Una lucha sin compromiso

Han transcurrido ya siete meses desde que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación anunció que se hallaba en análisis un plan de lucha contra la corrupción, con el asesoramiento de la organización Transparencia Internacional. "Queremos encarar el problema -dijo Gustavo Beliz en aquella ocasión- por la positiva y no simplemente por la persecución de actos corruptos ya cometidos". Entre los puntos sobresalientes de ese proyecto -del que poco o nada volvió a hablarse- figuraron la publicidad de los gastos públicos y el control de los organismos que reciben o administran recursos, así como el financiamiento de los partidos políticos y los fondos electorales. Tampoco quedaron afuera del ambicioso plan las auditorías abiertas por delitos contra la administración pública, así como normas sobre participación ciudadana en el control de la gestión estatal. Poco después de esos anuncios, el Presidente de la Nación advirtió: "no pongo las manos en el fuego por nadie", al referirse a la lucha contra la corrupción y expresar su voluntad de ponerle fin en nuestra vida pública. Ambas expresiones oficiales siguieron al último informe de Transparencia Internacional, donde nuestro país figuró con la posición 92a entre 133 naciones, en su tercer descenso consecutivo.
Dos tipos de corrupción coexisten en nuestra vida pública desde hace muchos años y que se han ido agravando conforme ascendieron en el control de los poderes institucionales: la que transgrede normas penales y reglamentarias concretas con un marco de lenidad y hasta de impunidad; y la estructural, amparada por determinadas normativas legales cuyas imperfecciones o anacronismo impiden el control y la regulación adecuados de los actos públicos. Es recurrente en el discurso oficial del Gobierno nacional durante sus casi diez meses de gestión, el empeño en poner fin a esa realidad perversa de la que bien puede decirse que ha sido fértil semilla de la crisis. Pero no es menos cierto que los hechos consecuentes no se condicen generalmente con la objetividad requerida por tan compleja lucha, pues en ellos se advierten intereses y necesidades políticas que discriminan a sectores de la propia interna oficialista, de acuerdo con sus posicionamientos ante el Gobierno. Seguramente que la más difícil de superar en esos casos es la corrupción estructural, por el largo arraigo de sus hábitos, y donde las carencias éticas y el nepotismo no son juzgados debidamente como factores esenciales de la decadencia del país.
A título de ejemplos pueden señalarse el caso de Santiago del Estero, cuyo descaro no es suficiente para que en el poder central se adviertan causas fundadas de intervención constitucional, o las promociones a más elevados cargos públicos electivos de parientes inmediatos de máximas figuras partidarias del oficialismo. En otro orden de observaciones sobre el sedicente empeño de poner fin a la corrupción, no debe ser intrascendente la forma en que intendentes y otros funcionarios de la provincia de Buenos Aires realizan costosas movilizaciones partidarias sin publicidad de financiamiento y otras acciones proselitistas, donde se confunden poderes públicos y partido oficialista o grupos afines. El presidente Kirchner ha solicitado en más de una ocasión ayuda a la sociedad para enfrentar al flagelo de la corrupción; seguramente que habrá de tenerla si esa lucha se practica en todas las direcciones, especialmente contra la propia corporación política que se resiste a seguir el rumbo hacia la transparencia. Será una tarea difícil y prolongada, además de exigir firmeza y compromiso, más allá del discurso ocasional sobre un pasado que los argentinos conocen y que aún padecen por la perduración de muchos de sus responsables.