Las armas secretas

La terrible muerte de Jorge Gabriel Gandur, de 28 años, baleado en el pecho en el barrio Terán (al sur de la capital) cuando intentaba pacificar una pelea familiar, es el último incidente grave con armas de fuego en estos días y pone de manifiesto la caótica circulación de armamento en nuestra sociedad. La pelea ocurrió el jueves en la vereda de Lavaisse al 1.700. Gandur recibió una bala de una pistola 11.25 (arma de tipo policial, que no fue hallada). Ese mismo día, a las 4, en Lavaisse al 600, la policía secuestró un revólver calibre 22 que portaban tres detenidos junto a 45 gramos de cocaína. Esto, por citar sólo dos hechos ocurridos en la misma zona. Pero las crónicas policiales han dado muchos más ejemplos en estos días: el domingo pasado, en otra pelea familiar ocurrida en Cuba al 1.600 (La Costanera), fue asesinada Cristina del Valle Frías, de 54 años. Recibió un tiro en el pecho en medio de una discusión mientras la familia festejaba el 9 de Julio. El domingo 3 falleció en un sanatorio Rodrigo Bilbao, de 20 años, quien había sido baleado un mes atrás en el Barrio Evangelina Salazar de Alderetes.

Cifras oscuras

No se sabe cuántas armas circulan por Tucumán. Hay unas 24.000 legales anotadas en el Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar) y, aunque se estiman 10.000 ilegales, la cifra podría ser mayor. La única evaluación con que se cuenta para calcular con cierta certeza es la encuesta nacional sobre factores de riesgo que hizo el Ministerio de Salud en 2011. Se preguntó a la gente si había armas en su entorno y, en Tucumán, el 8,6% de los encuestados contestó que sí.  Según la directora del Renar, Natalia Gambaro, en Argentina hay registradas entre 1,5 millón y 2 millones de armas y en el mercado negro circula una cantidad similar. Pero las cifras son tan oscuras como a nivel provincial: cuando asumieron las nuevas autoridades, denunciaron graves fallas en el control de las armas recuperadas en el Renar, con sospechas de que muchas podrían haber sido entregadas o vendidas en el mercado negro. Las nuevas autoridades dijeron que los registros en el organismo nacional se hacían mediante fotocopias que se iban amontonando sin que se hubieran confeccionado listas informatizadas que permitieran seguimientos y comparaciones.  “No sabemos cuántas armas tenemos en el Renar. No sabemos si nos están faltando. Nos encontramos con que no existe un registro oficial de todas las armas que tenemos”, dijo Gambaro (La Nación, 10/2), quien calificó a la repartición como un “limbo administrativo”. Al Renar fueron las 300.000 armas rescatadas en el plan nacional de desarme, vigente desde 2007, más las armas de secuestros judiciales que fueron enviadas por algunas provincias adheridas a la Ley nacional 25.938 de Armas, vigente desde 2004.

Sin control

Ciertamente, dado el escándalo denunciado en el Renar, de nada hubiera servido que Tucumán enviara las armas de secuestros judiciales. Pero aunque el Renar funcionara bien -hace un año se creó el Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac) para que se destruyan ahí las armas secuestradas y recuperadas en el país- Tucumán no está obligado porque no adhirió a la ley nacional. Y aunque lo estuviera, no tiene idea de cómo es la situación provincial. Hace un año, cuando se descubrió que en la fiscalía II del entonces recién jubilado Carlos Albaca estaban tiradas armas de secuestros judiciales, el ministro fiscal de la Corte, Edmundo Jiménez, le encargó a la fiscala VI, Adriana Giannoni, que organizara el sistema de registro de armas de secuestros judiciales, que estaban diseminadas en fiscalías, comisarías y otras oficinas policiales. Giannoni dice que aún no ha podido hacer ese registro. Y en cuanto a los secuestros judiciales en general, son un caos tremendo que en teoría va a ser inventariado por una comisión que debe formar la fiscala I, Mariana Rivadeneira, también por pedido del ministro fiscal. “La Policía está haciendo una reorganización de la oficina de secuestros judiciales”, dice Jiménez. Pero todavía la Justicia no tiene claro a dónde llevar esos secuestros. “Se necesita una propiedad de 200 m2, a no más de cuatro cuadras de Tribunales”, agrega. Aún no hay empleados ni local. Ergo, los secuestros judiciales siguen diseminados y sin control por oficinas de la Justicia y de la Policía.

El circuito peligroso

La Policía tiene su propio karma con las armas. La denuncia de pérdidas y robos de pistolas reglamentarias es constante. Se denuncia un promedio de 30 al año, pero serían muchas más. Varios casos recientes dan una idea del problema: uno es el de la agente Nora Vergara, quien sufrió el arrebato de su bolso en el puente de Los Pocitos el 9/5. Un transeúnte que quiso defenderla fue baleado, porque el arrebatador sacó la pistola reglamentaria del bolso de la agente y le disparó. Otro es el de una policía de Tribunales que dejó su arma en un bolso en la guardia y denunció el extravío el 30/6. Ya esa agente -cuyo nombre no trascendió- había denunciado antes la pérdida de la pistola que le dio la fuerza de seguridad.
¿A dónde van las pistolas robadas o perdidas? El caso del agente Sergio Alejandro Rodríguez muestra el circuito: el 30/6 denunció que alguien entró a su casa del pasaje Liniers al 100 cuando él no estaba y le robó su pistola 11.25. Dos días antes, dos ladrones de motos le habían sacado a Yohana Orellana su Motomel 150 en pasaje Japón 1.962. El 5/7 policías de Investigaciones allanaron la casa de “Teco” Medina en Matienzo y Malabia y aunque no hallaron la moto de Orellana sí se dieron con la pistola del policía Rodríguez. Hay otros casos: el de Daniel Figueroa, que el miércoles 6 denunció que sacó su pistola Bersa 9 mm. para hacerla limpiar “y como tuvo un día ocupado se olvidó de bajarla de su camioneta y cuando fue a buscarla se dio con la novedad de que la pistola no estaba. Había dejado la puerta de su camioneta abierta”, según el parte policial.

Balas perdidas

La falta de controles da lugar a todo tipo de riesgos, no sólo de asaltos, sino de peligros en la vía pública. Carlos Alberto Sosa murió el 1/8/15 mientras dormía en su casa de pasaje Misiones al 400. Recibió una bala perdida de un tiroteo en la calle. El quinielero Edgard Mistretta recibió una bala perdida en la esquina de Larrea y Rojas mientras circulaba en moto el 27/5. Murió horas más tarde. Fue un tiroteo entre dos bandas. En el lugar se hallaron más de 70 vainas de balas  de calibres 22, 9, 40 y 11.25. No son datos menores. El informe “Estadísticas vitales. Información básica - Año 2014”, del Ministerio de Salud de la Nación, publicado en diciembre de 2015,  da cuenta de que en la Argentina mueren ocho personas por día por uso de armas de fuego (La Nación, 31/3). El crecimiento de los homicidios con este tipo de armas ya había sido señalado en Tucumán al compararse los asesinatos de 2013 (un 63% con armas de fuego) con los de 2005 (un 48%). La mayoría de los casos son peleas intravecinales o intrafamiliares, pero en todos los casos la falta de controles o de datos da cuenta del riesgo: hay historias terribles, como la del doble homicidio del prosecretario judicial Manuel Gerardo Uro y el comisario Víctor Barraza, ejecutados por el detenido Daniel Sirnio Romanazzi el 25/10/13, quien luego se suicidó. Sirnio tenía un arsenal en su casa, todas armas autorizadas por el Renar que, según dijo en su momento el delegado Luis Sal Área, no cuestiona los certificados de aptitud psicológica que les son entregados para portar revólveres, pistolas o escopetas. Así fue que se autorizó a los integrantes del clan Ale a ser portadores legítimos de más de 60 armas.
Además esta falta de controles ya está generando nuevos fenómenos. Uno es la constatación en barrios de alto riesgo, como La Costanera, del uso de pistolas policiales como símbolo de hombría, según cuentan los integrantes del equipo técnico “Ganas de vivir”, que ayuda a los adictos en esa barriada. El segundo es el alquiler de armas para cometer asaltos, según la conclusión a que llegó un equipo de investigaciones al detener a un tal Ezequiel en un barrio del sur el 9/6. Los investigadores secuestraron unas 15 armas en la casa de un armero que habría sido quien las alquilaba. Un tercer fenómeno es la aparición de elementos poderosos y llamativos, como la pistola Bersa Thunder Láser, con capacidad para alojar 28 proyectiles, que el 30/6 le secuestraron a Gerardo “Coco” Toro en Villa 9 de Julio. La crónica da cuenta de que los policías se quedaron con la boca abierta al ver el arma que tenía.

Sin salida

Los funcionarios no tienen claro dónde está la salida. Pasa en muchas partes. No hay datos que indiquen si la década del programa de desarme ha dejado conclusiones sobre qué hacer. Pero hay detalles a tener en cuenta. ¿Sirve el estado policial de nuestros agentes, que los obliga a llevar armas a todas partes, incluso a sus casas? En EEUU usan las armas sólo cuando están en servicio. En Londres casi no usan armas de fuego. ¿Hay formas de investigar los robos de armas? El ex asistente de seguridad del ex Banco de la Provincia, Luis Morán, dice que nada se sabe de unas 200 armas que estaban en el banco residual (revólveres, pistolas, fusiles escopetas y pistolas ametralladoras) y pregunta por qué no hay un registro pormenorizado de la trayectoria de ese armamento (la fiscala Giannoni tiene un informe de ese caso). Lo mismo sostiene Aldana Romano, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que integra la Red Argentina para el Desarme (RAD).
La directora del Renar dijo que se cambiarán los mecanismos para portación y tenencia. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, explicó que se va a continuar con la política de desarme y de restricción de armas. Pero Tucumán está ausente de esas buenas intenciones, envuelto en su propio caos.