Una mañana, allá por los 90, un ex funcionario provincial -dirigente peronista él- reflexionaba en un restaurante del microcentro, café de por medio, sobre la “oportunidad de vida” que implica para algunos políticos el acceso al Estado. Cada uno que llega a la función pública lo hace con su carpetita bajo el brazo, con sus propuestas de reforma estatal; comentaba. Gran verdad; cada nueva gestión de Gobierno se preocupa inicialmente por modificar, de buenas a primeras, el organigrama funcional del Poder Ejecutivo.
Y no precisamente para achicarlo, sino para incorporarle nuevos ministerios, más secretarías y subsecretarías o para multiplicar las direcciones. La Constitución lo permite. El artículo 102 (De los ministros, secretarios de Despacho) establece que el gobernador designa a sus ministros, en el número y con las funciones y competencias propias de cada uno de ellos, de acuerdo lo determine una ley propuesta por el Poder Ejecutivo. La última ley de ministerios data de 2011 (8.450), y fija la existencia de nueve ministerios. Y sólo con simples decretos acuerdo se amplían las secretarías.
Si comparamos los esquemas funcionales de la gestión anterior y de la actual en la provincia, se observará que el número de integrantes en el Ejecutivo se incrementó. Pasó de tener 209 funcionarios con Alperovich a la cabeza, a los actuales 242 de Manzur -y sigue en alza-; y esto es así sencillamente porque se crearon nuevas reparticiones con sus oficinas. (ver http://rig.tucuman.gov.ar:8882/web/od2/default.php?&poder=1). Los justificativos para ampliar las funciones estatales pueden ser abundantes y razonables, centrados especialmente en que el Estado debe ofrecer una adecuada, pronta y eficaz respuesta a la demanda ciudadana. Casi personalizada. Por eso tamaña descentralización. Claro, cada nueva organización conlleva nuevos funcionarios, y más personal. Más necesidad de amigos o de conocidos idóneos. O sea más gasto público. Todo sirve si los índices sociales mejoran.
Además, en esos cafés reflexivos de otrora, también se arrojaban en la mesa otras definiciones vinculadas a las subterráneas intenciones detrás de las propuestas reformistas de los que accedían a conducir espacios de poder en el Estado: para algunos significaba una gran oportunidad económica, un camino para enriquecerse o para hacerse de un nombre en la política.
Baste mirar lo que está aconteciendo en el país para dar fe de que es lo que realmente vino ocurriendo: empresarios que a costa del Estado acceden a fondos a cambios de un “retorno” a la oficina pública, funcionarios políticos que desvían los dineros públicos para emprendimientos propios, coimas que se abonan a personas que ocupan puestos clave en el Gobierno -esos cuya firma se cotiza en oro, como la de Jaime-, gente que arroja bolsas con millones de dólares en un convento sin que pueda justificar el origen tras su paso por el Estado.
La pregunta que cabe es si al Estado llega gente que realmente quiere que funcione lo mejor posible para tranquilidad de la ciudadanía; o sólo aquellos que se aprovechan de los flancos débiles que ofrece para sus picardías. Esas debilidades vienen amparadas en parte por el descontrol, porque si los organismos de control actuaran con eficacia -y no amparando indirectamente las avivadas- harían del Estado lo que debe ser: no una gran oportunidad para obtener ventajas personales, sino el paraguas protector de la sociedad.
Lamentablemente, detrás de cada norma, de cada decreto o de alguna iniciativa menor se esconde hábilmente un beneficio para unos pocos a la sombra de la administración pública. Los ejemplos sobran, los hay grandes -como los que se observan a nivel nacional- como algunos “chiquitos”. Vaya uno se los menores: esta semana, en el Boletín Oficial se publicó un decreto por el que se le otorgó adicionales por extensión horaria y bonificaciones por dedicación funcional a varios empleados, de entre un 75% y un 25%, respectivamente. Cuando se indaga un poco, se descubre que muchos no marcan tarjeta y que están “disponibles” para cuando se los necesite. Es decir, no hay controles sobre la labor de estas personas; pero obtienen un beneficio que tal vez no merezcan sólo porque existe alguien que discrecionalmente se los puede otorgar.
En la situación actual del Estado todo se vuelve sospechoso -máxime con todos los funcionarios envueltos en procesos judiciales-, por lo mucho con lo que se quedan algunos y porque otros reparten graciosamente el dinero que no sale de sus bolsillos.
En fin, una reflexión al estilo del café noventista: al Estado no lo quieren bien, sólo lo explotan porque nunca termina de reventar.
Y no precisamente para achicarlo, sino para incorporarle nuevos ministerios, más secretarías y subsecretarías o para multiplicar las direcciones. La Constitución lo permite. El artículo 102 (De los ministros, secretarios de Despacho) establece que el gobernador designa a sus ministros, en el número y con las funciones y competencias propias de cada uno de ellos, de acuerdo lo determine una ley propuesta por el Poder Ejecutivo. La última ley de ministerios data de 2011 (8.450), y fija la existencia de nueve ministerios. Y sólo con simples decretos acuerdo se amplían las secretarías.
Si comparamos los esquemas funcionales de la gestión anterior y de la actual en la provincia, se observará que el número de integrantes en el Ejecutivo se incrementó. Pasó de tener 209 funcionarios con Alperovich a la cabeza, a los actuales 242 de Manzur -y sigue en alza-; y esto es así sencillamente porque se crearon nuevas reparticiones con sus oficinas. (ver http://rig.tucuman.gov.ar:8882/web/od2/default.php?&poder=1). Los justificativos para ampliar las funciones estatales pueden ser abundantes y razonables, centrados especialmente en que el Estado debe ofrecer una adecuada, pronta y eficaz respuesta a la demanda ciudadana. Casi personalizada. Por eso tamaña descentralización. Claro, cada nueva organización conlleva nuevos funcionarios, y más personal. Más necesidad de amigos o de conocidos idóneos. O sea más gasto público. Todo sirve si los índices sociales mejoran.
Además, en esos cafés reflexivos de otrora, también se arrojaban en la mesa otras definiciones vinculadas a las subterráneas intenciones detrás de las propuestas reformistas de los que accedían a conducir espacios de poder en el Estado: para algunos significaba una gran oportunidad económica, un camino para enriquecerse o para hacerse de un nombre en la política.
Baste mirar lo que está aconteciendo en el país para dar fe de que es lo que realmente vino ocurriendo: empresarios que a costa del Estado acceden a fondos a cambios de un “retorno” a la oficina pública, funcionarios políticos que desvían los dineros públicos para emprendimientos propios, coimas que se abonan a personas que ocupan puestos clave en el Gobierno -esos cuya firma se cotiza en oro, como la de Jaime-, gente que arroja bolsas con millones de dólares en un convento sin que pueda justificar el origen tras su paso por el Estado.
La pregunta que cabe es si al Estado llega gente que realmente quiere que funcione lo mejor posible para tranquilidad de la ciudadanía; o sólo aquellos que se aprovechan de los flancos débiles que ofrece para sus picardías. Esas debilidades vienen amparadas en parte por el descontrol, porque si los organismos de control actuaran con eficacia -y no amparando indirectamente las avivadas- harían del Estado lo que debe ser: no una gran oportunidad para obtener ventajas personales, sino el paraguas protector de la sociedad.
Lamentablemente, detrás de cada norma, de cada decreto o de alguna iniciativa menor se esconde hábilmente un beneficio para unos pocos a la sombra de la administración pública. Los ejemplos sobran, los hay grandes -como los que se observan a nivel nacional- como algunos “chiquitos”. Vaya uno se los menores: esta semana, en el Boletín Oficial se publicó un decreto por el que se le otorgó adicionales por extensión horaria y bonificaciones por dedicación funcional a varios empleados, de entre un 75% y un 25%, respectivamente. Cuando se indaga un poco, se descubre que muchos no marcan tarjeta y que están “disponibles” para cuando se los necesite. Es decir, no hay controles sobre la labor de estas personas; pero obtienen un beneficio que tal vez no merezcan sólo porque existe alguien que discrecionalmente se los puede otorgar.
En la situación actual del Estado todo se vuelve sospechoso -máxime con todos los funcionarios envueltos en procesos judiciales-, por lo mucho con lo que se quedan algunos y porque otros reparten graciosamente el dinero que no sale de sus bolsillos.
En fin, una reflexión al estilo del café noventista: al Estado no lo quieren bien, sólo lo explotan porque nunca termina de reventar.
Lo más popular
