Los decretos ley y el Congreso

En el presente año se cumplirá una década de la inclusión en el texto constitucional de los decretos de necesidad y urgencia, una eufemística referencia a los decretos ley, mediante los cuales el Presidente, secundado por sus ministros, puede adoptar excepcionalmente decisiones que corresponden al Poder Legislativo. Dicha inclusión en la Carta Magna estableció como condición sine qua non la convalidación o el rechazo de esos decretos por el Congreso, de acuerdo con una exigente reglamentación que ambas cámaras deberían sancionar por mayoría absoluta, algo que no ha ocurrido hasta el momento a pesar del tiempo transcurrido. Por su parte, la Justicia tampoco se ha pronunciado sobre la validez de esa singular legislación, cuyos raros rechazos y habitual consolidación por las sucesivas mayorías parlamentarias sin observar la exigencia constitucional, no terminan de satisfacer la legitimidad de esos instrumentos. Desde hace más de nueve años y con la firma de todos los presidentes durante dicho lapso, se ha dictado casi un millar de decretos ley con una particularidad común a todos los gobiernos: la oposición parlamentaria de turno bregó incansablemente por la reglamentación, pero cuando pasó a ser oficialismo la impidió, permitiéndose así un dictado abusivo de decretos con validez cuestionable y muy alejado del espíritu constitucional sobre separación de poderes.
De los numerosos proyectos reglamentarios tan sólo uno alcanzó tratamiento en el Senado, mas la Cámara de Diputados lo dejó fenecer por el transcurso del tiempo. Otro de los intentos frustrados y, por cierto, reiterados, fue el de la senadora Cristina Fernández de Kirchner hace un par de años, si bien desde el último relevo gubernamental no ha insistido en el mismo, manteniéndose así la regla de juego de las gestiones presidenciales precedentes. El mayor ritmo de los decretos ley sin reglamentación parlamentaria se produjo durante la gestión de Carlos Menem; esta finalizó después de firmar más de cuatrocientos. En el gobierno de la Alianza el ritmo bajó, pero los efectos de la crisis institucional y política lo elevaron con la colaboración de la notoria tolerancia parlamentaria. Por su parte, el presidente Kirchner ha superado ese ritmo sin que hasta el momento se haya producido frustración alguna en el Congreso, habida cuenta de la mayoría oficialista.
El tema de los decretos ley y de la docilidad con que las sucesivas mayorías parlamentarias los consideran, constituye un elemento imprescindible en el análisis crítico del gran déficit institucionalidad del país. Sin embargo, suele quedar ausente de las preocupaciones más inquietantes sobre el porvenir de la República. La más reciente oportunidad de esa omisión ha sido el mensaje presidencial a la asamblea legislativa del Congreso, donde la remisión a un futuro proyecto nacional dejó de valorar nuevamente el rol de los representantes del pueblo comprometidos por las reglas del sistema constitucional.
Mediante esos decretos y con la pasividad del Poder Legislativo, se ha manejado hasta el momento todo lo concerniente a la deuda pública desde que sus problemas comenzaron a ser prioritarios en el quehacer del país. También mediante ellos se distribuyen fondos presupuestarios sin control del Congreso y atienden otras cuestiones que la Constitución les impide delegar.
Y es que en nuestra vida pública se ha hecho costumbre ignorar no sólo deberes políticos, sino institucionales, bajo el mito de un supuesto patriotismo según el cual para salvar a la República no importaría ignorar valores tan esenciales como los que conforman el sistema de poderes que la constituyen. Sin poner fin a la provisionalidad para consolidar la vigencia plena de las instituciones, cualquier proyecto nacional apenas será otra utopía.