Bicentenario sin ética pública

Finalmente, recibimos el Bicentenario sin que Tucumán tenga una Ley de Ética Pública, como sí tiene la Nación y como lo tienen la mayoría de las provincias argentinas. O sea no hay norma que regule incompatibilidades, intereses en conflicto, conducta de los funcionarios, declaraciones juradas actualizadas y accesibles etcétera, así como tampoco existe autoridad de aplicación. Tampoco tenemos una normativa en materia de acceso a la Información Pública, como la tienen otras provincias o, como -en el ámbito del PEN-, existe a nivel nacional, y como lo prevé el proyecto con media sanción de Diputados que remitió el actual Gobierno Nacional, que bien podría servir como modelo para Tucumán, sin esperar a que sea promulgado para recién ver si nos adherimos y en qué condiciones. El Senado de la Nación donde ahora espera esta Ley de Acceso a la Información Pública, está sometido a negociaciones porque hacia atrás acechan la Ley del Arrepentido y la de Extinción de Dominio y hacia el futuro la de transparentar todos los dineros públicos como manda el proyecto en cuestión. Nuestra provincia sólo tiene la ley 3.981 que contempla las declaraciones juradas a las que no se puede tener acceso porque están sometidas al secretismo, y cuya actualización depende de que el propio funcionario considere que sus cambios patrimoniales fueron “sustanciales”. Esta ley es del gobierno constitucional de 1973, y acaba de cumplir 43 años, tiempo durante el cual Tucumán no legisló en materia de ética pública a pesar de que la oposición presentó varios proyectos, la mayoría de los cuales fueron archivados. Personalmente, (y acogiéndome al derecho ciudadano de peticionar), hace más de 13 años (Libro 11 Folio 242), en 2003 presenté un proyecto de Acceso a la Información Pública, al que denominé Sistema de Transparencia Fiscal, que fue desechado. Más aún en nuestra renovada Constitución de 2006 no aparece la palabra “Ética”, ni “Acceso a la Información Pública” ni “Transparencia”. Ello a pesar que la Constitución lo contempla casi todo, incluyendo la necesaria defensa de todos los patrimonios: cultural, arqueológico, histórico, artístico, paisajístico, folclórico, lingüístico, documental, etcétera. No se olvidaron de nada, excepto de la ética pública. Podrá alegarse, con los escándalos cotidianos, que de poco sirvió, a nivel nacional, toda la normativa vigente no casualmente castigada en los últimos años con la disolución de la Comisión Nacional de Ética Pública y la ley 26.944 de “irresponsabilidad” fiscal. Al menos en la Nación hubo idas y vueltas normativas, proyectos con media sanción que perdieron estado parlamentario, se inventaron fábulas (ex relatos), proyectos y modelos, se simuló. Aquí no hicieron falta. No se necesitó del discurso violento ni de las grandes actuaciones. Las valijas tucumanas no necesitaron de la oscuridad de la noche, ni de un monasterio donde ocultarlas. Los bolsos de nuestra empobrecida provincia se exhibieron a la luz del día, sacados oficialmente de un banco y, en la suma de las valijas comarcanas hubo más plata que en la suma de la célebre valija petrolera de Antonini más los bolsos de López, sin que la justicia provincial haya dado respuesta. Aquí se dictaron leyes para garantizar las irregularidades. El Fondo de la Soja, el del Fideicomiso, la ciudad de Lomas de Tafí, etcétera, fueron acompañados de su correspondiente Ley que eliminó la licitación y autorizó la adjudicación directa. O sea, en la Cuna de la Independencia, en la ciudad de la batalla más importante de la historia patria, en la provincia de Alberdi, pensador e impulsor de la institucionalidad democrática y republicana, se perdió hasta la hipocresía, que es el tributo que el vicio le rinde a la virtud. En Tucumán se robó en carne viva. En el acto de inauguración al monumento del bicentenario, mientras desde el palco se criticaba la corrupción, el pueblo gritaba Nunca Más. Honremos ese grito.