eran ‘los únicos custodios de sí mismos’”, denunciaron.
Los camaristas también se mostraron sorprendidos porque a meses de la creación de Dependencia Regional Tucumán, se ordenó el traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del comisario Gustavo Medrano, el único especialista en explosivos que la fuerza tenía en toda la región.
“Ordenamos a los señores jefes de la dependencia de la Policía Federal el extremo celo y cuidado de las sedes de este palacio y de los jueces, fiscales, funcionarios y personas que se desempeñan en el edificio”, sostuvieron en el documento.
En el documento, al que LA GACETA tuvo acceso, expresaron que la resolución sea enviada al jefe de la fuerza, comisario general Néstor Roncaglia para que arbitre todos los medios para que se cumpla con todo lo solicitado en la acordada que realizaron los magistrados.
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