El transporte público ilegal

Otra vez la inseguridad y el descontrol aparecen vinculados al servicio de transporte de pasajeros. Esta vez le toca el turno a los vehículos que trasladan a los niños que concurren a los distintos establecimientos escolares de San Miguel de Tucumán, pero también abarca al resto de la provincia, donde la ilegalidad es el común denominador de la actividad. Según un informe publicado por nuestro diario, el 50 % de las combis que se dedican al transporte escolar no está autorizado para hacerlo, por no haber completado las verificaciones técnicas correspondientes. En otros términos, la mitad de esos vehículos que transitan por la ciudad no se encuentra dentro de las reglas legales. Las normas vigentes imponen la obligación de acreditar las condiciones del conductor, la instalación de cinturones de seguridad en los vehículos y la identificación del celador, cuya presencia en las recorridas diarias por las escuelas es obligatoria.
Las autoridades responsables del área anticiparon que la próxima semana iniciarán operativos de control pero, otra vez, las respuestas llegan tarde. Cuando eso ocurra habrán transcurrido casi dos semanas del inicio de las clases y los acuerdos mensuales entre los padres y transportistas estarán cerrados. La cancelación de algún servicio podría generar conflictos y la posibilidad de que el sistema de la ilegalidad se retroalimente por una problema de recursos económicos que debe ser contemplado. Abaratar costos recurriendo a servicios menos costosos es una práctica a la que los padres se han visto obligados por las necesidades económicas. Un transporte escolar cuesta entre $ 60 y $ 100 mensuales, pero el mercado al margen de la ley ofrece alternativas más económicas, aunque también mas riesgosas. Es común la práctica de contratar un automóvil particular entre varias familias para enviar a clases a los chicos por un módico precio.
Como en la utilización de remises y combis truchas, en esta cuestión también se ponen en peligro vidas humanas. En otra escala, la memoria podría llevarnos a historias del pasado reciente de los tucumanos que terminaron en tragedias colectivas que aún nos conmueven como sociedad. Los muertos de Camboriú y de la Cuesta del Totoral fueron responsabilidad de la ausencia de controles y de la imprevisión en el transporte público de pasajeros. En este caso, quienes están en juego son nuestros hijos. Este punto debería contribuir para generar una mínima preocupación social que despierte el interés de las autoridades. También la responsabilidad de cada familia para decidir a quienes encarga el manejo de varias horas diarias de su descendencia. El tema merece una respuesta de fondo, que supere los márgenes políticos y administrativos del municipio. Los problemas se repiten también en el Gran San Miguel de Tucumán, desde donde vienen o hacia donde concurren diariamente centenares de menores para realizar sus estudios. Es necesario reconocer las dificultades económicas y el trabajo de quienes se dedican honestamente a prestar este delicado servicio. También hay que tener en cuanta las condiciones de seguridad en las que la actividad se desarrolla. Una periodista de nuestro diario observó esta semana cómo un remisero ilegal acosaba a una niña de 9 años para que subiera a su vehículo. La menor pudo esquivar la presión con el llanto y tuvo la valentía de decir "no".
La crónica del caso presume que se trató de un intento de sumar clientes, porque en el mismo momento otro automóvil con chapa ilegible lograba levantar a dos pasajeros por el carril del frente. Si las intenciones fueran otras, estaríamos hablando de un caso policial; pero en cualquier opción se trata de un tema demasiado serio como para reducirlo sólo a un problema de controles técnicos o legales.