Miedo a volar

El gobernador José Alperovich es un hombre sanguíneo. Sus estados de ánimo pueden advertirse con facilidad y, muchas veces, se traducen en manifestaciones impulsivas. Esto siempre es peligroso -o temerario, por lo menos- en cuestiones en las que los faros de un estado de derecho (los jueces o los órganos de contralor) están atentos -o deberían estarlo-. Por eso, el jueves pasado, en el Palacio de Justicia y en el Tribunal de Cuentas, más de uno se agarró la cabeza cuando leyó esta declaración del primer mandatario: "yo tomé la decisión, y creo que está mal, pero salvamos una vida, lo que no tiene precio". Alperovich pensó que, con esta emotiva confesión, cerraría el capítulo relacionado con la contratación directa, por parte del Subsidio de Salud, de un avión sanitario para trasladar a Buenos Aires al empresario del sector inmobiliario Oscar Macías, pese a que no es afiliado a la obra social oficial. Pero, lejos de archivarse, todos los días se suman nuevo elementos al caso, que ya amenaza con convertirse en el primer escándalo -vinculado a fondos públicos- de la actual administración. La prueba es que ayer el ex legislador Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) pidió un juicio político contra el titular del Poder Ejecutivo, que se enojó con la prensa.
Con un compacto bloque oficialista y con una oposición que piensa que aún es prematuro para amenazar al gobernador con planteos como el de Parajón, Alperovich no le teme al pedido de juicio político, sino a la opinión de la sociedad. Le asusta que la imagen de prolijo, austero, sincero y directo que se esmeró por imponer en estos cuatro meses quede, a los ojos de la gente, en eso: en una mera imagen fabricada, como las sonrisas de las publicidades comerciales (y él sabe de ventas y de apretones de mano). También le inquieta que haya algún flanco atacable en la secuencia administrativa que concluyó con un decreto que concedió un subsidio de $27.627, con los que se pagó el traslado de Macías a la Capital Federal en un avión de la empresa Medical Jet y su posterior internación -padece de problemas vasculares- en el famoso Instituto Fleni.

¡El avión, el avión!
Tanto el Tribunal de Cuentas como el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, saben que la comunidad está harta de las 4x4 y de la sensación de impunidad que llevó a buena parte de la sociedad argentina a salir a la calle a golpear fastidiadas cacerolas. Esta puede ser la clave de la celeridad con la que se actuó de oficio -aunque en forma separada- en ambas instancias: la judicial y la administrativa. En esta última, se le aplicó una multa equivalente a dos meses de sueldo al interventor del Subsidio, Mario Koltan, por los libramientos que permitieron el traslado de Macías.
Desde que el legislador Alejandro Sangenis denunció públicamente a Koltan, Alperovich salió a avalarlo y a decir que él era el único responsable. Pese a esta encendida defensa, al PE no dejaba de convenirle políticamente que todos los cañones apuntaran al interventor del Subsidio. De hecho, el acuerdo del Tribunal de Cuentas sólo responsabiliza -y severamente- a Koltan por haber canalizado por aquel organismo la ayuda a Macías, que fue ordenada por el PE. Los vocales del órgano de contralor, a la hora de multar al funcionario, acotaron el dictamen del asesor jurídico del Tribunal, Guillermo Curia, que también incluía a "la conducta seguida por el gobernador" -léase decreto que autorizó el subsidio por $ 27.627- entre las causales que justificaban que se ordene una comprobación sumaria, para determinar si se dañó al Estado.
Por ello, en la Fiscalía Anticorrupción quieren saber si la facultad del gobernador de conceder subsidios está reglamentada. ¿Hay alguna restricción? ¿Lo mismo da que sea un reconocido empresario que un desconocido desocupado? Más allá de que la Justicia tiene la última palabra, es una buena oportunidad para debatir -sobre todo en la Legislatura- qué (y quién) se hace con el dinero de todos.