Modelos de la decadencia

Las recurrencias insistentes en lo modelos del pasado, aquel que tiene que ver con los viejos estilos políticos que provocaron la decadencia de la República, continúan de tanto en tanto provocando perplejidad entre la ciudadanía, que demanda con su esfuerzo cotidiano la incorporación del país a la modernidad. Más que de las cuestiones estructurales que deben resolverse mediante decisiones puntuales de los poderes públicos, con la participación organizada de la comunidad democrática, se trata de la perduración de arcaicos modelos paternalistas resistentes al cambio que, como reductos inexpugnables, sobreviven en algunas provincias. Los casos más elocuentes son los de Santiago del Estero y San Luis, que por motivos inmediatos diversos parecen llegar finalmente a crisis terminales con la participación activa de sus comunidades. Años atrás los precedió Catamarca, cuya familia política y consanguínea dominante fue desalojada finalmente del poder bajo el peso de la corrupción y luego del shock causado por un crimen testimonial. No debe ignorarse que en esos casos de caudillaje y nepotismo el escudo protector frente al poder central fueron las cuentas fiscales relativamente ordenadas y los sumisos comportamientos con la Casa Rosada, desde donde generalmente se ignoraron los altos niveles de corrupción política que aseguraron la perduración de esas familias.
El veterano clan familiar de Santiago del Estero es uno de los más claros testimonios y perdura desde la restauración democrática nacional, si bien, como el de San Luis, echó raíces mucho antes, afirmando un vasallaje político fundado en la autosucesión de los apellidos mediante el dominio de los resortes institucionales de sus provincias. Dominios donde la clave son las canonjías más diversas, cuando no las presiones directas, grupales o individuales. La crisis de la familia Juárez en Santiago del Estero está dejando finalmente testimonios tan excepcionales y grotescos cual la urgida designación, por la gobernadora, de su esposo y caudillo histórico como ministro, para protegerlo de la Justicia que investiga concomitancias del poder en graves situaciones penales. Pero el sombrío cuadro de fraudes, clientelismo y espionaje en que se apoya la perduración del matrimonio santiagueño no ha sido suficiente para el gobierno central, cuyo ministro del Interior sostiene que no están dadas las condiciones para una intervención federal. Tal vez por desorientación, o acaso por un viejo criterio de solidaridad partidaria, la familia Juárez sigue al margen del repetido discurso depurador del oficialismo.
Mientras tanto, la familia Rodríguez Saá enfrenta en San Luis severas réplicas sociales a sus abusos de poder que, en esta ocasión, culminan en una virtual ruptura con la vasta comunidad católica, derivada en resistencias multisectoriales que claman por la renuncia del gobernador Alberto Rodríguez Saá, sucesor de su repitente hermano Adolfo. A ello se agrega la insólita presencia de dos intendentes municipales capitalinos elegidos en comicios diversos y cuyas suertes se hallan en espera de una decisión judicial de la Corte Suprema de la Nación. La histórica familia del poder puntano monopoliza los medios locales de información que sirven a una visión unilateral de la realidad, subsidiada por la publicidad oficial. Hasta aquí, sucintamente expuestos, esos resabios que perduran en la vida nacional y cuya subsistencia es testimonio de la grave enfermedad política que nos posterga. Realidad más inquietante cuando se la advierte ausente entre las promesas depuradoras del Gobierno y del Congreso, mientras el partido oficialista elude una vez más su cuota de responsabilidad como autoridad política sobre sus afiliados. De poco han de servir las convocatorias a la ciudadanía para trabajar en común mientras esos resabios perduren protegidos por la indiferencia de quienes están obligados a ponerles fin.