En guardia

Ahora que no es uno sino que son cuatro los miembros del Poder Judicial con posibilidades de ser destituidos, los juicios políticos encarados generan inquietud en la misma Legislatura. Los resquemores, tanto de opositores como de oficialistas, tienen dos filos. Uno, de carácter político. El otro, de perfil operativo.
La idea de que se instale un halo de sospecha sobre los Tribunales quiere ser conjurada desde la propia conducción legislativa. Un poco por convicción y otro tanto para frenar los ímpetus de revancha. No son pocos ni poco influyentes los integrantes del parlamento que recuerdan, con despecho y a viva voz, que durante la gobernación mirandista la Justicia denunció, tramitó causas, pidió desafueros e intentó procesar a infinidad de funcionarios y parlamentarios. Es decir, políticos.
Pero dos hechos colaboran para que el río no se vaya de madre. Aparentemente, desde la cúpula judicial hubo tranquilizadores contactos con la Presidencia de la Legislatura. Con marzo comienza la temporada de encuentros protocolares, y no se descarta que el abogado y vicegobernador Fernando Juri tome la punta y pueda visitar en breve a la Corte Suprema de Justicia, en un gesto que aviente fantasmas.
El segundo dique de contención de una embestida contra la Justicia está construido con el concreto temor a los desbordes de una eventual reforma constitucional. Desde que Antonio Guerrero, cuando en 2003 era jefe de campaña del Frente Fundacional, dijo que el oficialismo buscaría que una Convención Constituyente concretara una remoción masiva de magistrados, el río viene sonando a "crecida". Y en la Cámara hay quienes, como su titular, no quieren que esto se concrete. Consideran -acertadamente- que no hay nada que justifique tal medida. Complementariamente, no están dispuestos a materializar, nada menos, que la excusa para que una asamblea reformadora avasalle a este poder y, con ello, al sistema republicano de Gobierno.
Ahí es cuando el resquemor operativo cobra cuerpo. El proceso contra el suspendido fiscal Héctor Musi tiene al Poder Legislativo prácticamente paralizado en cuanto a su función esencial, que es la tarea legislativa. Hoy, los 12 miembros de la comisión acusadora están abocados al estudio de los expedientes que piden sanciones. Y los 28 miembros del Tribunal están enfrascados en audiencias, pruebas y testimonios, cuando no enajenados en analizar planteos de nulidad. Casi no queda tiempo para atender los despachos privados y las comisiones de trabajo. Menos aún para encarar proyectos. Si esta saturación tiene lugar con un solo enjuiciamiento, bien puede suponerse que habrá un colapso si se decidiera acusar a los fiscales Gustavo Estofán, Carlos Albaca y Raúl Fermoselle, a quienes ya se corrió traslado de las imputaciones formuladas en su contra.
Si la Legislatura llega a encontrarse desbordada de pedidos de destitución y materialmente imposibilitada de darles curso, ya puede presumirse cuál será el segundo movimiento de tenazas.

Buena previsión, mal precedente
La Constitución Nacional, tras su reforma de 1994, introduce un cambio sustancial en esta materia. El artículo 115 fija que el procedimiento de juicio político sólo es reservado para los miembros de la Corte. Y establece que los referidos a jueces de tribunales inferiores (no menciona a los fiscales, cabe la coyuntural aclaración) son atendidos por un jurado integrado por legisladores nacionales, magistrados y abogados.
El Parlamento es liberado, incluso, de la tarea de iniciar el enjuiciamiento. La apertura del proceso de destitución es potestad del Consejo de la Magistratura. Su institución similar en la provincia, el Consejo Asesor de la Magistratura (que ayudaba, además, a transparentar la designación de jueces), ya no existe.