Acuerdo digno, aunque oneroso

El Gobierno nacional y las autoridades ejecutivas del Fondo Monetario llegaron finalmente a un entendimiento, permitiendo así concretar el pago por nuestro país de U$S 3.150 millones de la deuda con el organismo, cuya directora ejecutiva, Anne Krueger, recomendará al directorio la aprobación del segundo tramo del acuerdo contingente en vigencia. Cuando esta decisión se produzca, a fines del presente mes, el FMI concretará el virtual reintegro de aquella suma, en derechos especiales de giro. La laboriosa y tensa negociación que permitió el trascendente desenlace ha sido seguramente la más crítica y compleja en la historia de las relaciones de nuestro país con el Fondo, al quedar relacionada con la situación de insolvencia para hacer frente a la deuda pública más elevada que debimos soportar. El hecho de que el default -declarado hace 27 meses y todavía en incipientes negociaciones- comprometa a 21 grupos de acreedores de diferentes países, entre ellos del poderoso Grupo de los Siete, cuya gravitación en el directorio del FMI es decisiva, ha dado lugar a que las relaciones con el organismo multilateral se integren a nuestra política internacional. Testimonio de ello ha sido la incorporación decisiva a los debates, de la reestructuración de la deuda en insolvencia, por presión del G-7.
Con tan severo marco, el Gobierno nacional y el Fondo Monetario han debido hacer concesiones recíprocas, si bien nuestro país logró que el organismo se atuviera concretamente a las cláusulas cuantitativas del acuerdo contingente en vigencia -en muy buena parte sobrecumplidas-, que evidencian una excelente situación fiscal. Como contrapartida, nuestras autoridades se han comprometido, mediante un cronograma tentativo cuya culminación es prevista para fines del actual semestre, a negociar con los acreedores. El Gobierno ha sostenido de inmediato que la propuesta inicial a los tenedores de bonos en default planteada en Dubai, es invariable, si bien aceptando que puede ser perfeccionada, expresión laxa que evidencia un espíritu de negociación muy superior al evidenciado anteriormente por el duro discurso oficial. Hasta dónde llegará esa laxitud, como también el avenimiento de los acreedores, es incierto por el momento. No lo es, en cambio, que los gobiernos del G-7 seguirán siendo los virtuales representantes de los comités de bonistas que han sido convocados al diálogo desde Buenos Aires.
Debe esperarse que esta nueva etapa de negociaciones, en las que, en definitiva, está en juego el crecimiento sostenido de la economía nacional para el largo plazo, tenga un contexto menos politizado y hasta agresivo que el que precedió al entendimiento logrado. Esa esperanza es consecuente con el carácter político ya señalado que representan las relaciones con los países más poderosos y que, quiérase o no, constituyen el umbral del mundo en el que el nuestro debe recuperar el lugar que por sus capacidades merece.
En ese sentido, el presidente Kirchner y algunos de sus colaboradores deberán reflexionar seguramente sobre la confusión que suele generar un discurso inspirado en el pensamiento único, cuando de lo que se trata es de alcanzar acuerdos compartidos con quienes defienden intereses no menos legítimos que los propios. Son los intereses en pugna, ante los cuales bien vale el aforismo ciceroniano: suaviter in modo, fortiter in re, moderación en el estilo y firmeza en las cosas. Los mismos que finalmente han impuesto el retorno a la normalidad y la distensión con el FMI, como se advierte en los mensajes cruzados para zanjar falsos orgullos.
La historia universal es un recurrente sumario de testimonios sobre la forma en que la inteligencia se impuso generalmente a quienes no advierten, en suma, los mandatos de la realidad.