La Corte Suprema de Justicia se encuentra en estado de alerta y movilización. Marzo arranca con cuatro fiscales penales con juicios políticos, que tienen distintos estadios en la Legislatura. Sobradas razones para que la urticaria invada al menos político de los poderes. En teoría, claro está.
Los jueces hablan por su fallos. O lo hacen verbalmente, pero de manera reservada. En ese sentido, desde la Corte se sostiene que no hay reparos contra los pedidos de destitución que se tramitan en la Legislatura y que no habrá actitudes corporativas. La expresión "estamos agradecidos con el Juzgado Federal (de Felipe Terán) por descubrir lo que estaba ocurriendo con las 4x4" está bien acuñada. Seguida del "lamentamos no haber detectado la falsificación de documentación antes".
Pero en el Superior Tribunal hacen más de lo que dicen. El presidente Antonio Gandur realiza una investigación personal del Ministerio Público.
Pidió, por ejemplo, copias de cada actuación referida a autos robados. Pero, tanto o más importante, es el hecho de que haya ordenado el secuestro de libros de registro de la Policía provincial. Con una balanza en una mano y una espada en la otra, la Justicia no piensa cruzarse de brazos a esperar que la sigan apedreando desde los poderes políticos.
Precisamente, por afuera de las consideraciones políticamente correctas, en la cúpula de Tribunales sospechan que la embestida a base de juicios políticos es una estrategia para tenerlos en jaque. Si desde la Legislatura se pregunta qué se hizo con Musi, la respuesta será sencilla y precisa.
"Contestaremos que al juicio político ya lo había pedido la Justicia Federal y que desmantelamos esa fiscalía. Echamos a tres empleados y vamos por un cuarto", anticipó un vocal.El recelo judicial tiene un segundo libreto. Sobrevuela la idea de que, además de un ataque velado, se estaría librando otra batalla de una vieja pelea interna. La leyenda pretende que cuando se reestructuró el Poder Judicial tras la intervención del 91, el diputado José Ricardo Falú y el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez (entonces, ministro y secretario de Gobierno de Ramón Ortega), dejaron improntas. Y que ahora, el segundo avanza sobre el terreno del primero. Cosa de mitos, obviamente.
Hombres cercanos a uno y a otro dirigente coinciden en que la existencia de esas facciones es una ficción. Porque las brujas no existen. Pero que las hay, las hay. "Es la última estocada al ?falucismo?. Si no, fíjese que están seguros de ir contra (Carlos) Albaca y (Gustavo) Estofán, pero no de avanzar sobre (Raúl) Fermoselle, que no es de esa línea", razona un "pirinchista" conspicuo. En el bando del diputado desconocen tales padrinazgos. "Los fiscales que están en la cuerda floja eran hombres de Jiménez, que hace mucho tiempo dejaron de tener buenas relaciones con él. Si los ?pirinchistas? se los quieren adjudicar a Falú, es porque no quieren pagar el costo o están ajustando cuentas y no lo quieren reconocer", aducen.
El trauma
Entre tanta hojarasca, hay que advertir que el trauma que dejó la Legislatura mirandista es tal, que casi nadie baraja la posibilidad de que esta sacudida institucional se deba a que la Cámara que conduce Fernando Juri esté haciendo las cosas como corresponde.
El filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626), quien fue en su país abogado de la Corona y Fiscal General, sostenía que la sospecha, como el murciélago, sólo vuela en la oscuridad. Esa poca claridad es la que cubre puntos clave de escándalos como los de la 4x4. Que tienen que ver con quienes adquirieron los coches de modo irregular. Y con la historia que hay detrás de cada vehículo. En muchos casos, escritas con la sangre de asaltos y hasta de asesinatos.
