La sede legislativa costó $ 124,8 millones, según el PE

“No se oculta nada, todo fue transparente y los documentos sobre las obras del nuevo edificio de la Legislatura están a la vista”. Así lo dijo a LA GACETA el fiscal de Estado, Daniel Leiva, en referencia al proceso judicial iniciado por Juan Roberto Robles para que se conozca la totalidad de las contrataciones relativas al edificio. Robles acudió al fuero contencioso porque, argumentó, la Provincia no rindió los gastos producidos para la construcción del inmueble de Muñecas 951.

Junto con el fiscal adjunto, Federico Nazur, indicó que el recurso de casación que interpusieron contra la sentencia de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se debió a que la consideran arbitraria e infundada. Los informes producidos por el Estado -indicó- pusieron a disposición de la Justicia toda la información pública necesaria para conocer acabadamente todas las erogaciones realizadas para la construcción de la sede legislativa.

“De allí que consideramos arbitraria la sentencia que atribuye a la Provincia proporcionar ‘información sesgada’, ‘únicamente referida a diario de sesiones y boletines oficiales’ y ‘falta de interés en dar cumplimiento a lo solicitado’; nada más lejos de la realidad y de lo que consta en el mismo expediente que motiva el pronunciamiento infundado”, dijo.

Indicó que el proyecto del nuevo edificio fue elaborado por el estudio de arquitectura “Peralta Ramos”, contratado por el Poder Legislativo de acuerdo a la Ley 7.955; “aprobada por unanimidad”. Recuerda que el Tribunal de Cuentas (TC) concluyó (acuerdo 433/2009) que “se trata de una información completa, clara, detallada y lo suficiente ordenada que permitirá la ejecución, inspección, control y seguimiento de la obra a contratar”.

Leiva mencionó que los informes de gastos en todas las etapas fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas en 21 acuerdos, “que constan en el expediente que se tramitó ante la sala III de la Cámara Contencioso Administrativa y por el cual se condenara a la Provincia, de manera insólita, a informar las rendiciones de cuentas practicadas”. Acotó que los acuerdos del TC son públicos.

El fiscal de Estado recordó que fue la propia Legislatura la que presentó ante la Justicia un detallado informe de gastos y rendiciones de cuentas, “que consta en el expediente, fojas 261 a 269”. Apuntó que se puso en conocimiento de la Cámara Contencioso que se siguió el protocolo de la ley de Obras Públicas respecto del pago de trabajos ejecutados por Tensolite SA.

Para abundar en precisiones, el funcionario señaló que se adjuntaron planillas con los detalles de cada uno de los certificados ordinarios de obra y de redeterminación de precios que se produjeron y pagaron. Mencionó que el presupuesto oficial fue por $ 92,8 millones (decreto 0059-A/2009), la adjudicación por $ 92,5 millones (0115-A/2009), contrato más modificaciones por $ 93,1 millones (0734-A/2010), redeterminaciones por $ 22,8 millones (varias resoluciones de distintas fechas) y obra nueva por $ 8,8 millones (0203-A/2011). El total fue de $ 124,8 millones.

“Sumado a lo expuesto, la Provincia, dentro del mismo marco de arbitrariedad, ha sido condenada en costas”, añadió.

Los antecedentes
El Poder Ejecutivo interpuso había interpuesto un recurso de casación para solicitarle a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que revoque la resolución de Sergio Gandur (hijo del presidente del alto tribunal, Antonio Gandur) y de Ebe López Piossek. Esto, luego de que el dirigente radical Robles haya concurrido al fuero contencioso debido a que, según argumentó, la Provincia no había rendido los gastos producidos por la construcción del inmueble de la Cámara. Cuestionó además la postura del Gobierno provincial respecto a la falta de difusión de datos. E instó al tribunal a que “se haga cesar el estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad o no del accionar del PE, al no rendir cuentas sobre la obra”.

La contratación directa del proyecto, de la realización y del equipamiento fue habilitada por la Legislatura en junio de 2008, mediante la sanción de la ley N° 8.073. En aquella sesión, sólo el radical José Cano -entonces legislador y hoy funcionario macrista- se opuso a las facultades conferidas por el cuerpo colegiado a Juan Manzur. El hoy gobernador, en esos momentos, era presidente del cuerpo colegiado. Gracias a las potestades otorgadas por las normas, Manzur le adjudicó la construcción del inmueble a Tensolite SA. En 2011, el radical Robles había planteado una acción meramente declarativa. Ahora, El PE intenta revertir el fallo del fuero contencioso.