Ayuda oficial para salvar al ingenio San Juan

El Gobierno confirmó ayer el salvataje del ingenio San Juan, tras alrededor de medio año de conflicto. El intervención del Poder Ejecutivo (PE) se concretará mediante el desembolso de unos $ 9 millones, monto destinado a cubrir la deuda salarial del personal de la fábrica azucarera que data desde noviembre-diciembre de 2015.

El propio gobernador Juan Manzur dio a conocer ayer la medida y afirmó que la gestión oficial se centró en destrabar el conflicto para que el ingenio pueda moler en la zafra 2016, que iniciará en las próximas semanas de manera efectiva.

Según se supo, la decisión del PE abrió el camino para que se llegará luego a un acuerdo por el arrendamiento de la planta. Respecto a eso, el referente de la empresa Complejo Agroindustrial San Juan SA, hasta ahora propietaria, acordó con la firma tucumana Tecnocontrol SA la administración del ingenio. En la operación no se incluyó el compromiso por los haberes adeudados a los trabajadores.

Sin embargo, el salvataje de los $ 9 millones del Gobierno está condicionado por el proceso judicial en curso, en el fuero provincial. Es que se espera que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (CSJP) defina si anula o no el salvataje del Complejo Agroindustrial San Juan concretado en 2003, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras. Según se supo, la CSJP resolvió hacer lugar a la apelación a los fallos judiciales en la demanda presentada por Marcas SRL y declaró nula la operatoria de reestructuración del ingenio, por lo que la causa concursal volvió a “foja cero”.

La Corte local había confirmado que la empresa Marcas SRL no podía impugnar un acuerdo preventivo entre Complejo Agroindustrial y la firma Construcciones del Tucumán SA, que había obtenido la homologación del convenio de reestructuración con el fin de evitar la desaparición de la empresa.

Marcas, ante esa decisión, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el recurso de queja. En diciembre del año pasado, el máximo Tribunal nacional hizo lugar a la queja y admitió la legitimidad de la empresa para impugnar el procedimiento judicial. Así, la causa volvió al ámbito provincial.

Simultáneamente, el acuerdo entre Complejo Agroindustrial y Tecnocontrol debería cumplir con los extremos o condiciones legales exigidos en la Justicia. Se esperaba que las partes presentaran en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la VII Nominación los detalles del negocio empresarial.

En la Casa de Gobierno aguardaban que este paso entre los privados se concrete para poder determinar con la Justicia la forma del aporte de $ 9 millones, destinados a los trabajadores, según fuentes oficiales. La intervención del Ejecutivo se realizó a través de la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Desarrollo Productivo y del intendente de Banda del Río Salí (allí está radicada la planta), Darío Montero.

“Estamos tranquilos ahora. Pensamos que el conflicto comienza a destrabarse. Nos dijeron que el arriendo se concretará”, comentó ayer Juan Abregú, secretario general de uno de los dos sindicatos que representan al personal. Durante seis meses, los empleados de la fábrica llevaron adelante diferentes movilizaciones y cortes del puente Lucas Córdoba, ante el impago de los salarios.

Por la crisis, la fábrica dejó de funcionar durante ese período. Previo al inicio de la molienda de caña, se requieren, generalmente, trabajos de arreglo de las máquinas. “La condición del edificio demandará por parte del nuevo arrendatario una inversión en el corto y mediano plazo, para que el funcionamiento sea óptimo”, dijeron en el Gobierno.