Pedir al peronismo tucumano que modifique el sistema electoral que lo mantiene en el poder es por demás ingenuo. Nadie nos va a apurar, dijo Jaldo esta semana replicar la presión pública de referentes del Acuerdo para el Bicentenario que, impulsados por la mano de Macri, dijeron que el oficialismo no tiene interés en acelerar una reforma política. Vaya descubrimiento. Al Presidente deberían haberle explicado, antes de que se quejara ante la dirigencia local por la existencia los acoples, que el peronismo en Tucumán solamente alteró los regímenes electorales para garantizarse la instalación en el palacio de 25 de Mayo y San Martín, o para contar con grandes posibilidades de acceder al gobierno.
O sea, los compañeros avanzan, o se apuran, únicamente cuando les conviene y cuando tienen los números para imponer los cambios. Tal como ocurrió en 2006, cuando atacó una reforma constitucional y cambios electorales porque hegemonizó el poder con el aval de los votos. Hoy la situación es parecida; pero recordemos -esto es un dato clave- en las modificaciones a la Carta Magna pesaron las elecciones nacionales intermedias de 2005, donde el alperovichismo arrasó en las urnas y ganó las cuatro bancas de diputados en juego.
La historia justifica la apreciación del vicegobernador en un sentido: a esperar 2017 y los resultados de los próximos comicios, que harán acelerar, retrasar, postergar o desaparecer pretensiones. Después de los dichos del vicegobernador, Manzur deslizó en el Salón Blanco que lo que dice Osvaldo, es lo que pienso yo. Y por Twitter, el mandatario escribió: “tenemos la decisión política de avanzar con la reforma electoral”. Una de cal, otra de arena.
Aspectos a considerar
A esta altura, es casi es una verdad de Perogrullo afirmar que es por demás reduccionista achacarle sólo al régimen de acoples las irregularidades registradas en la elección de 2015. Es sólo un aspecto; y es sólo una razón a tener en cuenta a la hora de pensar en alterar el esquema electoral provincial. Que el sistema tenga raigambre constitucional ya es todo un problema a superar. Además, hay cuestiones vinculadas a la legislación sobre el clientelismo, al régimen de partidos políticos, a los sistemas de representación popular y a los aportes de dinero a las organizaciones partidarias que deben tenerse en cuenta para eventuales cambios electorales. Pedir el voto electrónico o la unificación de comicios nacionales y provinciales no es suficiente en aras de la transparencia y de garantizar el sentido del sufragio. El combo es más amplio.
Exige de ciertos consensos previos, sino pasa lo que a nivel nacional en la vida interna de Cambiemos: los amarillos del PRO plantearon la eliminación de las primarias obligatorias y los correligionarios de la UCR se opusieron. Y eso que son socios. Apuntaron para diferentes lados, lo que indica que las finalidades son distintas, y sin un interés común. Poco consenso; se dijo para justificar el entredicho interno. El radicalismo, a nivel nacional, impulsa la eliminación de leyes de Lemas (Santa Cruz, Misiones y Formosa) y una evaluación sobre el impacto de las listas colectoras (acoples), según la opinión de Juan Francisco Nosiglia, secretario del comité nacional de la UCR. En el mismo documento defendieron las PASO.
¿Acaso algunos radicales están pensando en imponerles el peso de sus estructuras provinciales, y nacional, a sus socios del PRO en una eventual interna en 2017 para elegir los candidatos? Macri les ganó la presidencia en una interna en 2015. ¿Los radicales buscarán revancha imponiendo sus candidatos el año próximo? El 19 de noviembre, días antes del balotaje, en Jujuy, Ernesto Sanz decía a LA GACETA: aportamos tres gobernadores y 460 intendentes; senadores y diputados por todo el país. Bastante estructura con poca influencia. ¿Anunciaba que la UCR cuidaría su propio espacio de poder? Especulaciones tempraneras, pero el año próximo puede significar el de la profundización de la dependencia del radicalismo con los amarillos o el trampolín para renacer como fuerza política. Algo así como liberación o dependencia; aunque suene demasiado especulativo.
Con el sistema de sublemas y luego con el acople, que lo reemplazó por el hartazgo social que provocaron los miles que querían salvarse con un cargo público armando una lista, la cuestión de la representatividad de los elegidos pasó a un segundo nivel. Para el peronismo era más importante determinar las secciones electorales en función de la ascendencia del PJ sobre comunas e intendencias. Imponer los límites electorales fue prioritario para el PJ ya que le permitió, por más que perdiese los comicios -como en 1987-, seguir gobernando.
Ese año, a raíz de la existencia del Colegio Electoral -que desapareció con la reforma constitucional de 1990-, Domato sumó los electores de Cirnigliaro y doblegó al radical Chebaia, que fue quien más votos obtuvo en las urnas. Después, el justicialismo, con cinco o tres secciones electorales se las ingenió para asegurarse el poder más allá de la representatividad de los electos. La consigna era extremista: que se pierdan los comicios, pero no el poder. Con los sublemas el peronismo ganó la elección de gobernadores de 1991, 1999 y 2003, pero perdió la de 1995 a manos de Antonio Bussi (Fuerza Republicana).
Con ese sistema se favorecía a los aspirantes a legisladores, ya que se sumaban todos los votos de este rubro para el D’Hont y allí ingresaban los sublemas más votados. Se podía dar la paradoja que el sublema más votado de la oposición lograba una banca y que, con la misma cantidad de votos los oficialistas accedieran a tres o cuatro. Con este esquema, el peronismo jamás perdió el manejo de la Legislatura, por más que cediera el gobierno, como en la administración bussista. Después, con los acoples jamás perdió el gobierno: 2007, 2011 y 2015. Tampoco la Legislatura; que manejó siempre con una amplia mayoría.
A los fines electorales, este sistema es el que más beneficios y ventajas políticas e institucionales le concedió al peronismo. Entonces, ¿por qué cambiarlo? ¿Porque lo pidió Macri o el Acuerdo para el Bicentenario? Que el Presidente primero gane los comicios intermedios de 2017; podría ser la respuesta típica de perucas. Un Presidente debilitado -si no es acompañado por el voto ciudadano mayoritario el año próximo- no podría realizar exigencias políticas. Y las proyecciones indican que ni siquiera una elección muy favorable, por ejemplo, le impedirá al justicialismo seguir manejando el Senado después de 2017.
Ahora bien, ¿es momento de hablar de una reforma electoral que contemple cambios en la Constitución que entrarán a regir en los comicios de 2019? En términos de elecciones es lejano, en términos de previsiones es prematuro y en términos políticos no le conviene al peronismo. Claro, mientras no germine una idea nueva que le asegure la continuidad al frente del Gobierno, como siempre. Y por ahora nadie se puso a pensar en eso, por lo menos, por el lado del oficialismo gobernante. Llegó hasta el “Diálogo político” y nada más.
Sin embargo, hay movimientos que van por carriles distintos a los planteos de la oposición y dentro del propio peronismo. Mientras desde el ApB se apunta a los acoples como el mal de todos los males que hay que extirpar, algunos en el PJ analizan cómo minimizar la influencia de las superestructuras partidarias en la elección de los candidatos y la distribución de los recursos que siempre favorecen a pocas líneas internas.
Además, observan un aspecto que no es menor: la relación entre electores y elegidos a partir de nuevos esquemas de organización territorial. Esto fue un tema de un congreso de la militancia de ayer en Central Norte. Detalle: esta reunión tuvo otra finalidad: servir para que hagan catarsis aquellos peronistas desencantados con la conducción y con el Gobierno que no los escucha. Antes que exploten afuera, mejor es contenerlos en las propias filas. Como bien dijo un dirigente del PJ que ocupó numerosos cargos públicos un peronista ocioso es peligroso.
Insuficiente
Una ley puede no ser suficiente para acotar los acoples, como se plantea desde la oposición, ya que una norma que determine cierta cantidad de acoples para una candidatura a gobernador puede ser cuestionada en la Justicia por anticonstitucional. El inciso 12 del artículo 42 de la Carta Magna -que crea el sistema de acople- indica que es necesario un previo acuerdo por escrito de los respectivos partidos políticos.
Una suerte de derecho de admisión electoral por parte del que debe aceptar al partido que quiera acoplarse. Decir que no, o rechazar la solicitud de una organización política, no parece ser una salida muy democrática. La eventual objeción podría ser motivo de una recurrencia judicial. Legislar sobre este punto es una alternativa, pero no parece un camino adecuado. Para eliminar los acoples es necesario retocar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente; la que debería sesionar en 2018, a más tardar, para realizar modificaciones.
Eso implica que el oficialismo debería tener antes las carpetas finales de un nuevo esquema electoral -que le dé ventajas-; para lo cual tiene tiempo de esperar el resultado de las elecciones parlamentarias de 2017. Con los números en la mano, avanzará o no en los cambios, y en la intensidad de las reformas. ¿Cómo? La respuesta la tienen unos pocos; porque son pocos -y contados con los dedos de una mano- los que en el peronismo pueden diseñar nuevos esquemas territoriales y sistemas electorales; porque lo uno va atado a lo otro. No se puede no pensar en ambos, son caras de una misma moneda.
¿Si no es la reforma constitucional, hacia dónde hay que dirigir las miradas? Hacia la ley orgánica de partidos políticos, la 5.454, por ejemplo. Pero, esas consideraciones son para otro momento. Es un tema secundario que no está en la agenda de la gente; tal como le dijeron hace poco diputados y senadores del FpV a massistas y a referentes de Cambiemos que propusieron analizar un límite a las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores bonaerenses.
¿Por qué hicieron esa petición quejosa los opositores provinciales sobre los acoples? Desde el oficialismo tienen una respuesta política: porque no pueden hacer otra cosa, hasta ahora ni obras ni viviendas trajeron.
O sea, los compañeros avanzan, o se apuran, únicamente cuando les conviene y cuando tienen los números para imponer los cambios. Tal como ocurrió en 2006, cuando atacó una reforma constitucional y cambios electorales porque hegemonizó el poder con el aval de los votos. Hoy la situación es parecida; pero recordemos -esto es un dato clave- en las modificaciones a la Carta Magna pesaron las elecciones nacionales intermedias de 2005, donde el alperovichismo arrasó en las urnas y ganó las cuatro bancas de diputados en juego.
La historia justifica la apreciación del vicegobernador en un sentido: a esperar 2017 y los resultados de los próximos comicios, que harán acelerar, retrasar, postergar o desaparecer pretensiones. Después de los dichos del vicegobernador, Manzur deslizó en el Salón Blanco que lo que dice Osvaldo, es lo que pienso yo. Y por Twitter, el mandatario escribió: “tenemos la decisión política de avanzar con la reforma electoral”. Una de cal, otra de arena.
Aspectos a considerar
A esta altura, es casi es una verdad de Perogrullo afirmar que es por demás reduccionista achacarle sólo al régimen de acoples las irregularidades registradas en la elección de 2015. Es sólo un aspecto; y es sólo una razón a tener en cuenta a la hora de pensar en alterar el esquema electoral provincial. Que el sistema tenga raigambre constitucional ya es todo un problema a superar. Además, hay cuestiones vinculadas a la legislación sobre el clientelismo, al régimen de partidos políticos, a los sistemas de representación popular y a los aportes de dinero a las organizaciones partidarias que deben tenerse en cuenta para eventuales cambios electorales. Pedir el voto electrónico o la unificación de comicios nacionales y provinciales no es suficiente en aras de la transparencia y de garantizar el sentido del sufragio. El combo es más amplio.
Exige de ciertos consensos previos, sino pasa lo que a nivel nacional en la vida interna de Cambiemos: los amarillos del PRO plantearon la eliminación de las primarias obligatorias y los correligionarios de la UCR se opusieron. Y eso que son socios. Apuntaron para diferentes lados, lo que indica que las finalidades son distintas, y sin un interés común. Poco consenso; se dijo para justificar el entredicho interno. El radicalismo, a nivel nacional, impulsa la eliminación de leyes de Lemas (Santa Cruz, Misiones y Formosa) y una evaluación sobre el impacto de las listas colectoras (acoples), según la opinión de Juan Francisco Nosiglia, secretario del comité nacional de la UCR. En el mismo documento defendieron las PASO.
¿Acaso algunos radicales están pensando en imponerles el peso de sus estructuras provinciales, y nacional, a sus socios del PRO en una eventual interna en 2017 para elegir los candidatos? Macri les ganó la presidencia en una interna en 2015. ¿Los radicales buscarán revancha imponiendo sus candidatos el año próximo? El 19 de noviembre, días antes del balotaje, en Jujuy, Ernesto Sanz decía a LA GACETA: aportamos tres gobernadores y 460 intendentes; senadores y diputados por todo el país. Bastante estructura con poca influencia. ¿Anunciaba que la UCR cuidaría su propio espacio de poder? Especulaciones tempraneras, pero el año próximo puede significar el de la profundización de la dependencia del radicalismo con los amarillos o el trampolín para renacer como fuerza política. Algo así como liberación o dependencia; aunque suene demasiado especulativo.
Con el sistema de sublemas y luego con el acople, que lo reemplazó por el hartazgo social que provocaron los miles que querían salvarse con un cargo público armando una lista, la cuestión de la representatividad de los elegidos pasó a un segundo nivel. Para el peronismo era más importante determinar las secciones electorales en función de la ascendencia del PJ sobre comunas e intendencias. Imponer los límites electorales fue prioritario para el PJ ya que le permitió, por más que perdiese los comicios -como en 1987-, seguir gobernando.
Ese año, a raíz de la existencia del Colegio Electoral -que desapareció con la reforma constitucional de 1990-, Domato sumó los electores de Cirnigliaro y doblegó al radical Chebaia, que fue quien más votos obtuvo en las urnas. Después, el justicialismo, con cinco o tres secciones electorales se las ingenió para asegurarse el poder más allá de la representatividad de los electos. La consigna era extremista: que se pierdan los comicios, pero no el poder. Con los sublemas el peronismo ganó la elección de gobernadores de 1991, 1999 y 2003, pero perdió la de 1995 a manos de Antonio Bussi (Fuerza Republicana).
Con ese sistema se favorecía a los aspirantes a legisladores, ya que se sumaban todos los votos de este rubro para el D’Hont y allí ingresaban los sublemas más votados. Se podía dar la paradoja que el sublema más votado de la oposición lograba una banca y que, con la misma cantidad de votos los oficialistas accedieran a tres o cuatro. Con este esquema, el peronismo jamás perdió el manejo de la Legislatura, por más que cediera el gobierno, como en la administración bussista. Después, con los acoples jamás perdió el gobierno: 2007, 2011 y 2015. Tampoco la Legislatura; que manejó siempre con una amplia mayoría.
A los fines electorales, este sistema es el que más beneficios y ventajas políticas e institucionales le concedió al peronismo. Entonces, ¿por qué cambiarlo? ¿Porque lo pidió Macri o el Acuerdo para el Bicentenario? Que el Presidente primero gane los comicios intermedios de 2017; podría ser la respuesta típica de perucas. Un Presidente debilitado -si no es acompañado por el voto ciudadano mayoritario el año próximo- no podría realizar exigencias políticas. Y las proyecciones indican que ni siquiera una elección muy favorable, por ejemplo, le impedirá al justicialismo seguir manejando el Senado después de 2017.
Ahora bien, ¿es momento de hablar de una reforma electoral que contemple cambios en la Constitución que entrarán a regir en los comicios de 2019? En términos de elecciones es lejano, en términos de previsiones es prematuro y en términos políticos no le conviene al peronismo. Claro, mientras no germine una idea nueva que le asegure la continuidad al frente del Gobierno, como siempre. Y por ahora nadie se puso a pensar en eso, por lo menos, por el lado del oficialismo gobernante. Llegó hasta el “Diálogo político” y nada más.
Sin embargo, hay movimientos que van por carriles distintos a los planteos de la oposición y dentro del propio peronismo. Mientras desde el ApB se apunta a los acoples como el mal de todos los males que hay que extirpar, algunos en el PJ analizan cómo minimizar la influencia de las superestructuras partidarias en la elección de los candidatos y la distribución de los recursos que siempre favorecen a pocas líneas internas.
Además, observan un aspecto que no es menor: la relación entre electores y elegidos a partir de nuevos esquemas de organización territorial. Esto fue un tema de un congreso de la militancia de ayer en Central Norte. Detalle: esta reunión tuvo otra finalidad: servir para que hagan catarsis aquellos peronistas desencantados con la conducción y con el Gobierno que no los escucha. Antes que exploten afuera, mejor es contenerlos en las propias filas. Como bien dijo un dirigente del PJ que ocupó numerosos cargos públicos un peronista ocioso es peligroso.
Insuficiente
Una ley puede no ser suficiente para acotar los acoples, como se plantea desde la oposición, ya que una norma que determine cierta cantidad de acoples para una candidatura a gobernador puede ser cuestionada en la Justicia por anticonstitucional. El inciso 12 del artículo 42 de la Carta Magna -que crea el sistema de acople- indica que es necesario un previo acuerdo por escrito de los respectivos partidos políticos.
Una suerte de derecho de admisión electoral por parte del que debe aceptar al partido que quiera acoplarse. Decir que no, o rechazar la solicitud de una organización política, no parece ser una salida muy democrática. La eventual objeción podría ser motivo de una recurrencia judicial. Legislar sobre este punto es una alternativa, pero no parece un camino adecuado. Para eliminar los acoples es necesario retocar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente; la que debería sesionar en 2018, a más tardar, para realizar modificaciones.
Eso implica que el oficialismo debería tener antes las carpetas finales de un nuevo esquema electoral -que le dé ventajas-; para lo cual tiene tiempo de esperar el resultado de las elecciones parlamentarias de 2017. Con los números en la mano, avanzará o no en los cambios, y en la intensidad de las reformas. ¿Cómo? La respuesta la tienen unos pocos; porque son pocos -y contados con los dedos de una mano- los que en el peronismo pueden diseñar nuevos esquemas territoriales y sistemas electorales; porque lo uno va atado a lo otro. No se puede no pensar en ambos, son caras de una misma moneda.
¿Si no es la reforma constitucional, hacia dónde hay que dirigir las miradas? Hacia la ley orgánica de partidos políticos, la 5.454, por ejemplo. Pero, esas consideraciones son para otro momento. Es un tema secundario que no está en la agenda de la gente; tal como le dijeron hace poco diputados y senadores del FpV a massistas y a referentes de Cambiemos que propusieron analizar un límite a las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores bonaerenses.
¿Por qué hicieron esa petición quejosa los opositores provinciales sobre los acoples? Desde el oficialismo tienen una respuesta política: porque no pueden hacer otra cosa, hasta ahora ni obras ni viviendas trajeron.
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