Han transcurrido ya los principales actos de celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia y la ciudad ha mostrado algunos cambios de cara, sobre todo en el casco céntrico, acaso para proponer un festejo más a tono la magna fecha histórica. Sin embargo, el paisaje urbano todavía enfrenta varias asignaturas pendientes, especialmente las referidas al cuidado urbanístico en el que la falta de atención y un plan de mejoramiento de las veredas sobresale en primer lugar. La municipalidad de la capital ha inaugurado un monumento para conmemorar el transcendente hecho histórico, inició un plan de repavimentación de calles, puso en marcha programas de remozamiento de espacios públicos y lanzó cuadrillas para repintar sendas peatonales, postes de semáforos y de luz y varias de cordones de veredas, pero registra una mora para emprender una acción integral reparadora de los lugares por donde transitan los peatones.
Habría que señalar que la reconstrucción de las veredas prácticamente ni figura en los planes de obras desarrollados por los distintos municipios. En la mayoría de los códigos catastrales el mantenimiento de las veredas figura como una de las grandes obligaciones que tienen los vecinos ante su ciudad; esas normativas también advierten -en general- que si el ciudadano no las atiende como prevén las normas pueden ser considerados infractores y sancionados por esa falta y traslada ese mandato a la administración municipal, que luego de realizada la reconstrucción del espacio está facultada a realizar el cobro de la tarea al frentista.
Hay ordenanzas en vigencias en San Miguel de Tucumán que obligan al municipio a informarle al vecino que tenga deteriorado el piso de la acera que no cumple con las disposiciones vigentes y hasta les impone un plazo perentorio para su arreglo. Ocurre que ciertas veces este trámite disciplinario no va más allá de una intimación y pedidos de reconsideración del accionado que luego se pierden en el fárrago administrativo y legal: la práctica ha ido mostrando que esa transgresión del vecino transforma los casos en crónicos, desalentadores, negligentes y alarmantes.
A través de numerosas cartas de lectores, denuncias por las redes sociales e intervenciones personales ante los organismos competentes, gran cantidad de vecinos informan de incontables destrozos de veredas no sólo en las manzanas céntricas, sino también en barrios y plazas públicas, que prácticamente impiden el tránsito normal de los peatones. Los accidentes -sobre todo de adultos mayores y de personas con algún impedimento-, junto a los trastornos de seguridad que provocan estas situaciones cotidianas figuran entre los principales reclamos que promueve buena parte de la opinión pública.
La decisión de grupos de vecinos de impulsar iniciativas propias o comunitarias para reconstruir o mejorar las veredas de sus entornos -como las que LA GACETA informó en estos días- debería tomarse como un ejemplo que bien podría operar como disparadores de energías y proyectos para que el municipio capitalino -y por cierto, las distintas municipalidades de la provincia- lleven adelantes planes reparadores del descuido en el que cayeron muchos de esos espacios públicos fundamentales. El trabajo en común de los estados y los ciudadanos en busca de fines y propósitos nobles debiera ser valorado y asumidos como un atributo de madurez, de disposición, entendimiento y superación social.
Habría que señalar que la reconstrucción de las veredas prácticamente ni figura en los planes de obras desarrollados por los distintos municipios. En la mayoría de los códigos catastrales el mantenimiento de las veredas figura como una de las grandes obligaciones que tienen los vecinos ante su ciudad; esas normativas también advierten -en general- que si el ciudadano no las atiende como prevén las normas pueden ser considerados infractores y sancionados por esa falta y traslada ese mandato a la administración municipal, que luego de realizada la reconstrucción del espacio está facultada a realizar el cobro de la tarea al frentista.
Hay ordenanzas en vigencias en San Miguel de Tucumán que obligan al municipio a informarle al vecino que tenga deteriorado el piso de la acera que no cumple con las disposiciones vigentes y hasta les impone un plazo perentorio para su arreglo. Ocurre que ciertas veces este trámite disciplinario no va más allá de una intimación y pedidos de reconsideración del accionado que luego se pierden en el fárrago administrativo y legal: la práctica ha ido mostrando que esa transgresión del vecino transforma los casos en crónicos, desalentadores, negligentes y alarmantes.
A través de numerosas cartas de lectores, denuncias por las redes sociales e intervenciones personales ante los organismos competentes, gran cantidad de vecinos informan de incontables destrozos de veredas no sólo en las manzanas céntricas, sino también en barrios y plazas públicas, que prácticamente impiden el tránsito normal de los peatones. Los accidentes -sobre todo de adultos mayores y de personas con algún impedimento-, junto a los trastornos de seguridad que provocan estas situaciones cotidianas figuran entre los principales reclamos que promueve buena parte de la opinión pública.
La decisión de grupos de vecinos de impulsar iniciativas propias o comunitarias para reconstruir o mejorar las veredas de sus entornos -como las que LA GACETA informó en estos días- debería tomarse como un ejemplo que bien podría operar como disparadores de energías y proyectos para que el municipio capitalino -y por cierto, las distintas municipalidades de la provincia- lleven adelantes planes reparadores del descuido en el que cayeron muchos de esos espacios públicos fundamentales. El trabajo en común de los estados y los ciudadanos en busca de fines y propósitos nobles debiera ser valorado y asumidos como un atributo de madurez, de disposición, entendimiento y superación social.








