La bonanza económica está en juego. Los gobernadores velan sus armas frente a la aceleración del plan para modificar el esquema de distribución de los fondos de coparticipación federal de impuestos. A la luz pública no existen contactos oficiales entre los mandatarios provinciales para abroquelarse frente a la posibilidad de reducción del dinero que sostiene las endebles finanzas públicas de cada uno de los distritos del interior.
Por esa razón no existen cumbres de mandatarios, como alguna vez las mantuvo el Frente Federal de gobernadores justicialistas, pero sí periódicos contactos telefónicos. Por una parte, pesa el estilo que el presidente Néstor Kirchner le impuso a su administración. Esa estrategia no alienta a las provincias a formar coaliciones que choquen contra las pretensiones de la Casa Rosada. Por otra parte, hay pocos interlocutores ante Kirchner con voz y voto en las decisiones presidenciales. Alperovich no es uno de ellos, pese a que tiene buenas relaciones con gran parte del gabinete federal. En el norte del país es sabido que el referente es el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner.
La reunión de ministros de Economía viene a cubrir aquel vacío. Los conductores de la hacienda pública serán los que forjarán las bases del planteo de las jurisdicciones chicas en la discusión con el Gobierno nacional. En un país en default, como la Argentina, la liquidez financiera volvió a ser moneda corriente en cada provincia. No se observa a los gobernadores pasillar la Casa Rosada o en el Palacio de Hacienda, en búsqueda de recursos que les permitan cerrar sin déficit sus cuentas públicas.
Es más, hoy Tucumán puede mostrar a los conductores de la economía nacional que está sobrecumpliendo las metas fiscales establecidas en el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO). Los casi $ 80 millones de diferencia entre los ingresos y los gastos del primer bimestre son señales alentadoras de que la tendencia para lo que resta del año se mantendrá en niveles positivos. Esto es posible gracias a que el Estado no está pagando la pesada deuda pública, que actualmente supera los $ 3.000 millones. Gran parte de ese pasivo está refinanciado a 16 años de plazo.
Luz de alerta
La dependencia de Tucumán con la Nación es gravitante. Casi el 75% de los ingresos totales de la Provincia surgen de la coparticipación federal. Sin embargo, a la vista, la gestión del gobernador Alperovich no tendrá sobresaltos para pagar con regularidad los sueldos estatales hasta fines de año. La discusión está en que si se otorga una recomposición salarial, disminuirá la capacidad de ahorro que el Ministerio de Economía proyecta para pagar, en 2005, los vencimientos de los créditos tomados en los últimos tres años. Por eso, el debate con los gremios estatales se postergará todo lo posible.
En la Dirección General de Rentas están trabajando para revertir esa dependencia económica con el poder central. Si se cumplen las proyecciones de Alperovich, hasta fines de año la recaudación impositiva tendría que crecer más del 60% respecto de 2003.
Pese a estas estimaciones positivas para las cuentas públicas, hay algo que asusta a los inquilinos de la Casa de Gobierno. La postergación en la sanción del presupuesto de este año por parte de la Legislatura será considerada por el Gobierno nacional como una materia pendiente del PFO. Eso, según algunos técnicos de Economía, podría disminuir la capacidad de negociación de la provincia frente a la Nación.
Alperovich debe aprovechar el momento fiscal de Tucumán. Los gastos improductivos no son buenos signos de austeridad de gestión. Desde el Gobierno nacional observan si es que la administración provincial está dispuesta a efectuar cambios estructurales en la provincia.
