Entre la espada y la pared. Ese puede ser el título de la novela financiera que se escribirá esta semana en Tucumán. El Poder Ejecutivo espera que la Legislatura le ratifique el decreto de necesidad y urgencia para prorrogar el plazo de rescate de $20 millones de los $168 millones en bonos que circulan en la Provincia.
Esa remesa de Bocade fue emitida en enero pasado para pagar sueldos a los estatales. El Gobierno se había comprometido a rescatar ese monto a 120 días, es decir, hasta este mes.Como los problemas financieros se agudizaron, el gobernador Julio Miranda dictó otro decreto para ampliar el plazo.
Posición distinta
Esa pretensión oficial contrasta con la postura que adoptarán algunos legisladores, incluidos los oficialistas.
En la Cámara no ratificarían la norma pero, para que no colapse el sistema financiero, promoverían una ley para obligar al PE a rescatar $10 millones en los próximos cuatro meses y otra suma similar hasta fines de año.
La iniciativa contemplaría, además, que la primera destrucción de moneda espuria se haga a los 30 días de sancionada la norma, pero liberaría al Ministerio de Economía para que defina el mecanismo de rescate y los porcentajes de papeles a inutilizar.
"El retiro parcial de bonos daría más confianza al mercado y a los comerciantes y se podría comenzar con esos $20 millones", reconoció ayer a LA GACETA Osvaldo Jaldo (PJ) presidente subrogante de la Legislatura.
El proyecto, según algunos parlamentarios, pretende constituirse en una solución y no en un problema al delicado tema de los bonos.
Hasta ahora, el PE postergó una decisión respecto del rescate de Bocade hasta julio próximo, siempre y cuando la Provincia obtenga una ayuda financiera externa, con la firma del pacto fiscal con la Nación.
Una de las alternativas que se estudia es que la acumulación de bonos a inutilizar se haga a través de los billetes que ingresan por el cobro de impuestos.
En tres o cuatro meses, los legisladores creen que pueden sacar de circulación la primera tanda, ya que el 30% de la recaudación de Rentas (unos $3 millones) corresponde a los Bocade.
Problema político
Pese a que, en esencia, la idea de rescatar bonos de cancelación de deudas responde a un interés común, en ámbitos legislativos se conjeturó que la no ratificación del decreto -no tiene dictamen de la comisión de Hacienda- es un problema político. Respondería al distanciamiento que existe entre el bloque oficialista y los funcionarios del PE.
Obligación
Esta semana la Legislatura trataría un proyecto de ley que contempla la destrucción de bonos de cancelación de deudas (Bocade) a los 30 días de aprobada la norma. Si bien se arguye que la idea tiende a mejorar la situación del mercado, se interpreta que la medida es consecuencia del distanciamiento entre el bloque oficialista y el Gobierno.
La iniciativa realmente inquieta al Poder Ejecutivo, ya que sus autoridades habían condicionado el rescate de los Bocade a la posible ayuda que obtenga la Provincia con la firma del Pacto Fiscal con la Nación. Para ello, el PE dictó el decreto de necesidad y urgencia que dispone la prórroga del plazo de rescate de $20 millones en bonos, que vence este mes.
La intención de los legisladores es no ratificar ese decreto. En cambio, sancionarían una ley para evitar que colapse el sistema financiero. Consiste en obligar al Ejecutivo a rescatar $10 millones en bonos en los próximos cuatro meses, y una suma similar hasta fin de año. Además, lo emplazarían para que destruya la moneda espuria en un mes.
La iniciativa libera al Ministerio de Economía para que resuelva el mecanismo de rescate y los porcentajes de los papeles a inutilizar. Una de las alternativas que se barajan es la inutilización de los bonos que ingresan por el cobro de impuestos.
Según el legislador justicialista Osvaldo Jaldo, la medida daría más confianza al mercado.
Con la eliminación de la moneda espuria coincide la Federación Económica de Tucumán (FET). La entidad sostiene que disminuyendo el circulante en Bocade se normalizaría la operatoria de canje. Entiende que hasta fin de año, el PE debe rescatar $70 millones en bonos para recuperar la confianza del Bocade.
Esa remesa de Bocade fue emitida en enero pasado para pagar sueldos a los estatales. El Gobierno se había comprometido a rescatar ese monto a 120 días, es decir, hasta este mes.Como los problemas financieros se agudizaron, el gobernador Julio Miranda dictó otro decreto para ampliar el plazo.
Posición distinta
Esa pretensión oficial contrasta con la postura que adoptarán algunos legisladores, incluidos los oficialistas.
En la Cámara no ratificarían la norma pero, para que no colapse el sistema financiero, promoverían una ley para obligar al PE a rescatar $10 millones en los próximos cuatro meses y otra suma similar hasta fines de año.
La iniciativa contemplaría, además, que la primera destrucción de moneda espuria se haga a los 30 días de sancionada la norma, pero liberaría al Ministerio de Economía para que defina el mecanismo de rescate y los porcentajes de papeles a inutilizar.
"El retiro parcial de bonos daría más confianza al mercado y a los comerciantes y se podría comenzar con esos $20 millones", reconoció ayer a LA GACETA Osvaldo Jaldo (PJ) presidente subrogante de la Legislatura.
El proyecto, según algunos parlamentarios, pretende constituirse en una solución y no en un problema al delicado tema de los bonos.
Hasta ahora, el PE postergó una decisión respecto del rescate de Bocade hasta julio próximo, siempre y cuando la Provincia obtenga una ayuda financiera externa, con la firma del pacto fiscal con la Nación.
Una de las alternativas que se estudia es que la acumulación de bonos a inutilizar se haga a través de los billetes que ingresan por el cobro de impuestos.
En tres o cuatro meses, los legisladores creen que pueden sacar de circulación la primera tanda, ya que el 30% de la recaudación de Rentas (unos $3 millones) corresponde a los Bocade.
Problema político
Pese a que, en esencia, la idea de rescatar bonos de cancelación de deudas responde a un interés común, en ámbitos legislativos se conjeturó que la no ratificación del decreto -no tiene dictamen de la comisión de Hacienda- es un problema político. Respondería al distanciamiento que existe entre el bloque oficialista y los funcionarios del PE.
Obligación
Esta semana la Legislatura trataría un proyecto de ley que contempla la destrucción de bonos de cancelación de deudas (Bocade) a los 30 días de aprobada la norma. Si bien se arguye que la idea tiende a mejorar la situación del mercado, se interpreta que la medida es consecuencia del distanciamiento entre el bloque oficialista y el Gobierno.
La iniciativa realmente inquieta al Poder Ejecutivo, ya que sus autoridades habían condicionado el rescate de los Bocade a la posible ayuda que obtenga la Provincia con la firma del Pacto Fiscal con la Nación. Para ello, el PE dictó el decreto de necesidad y urgencia que dispone la prórroga del plazo de rescate de $20 millones en bonos, que vence este mes.
La intención de los legisladores es no ratificar ese decreto. En cambio, sancionarían una ley para evitar que colapse el sistema financiero. Consiste en obligar al Ejecutivo a rescatar $10 millones en bonos en los próximos cuatro meses, y una suma similar hasta fin de año. Además, lo emplazarían para que destruya la moneda espuria en un mes.
La iniciativa libera al Ministerio de Economía para que resuelva el mecanismo de rescate y los porcentajes de los papeles a inutilizar. Una de las alternativas que se barajan es la inutilización de los bonos que ingresan por el cobro de impuestos.
Según el legislador justicialista Osvaldo Jaldo, la medida daría más confianza al mercado.
Con la eliminación de la moneda espuria coincide la Federación Económica de Tucumán (FET). La entidad sostiene que disminuyendo el circulante en Bocade se normalizaría la operatoria de canje. Entiende que hasta fin de año, el PE debe rescatar $70 millones en bonos para recuperar la confianza del Bocade.
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