A cuestiones complejas, soluciones complejas. Esa es la filosofía que trata de imponer el Poder Ejecutivo para avanzar con la reestructuración de la Caja Popular de Ahorros. La auditoría que impulsó el interventor, Juan Carlos Veiga, es la piedra fundamental para reordenar el gasto interno de la institución financiera. Pero ese informe está celosamente guardado y sólo saltó a la luz la denuncia por presuntas irregularidades en el cobro de viáticos, que está en poder de la Justicia.
El miércoles, cuando se denunció públicamente este hecho, el gobernador José Alperovich prefirió quedarse en su despacho antes de sentarse a dar explicaciones sobre las razones de la presentación judicial. Fue precisamente el mandatario quien el 24 de febrero pasado insinuó que se habían detectado algunas situaciones poco transparentes en la Caja Popular, durante anteriores gestiones. Habló de "cifras importantes", pero en la conferencia de prensa, los ministros de Economía, Jorge Jiménez, y de Gobierno, Edmundo Jiménez, dieron a conocer que un gasto de solamente $ 209.000 no tenía el respaldo legal.
"Evitemos la grandilocuencia", le sugirieron a Alperovich varios miembros del minigabinete, minutos antes de dar a conocer los primeros resultados de la auditoría, de la que el Gobierno se encargó de hacer varias copias para realizar un minucioso análisis de sus resultados y de las consecuencias jurídicas que podrían surgir de ese informe.
En suma, se trató de enviar un mensaje a la sociedad de que la actual gestión está dispuesta a investigar por qué razón la Caja Popular se encuentra con un fuerte déficit. Pero esa indagación no sólo se circunscribirá a la gestión de Carlos Cisneros, sino también a las operaciones efectuadas en la última década. "No se trata de reavivar viejos enconos, ni de una persecución", señalan los asesores de Alperovich, frente a la posibilidad de una reacción del dirigente de la Asociación Bancaria, con quien el jefe del Poder Ejecutivo está enfrentado desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, la presentación en la Justicia sobre el cobro irregular de viáticos y la presunta falsificación de facturas es parte de una estrategia mayor. Antes de avanzar con otras denuncias, en la Casa de Gobierno quieren establecer cuál será el destino de la causa. Esperan una señal de la Justicia y, si esta resuelve rápidamente la cuestión, desde la Casa de Gobierno lanzarán nuevas denuncias.
Una plataforma política
Por ahora, los funcionarios alperovichistas se ufanan de que la Caja Popular está firmemente en un proceso de saneamiento. Según datos oficiales, la eliminación de gastos superfluos permitió a la institución un ahorro mensual de $ 600.000. Además, desde principios de este año, la intervención no reclama la ayuda de entre $ 800.000 y $ 1 millón mensual para el funcionamiento de la entidad.
A todo ello debe agregarse la capitalización por $ 12 millones mediante una ley sancionada por la Legislatura. En ese contexto, el Ministerio de Economía definió que, hacia el futuro, la entidad no otorgará más créditos comerciales y que su tarea debe orientarse exclusivamente a alimentar las líneas de préstamos personales, a los seguros y, fundamentalmente, a los juegos. En los próximos meses, el Poder Ejecutivo reforzará la gestión de Veiga con la incorporación de algunos asesores financieros que llegarían desde la Capital Federal.
En el fondo, todas estas acciones de la gestión de Alperovich tienen un objetivo claro: que una saneada Caja Popular se convierta en una plataforma política para las aspiraciones electorales del mandatario de turno. Más que popular, la institución se constituyó en una caja de resonancia. Con su denuncia, Alperovich empezó a escribir el primer capítulo de una historia con final abierto.
