09 Marzo 2004 Seguir en 
Las tensas negociaciones entre el gobierno de Néstor Kirchner y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrán un fuerte impacto en la provincia, más allá del resultado final. Los funcionarios provinciales comienzan a efectuar una serie de estudios sobre la base del impacto de la restricción del crédito externo para financiar algunos gastos vitales para la economía y para el desarrollo social de Tucumán.
Uno de los escenarios plantea que más allá de que la Argentina pague o no al FMI, Tucumán no tendría inconvenientes en cuanto al problema social. Los más de 70.000 beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar desocupados mantendrían la ayuda económica mensual de $ 150, pese a que gran parte de este programa es financiado por los organismos multilaterales de crédito. Si la Argentina decide no pagar el vencimiento, el plan de contención social no sufriría inconvenientes, ya que con ese dinero se financiaría, al menos, hasta fines de año.
Distinta es la situación de la obra pública. Organismos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pusieron a disposición de las provincias dinero para efectuar tareas en los municipios y en las comunas rurales. Hasta 2006, la gestión del gobernador José Alperovich decidió utilizar alrededor de 30 millones de dólares. De ese dinero, se calcula que hasta un 20% es aportado por los organismos internacionales. Puede haber una desaceleración del plan de obras (provisión de gas, pavimentación o adquisición de parque automotor), pero no una paralización, admiten en el Ministerio de Economía.
Desde el punto de vista fiscal, Tucumán pasa por su mejor momento del último lustro, incluso más allá de la crisis económica del país de fines de 2001. Las cuentas públicas cierran con superávit (resultado positivo de ingresos sobre los gastos). Esto obedece, fundamentalmente, a que la Provincia logró refinanciar gran parte de su endeudamiento y a que se encuentra en default transitorio frente a sus acreedores externos. Por eso, el resultado positivo del primer bimestre (un ahorro de casi $ 80 millones) lleva a que el Gobierno respire con cierta tranquilidad respecto de las metas acordadas en el Plan de Financiamiento Ordenado. Esa tendencia podría mantenerse en la medida que la gestión alperovichistas no haga un uso discrecional del gasto improductivo. Hoy, en el Estado, además de liquidez, lo que sobra es burocracia.
Expedientes amarillos
Un informe de la Secretaría de Planeamiento, a cargo de Julio Saguir, llegó a la conclusión de que una licitación para obra pública debe cumplir 57 pasos administrativos. Esa situación, sin dudas, desalienta la posibilidad de atraer nuevos capitales a la provincia. Aun más, en la Secretaría de Educación existen 15.000 expedientes pendientes de resolución que, con el paso del tiempo, se convirtieron en papeles amarillos. Estas situaciones pusieron a la actual gestión frente a un problema histórico, cual es la lentitud para resolver cuestiones esenciales que afectan la calidad de los servicios que presta el Estado.
Para este año, una de las metas propuestas por la Secretaría de Planeamiento es la de producir un cambio estructural en la atención al público. Ese programa contemplará una reformulación integral de la administración de áreas como Políticas Sociales, Obras Públicas, Institutos Penales, Boletín Oficial, Registro Civil, Archivo, Fiscalía de Estado o Secretaría de Trabajo, por mencionar algunas áreas del Poder Ejecutivo donde se moviliza la mayor cantidad de documentación.
A la administración de Alperovich le quedan nueve meses para efectuar estas reformas estructurales. En ese tiempo, además, debe cuidar la liquidez financiera, porque 2005 será un año duro para las finanzas públicas. El ahorro será el principal capital de una sana administración de Gobierno.
Uno de los escenarios plantea que más allá de que la Argentina pague o no al FMI, Tucumán no tendría inconvenientes en cuanto al problema social. Los más de 70.000 beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar desocupados mantendrían la ayuda económica mensual de $ 150, pese a que gran parte de este programa es financiado por los organismos multilaterales de crédito. Si la Argentina decide no pagar el vencimiento, el plan de contención social no sufriría inconvenientes, ya que con ese dinero se financiaría, al menos, hasta fines de año.
Distinta es la situación de la obra pública. Organismos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pusieron a disposición de las provincias dinero para efectuar tareas en los municipios y en las comunas rurales. Hasta 2006, la gestión del gobernador José Alperovich decidió utilizar alrededor de 30 millones de dólares. De ese dinero, se calcula que hasta un 20% es aportado por los organismos internacionales. Puede haber una desaceleración del plan de obras (provisión de gas, pavimentación o adquisición de parque automotor), pero no una paralización, admiten en el Ministerio de Economía.
Desde el punto de vista fiscal, Tucumán pasa por su mejor momento del último lustro, incluso más allá de la crisis económica del país de fines de 2001. Las cuentas públicas cierran con superávit (resultado positivo de ingresos sobre los gastos). Esto obedece, fundamentalmente, a que la Provincia logró refinanciar gran parte de su endeudamiento y a que se encuentra en default transitorio frente a sus acreedores externos. Por eso, el resultado positivo del primer bimestre (un ahorro de casi $ 80 millones) lleva a que el Gobierno respire con cierta tranquilidad respecto de las metas acordadas en el Plan de Financiamiento Ordenado. Esa tendencia podría mantenerse en la medida que la gestión alperovichistas no haga un uso discrecional del gasto improductivo. Hoy, en el Estado, además de liquidez, lo que sobra es burocracia.
Expedientes amarillos
Un informe de la Secretaría de Planeamiento, a cargo de Julio Saguir, llegó a la conclusión de que una licitación para obra pública debe cumplir 57 pasos administrativos. Esa situación, sin dudas, desalienta la posibilidad de atraer nuevos capitales a la provincia. Aun más, en la Secretaría de Educación existen 15.000 expedientes pendientes de resolución que, con el paso del tiempo, se convirtieron en papeles amarillos. Estas situaciones pusieron a la actual gestión frente a un problema histórico, cual es la lentitud para resolver cuestiones esenciales que afectan la calidad de los servicios que presta el Estado.
Para este año, una de las metas propuestas por la Secretaría de Planeamiento es la de producir un cambio estructural en la atención al público. Ese programa contemplará una reformulación integral de la administración de áreas como Políticas Sociales, Obras Públicas, Institutos Penales, Boletín Oficial, Registro Civil, Archivo, Fiscalía de Estado o Secretaría de Trabajo, por mencionar algunas áreas del Poder Ejecutivo donde se moviliza la mayor cantidad de documentación.
A la administración de Alperovich le quedan nueve meses para efectuar estas reformas estructurales. En ese tiempo, además, debe cuidar la liquidez financiera, porque 2005 será un año duro para las finanzas públicas. El ahorro será el principal capital de una sana administración de Gobierno.
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