Toda crisis institucional, social o electoral siempre concluye en una reforma política. Es de manual; tanto como que cada nuevo gobernante venga con su carpetita de cambios bajo el brazo con propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema democrático. Es que las crisis, además de servir de excusa a gestores deficientes, siempre representan una buena oportunidad para los conductores temerarios. Así, todo cambio se justifica: están dirigidos a reorganizar a las comunidades, a mejorar la calidad de vida y a garantizar la calidad institucional. Sin embargo, hay travesuras y contraindicaciones en algunas de las iniciativas, ya que tienen beneficiarios colaterales a causa de los de los intersticios o vacíos legales -algunos exprofeso- que dejan las propuestas que se promueven. Ya analizaremos algunos casos específicos, como la interesada longevidad veinteañera de los partidos políticos provinciales o la picardía escondida del cupo femenino que garantiza la presencia del 30% de mujeres en las listas, pero no en los organismos legislativos.
Veamos algunos ejemplos. La modificación de la Constitución de 1990 -que nació a la luz de la crisis política de la provincia en los 80- introdujo un beneficio directo para la dirigencia que en 2006 ocupaba un cargo legislativo o ejecutivo: les abrió la puerta para mantenerse 12 años en sus puestos de lucha, no cuatro como establecía la Carta Magna del 90 u ocho años como lo fijó la de 2006. Es que una picardía inhabilitó el mandato 2003-2007 y se contabilizó el de 2007-2011 como el primero para una futura y única reelección. ¡Avivadas reformista si las hay, y a plena luz del día! No hubo reelección indefinida porque -tal vez- la desvergüenza no llegaba a tanto. En esa época, claro.
Otro. La derrota del kirchnerismo en los comicios nacionales de junio de 2009 -Kirchner sucumbió ante De Narváez en Buenos Aires y el FpV perdió la mayoría en las dos cámaras del Congreso- llevó a Cristina Fernández realizar una sorpresiva movida el 9 de julio posterior en Tucumán: anunció la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La iniciativa concluyó en la ley 26.571, conocida como de “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, que alteró las leyes orgánica (23.298) y de financiamiento (26.215) de los partidos políticos. Se apuntó, por ese entonces, que el objetivo era impedir que “políticos ricos”, como De Narváez, hiciesen campaña con recursos que no se podían controlar. Se acotó el margen de maniobra económica del opositor. U opositores.
La crisis electoral de 2015, donde oficialismo y oposición -a raíz de comicios en donde pasó de todo- se enfrentaron no sólo en las urnas sino también en la Justicia; derivó en la iniciativa “Tucumán dialoga, mesa de encuentro para la reforma política”. Las elecciones dividieron a la sociedad, hubo plazas de ambos lados, la grieta fue visible, tanto que obligaron a las nuevas autoridades provinciales a recoger el guante que arrojaba la ciudadanía a sus representantes: la de rescatar el diálogo como herramienta de acercamiento y apuntalar al consenso como instrumento de acuerdos para tranquilizar una sociedad enfrentada a niveles de barra brava. Es la iniciativa con propuestas reformistas conque llegó el nuevo gobierno peronista.
Cabe preguntar si una reforma política puede atenuar esa grieta. Por de pronto, la iniciativa del Poder Ejecutivo encontró eco y acompañamiento en organizaciones políticas, sociales, económicas, sindicales y hasta religiosas. El resultado de los cientos de aportes que se hizo llegar a la Casa de Gobierno será entregado el martes a los legisladores para que, eventualmente, sirvan de base a una futura reforma política nacida del diálogo y del consenso parlamentario. ¿Será? El bloque oficialista (Tucumán Crece) tiene los números suficientes (31 sobre 49) como para imponer los cambios que desee, al igual que sucedió con Fuerza Republicana en 1990 o con el alperovichismo en 2006. Hasta para impulsar la reelección eterna.
Lo cierto es que se deberían contemplar nuevas leyes, algunas vinculadas al control de gastos no sólo los electorales, sino los de financiación de la actividad política en general, incluyendo al de los polémicos “gastos sociales”. O en la modificación de otras normas, como la 5.454 (orgánica de partidos políticos provinciales) para reducir los acoples (en la votación de agosto hubo más de 1.450 listas colectoras), o para respetar la letra constitucional, que en 2006 impulsó la implementación del voto electrónico en su artículo 43 (ya pasaron 10 años y no se reglamentó su aplicación). Y hasta contemplar una posible alteración del texto de la Carta Magna. Si lo que se quiere es una modificación total, entonces, hay que reformar la Constitución, advirtió el legislador Marcelo Caponio; mentor del sistema de acople incorporado en la letra constitucional (inciso 12, artículo 43). Algunas de las preocupaciones recepcionadas por el Gobierno en este proyecto reformista pasan centralmente por transparentar el origen de los dineros que financian los partidos políticos, por la eliminación de la boleta papel y la aplicación del voto electrónico -algo que impulsa el macrismo para los comicios nacionales de 2017- e imponer restricciones a las colectoras o condicionamientos a los partidos políticos para que no haya una participación masiva en las elecciones -como ser requisitos para inscribirse, para obtener personería, cantidad de afiliados necesarios y de avales para iniciar los trámites de reconocimiento, etc.-.
Como lo deslizó la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, no se trata de acoples sí o acoples no. No puede ser tan básico el resultado final de la iniciativa. La posible reforma debe ir mucho más allá, y no agotarse en lo electoral, por más que las repercusiones negativas de las elecciones provinciales del año pasado hayan sido el germen para lanzar la iniciativa. Es una oportunidad, como toda crisis; y como toda crisis también sirve para cualquier excusa o picardía escondida en los párrafos de las leyes o por la ausencia de palabras en las normas a concretarse.
En ese marco se puede el cupo femenino. La ley nacional 24.012, de noviembre de 1991, estableció: las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. O sea, ninguna nomina de postulantes puede violar esta condición. Sí o sí debe haber un 30% de mujeres. Hace poco, el Día de la Mujer -el 8 de marzo-, la diputada nacional Mayra Mendoza (FpV) presentó un proyecto para equiparar la representación de mujeres y hombres. Aspira a un fifty-fifty, un 50% de cada género. Ahora bien, una vez electos, en caso de renuncia de una parlamentaria nacional, la ley de cupo no sirve a los fines de garantizar la presencia de mujeres en ese porcentaje en el Congreso. Es que para esta situación no se usa la ley de cupo sino que se aplica el artículo 164 del Código Electoral Nacional (CEN), que fija que en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un diputado nacional lo sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido. O sea, dimite una mujer, asume un hombre.
Cabe decir que el CEN fue sancionado durante la dictadura, el 18 de agosto de 1983 y lleva las firmas de Reynaldo Bignone y de Llamil Reston. Ahora bien, después de la ley de cupo, en 1991, se le introdujeron cambios al CEN en 1995, pero no al artículo 164. He ahí un “descuido” o picardía en la que cayeron “desprevenidamente” las mujeres; ya que el 30% vale para la presentación de las listas, pero no para los electos. Con sólo alterarlo y decir que debe respetarse el cupo femenino, las mujeres podrían festejar. Artículo “machista”. En la quiniela, el “64” es “llanto”.
Veamos a un ejemplo: si se hubiera verificado la renuncia de la diputada radical María Teresita Villavicencio (ApB) a la banca, por ley debería haber asumido Luis Sacca; y no la massista Mariela Domenichelli, que integró la nómina opositora y que hizo un planteo por el cupo femenino ante la Justicia. Hay antecedentes al respecto; un fallo de 2001 de la Cámara Electoral Nacional, con las firmas de Rodolfo Munne, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, en un caso exactamente igual: Estela Mary Funes, candidata a diputada nacional por Acción Popular (Córdoba) reclamó ocupar el cargo de la postulante electa Susana del Valle Gallo, por haber renunciado esta al cargo. La resolución judicial señaló que el cupo femenino tenía validez para antes de los comicios, y que una vez electos, debía aplicarse el artículo 164 del CNE. Hecha la ley ... Como diría la inolvidable Tita Merello, “muchachas mías”, a fijarse.
El de los partidos veinteañeros es otra picardía legal. En 2014, la Legislatura sancionó una ley por la que se modificó el inciso 3 del artículo 56 de la ley 5.454, referido a la caducidad de la personería jurídica de un partido político en caso de no alcanzar el 3% del respectivo padrón electoral en dos elecciones sucesivas. Con el cambio se elevó de dos a cinco las elecciones sucesivas, con lo que se alargaba la vida partidaria a 20 años, cualquiera sea la cantidad de votos recogidos. ¿Para qué?: para alquilarlos o venderlos. Ya se dijo. Esto sí afecta el acople, porque con tantas organizaciones políticas se multiplican las listas colectoras. El sistema de acoples ha desbordado los márgenes de razonabilidad respecto de la proliferación de partidos políticos afectando el proceso electoral de forma negativa, advirtió la Junta Electoral Provincial, en un informe que llegó al “Tucumán dialoga ...”. La iniciativa del Gobierno puede concluir en reforma, claro que hay que observar lo que se aprueba, porque los cambios a veces vienen con algunas travesuras camufladas de ventajas.
Detalle curioso del “Tucumán dialoga ...”: el texto final tiene cientos de aportes, pero el PJ y la UCR no hicieron llegar ninguna propuesta, el partido del Gobierno y el principal de la oposición. ¿Sospechosa coincidencia? Veremos cómo sale -si sale- la reforma.
Veamos algunos ejemplos. La modificación de la Constitución de 1990 -que nació a la luz de la crisis política de la provincia en los 80- introdujo un beneficio directo para la dirigencia que en 2006 ocupaba un cargo legislativo o ejecutivo: les abrió la puerta para mantenerse 12 años en sus puestos de lucha, no cuatro como establecía la Carta Magna del 90 u ocho años como lo fijó la de 2006. Es que una picardía inhabilitó el mandato 2003-2007 y se contabilizó el de 2007-2011 como el primero para una futura y única reelección. ¡Avivadas reformista si las hay, y a plena luz del día! No hubo reelección indefinida porque -tal vez- la desvergüenza no llegaba a tanto. En esa época, claro.
Otro. La derrota del kirchnerismo en los comicios nacionales de junio de 2009 -Kirchner sucumbió ante De Narváez en Buenos Aires y el FpV perdió la mayoría en las dos cámaras del Congreso- llevó a Cristina Fernández realizar una sorpresiva movida el 9 de julio posterior en Tucumán: anunció la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La iniciativa concluyó en la ley 26.571, conocida como de “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, que alteró las leyes orgánica (23.298) y de financiamiento (26.215) de los partidos políticos. Se apuntó, por ese entonces, que el objetivo era impedir que “políticos ricos”, como De Narváez, hiciesen campaña con recursos que no se podían controlar. Se acotó el margen de maniobra económica del opositor. U opositores.
La crisis electoral de 2015, donde oficialismo y oposición -a raíz de comicios en donde pasó de todo- se enfrentaron no sólo en las urnas sino también en la Justicia; derivó en la iniciativa “Tucumán dialoga, mesa de encuentro para la reforma política”. Las elecciones dividieron a la sociedad, hubo plazas de ambos lados, la grieta fue visible, tanto que obligaron a las nuevas autoridades provinciales a recoger el guante que arrojaba la ciudadanía a sus representantes: la de rescatar el diálogo como herramienta de acercamiento y apuntalar al consenso como instrumento de acuerdos para tranquilizar una sociedad enfrentada a niveles de barra brava. Es la iniciativa con propuestas reformistas conque llegó el nuevo gobierno peronista.
Cabe preguntar si una reforma política puede atenuar esa grieta. Por de pronto, la iniciativa del Poder Ejecutivo encontró eco y acompañamiento en organizaciones políticas, sociales, económicas, sindicales y hasta religiosas. El resultado de los cientos de aportes que se hizo llegar a la Casa de Gobierno será entregado el martes a los legisladores para que, eventualmente, sirvan de base a una futura reforma política nacida del diálogo y del consenso parlamentario. ¿Será? El bloque oficialista (Tucumán Crece) tiene los números suficientes (31 sobre 49) como para imponer los cambios que desee, al igual que sucedió con Fuerza Republicana en 1990 o con el alperovichismo en 2006. Hasta para impulsar la reelección eterna.
Lo cierto es que se deberían contemplar nuevas leyes, algunas vinculadas al control de gastos no sólo los electorales, sino los de financiación de la actividad política en general, incluyendo al de los polémicos “gastos sociales”. O en la modificación de otras normas, como la 5.454 (orgánica de partidos políticos provinciales) para reducir los acoples (en la votación de agosto hubo más de 1.450 listas colectoras), o para respetar la letra constitucional, que en 2006 impulsó la implementación del voto electrónico en su artículo 43 (ya pasaron 10 años y no se reglamentó su aplicación). Y hasta contemplar una posible alteración del texto de la Carta Magna. Si lo que se quiere es una modificación total, entonces, hay que reformar la Constitución, advirtió el legislador Marcelo Caponio; mentor del sistema de acople incorporado en la letra constitucional (inciso 12, artículo 43). Algunas de las preocupaciones recepcionadas por el Gobierno en este proyecto reformista pasan centralmente por transparentar el origen de los dineros que financian los partidos políticos, por la eliminación de la boleta papel y la aplicación del voto electrónico -algo que impulsa el macrismo para los comicios nacionales de 2017- e imponer restricciones a las colectoras o condicionamientos a los partidos políticos para que no haya una participación masiva en las elecciones -como ser requisitos para inscribirse, para obtener personería, cantidad de afiliados necesarios y de avales para iniciar los trámites de reconocimiento, etc.-.
Como lo deslizó la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, no se trata de acoples sí o acoples no. No puede ser tan básico el resultado final de la iniciativa. La posible reforma debe ir mucho más allá, y no agotarse en lo electoral, por más que las repercusiones negativas de las elecciones provinciales del año pasado hayan sido el germen para lanzar la iniciativa. Es una oportunidad, como toda crisis; y como toda crisis también sirve para cualquier excusa o picardía escondida en los párrafos de las leyes o por la ausencia de palabras en las normas a concretarse.
En ese marco se puede el cupo femenino. La ley nacional 24.012, de noviembre de 1991, estableció: las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. O sea, ninguna nomina de postulantes puede violar esta condición. Sí o sí debe haber un 30% de mujeres. Hace poco, el Día de la Mujer -el 8 de marzo-, la diputada nacional Mayra Mendoza (FpV) presentó un proyecto para equiparar la representación de mujeres y hombres. Aspira a un fifty-fifty, un 50% de cada género. Ahora bien, una vez electos, en caso de renuncia de una parlamentaria nacional, la ley de cupo no sirve a los fines de garantizar la presencia de mujeres en ese porcentaje en el Congreso. Es que para esta situación no se usa la ley de cupo sino que se aplica el artículo 164 del Código Electoral Nacional (CEN), que fija que en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un diputado nacional lo sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido. O sea, dimite una mujer, asume un hombre.
Cabe decir que el CEN fue sancionado durante la dictadura, el 18 de agosto de 1983 y lleva las firmas de Reynaldo Bignone y de Llamil Reston. Ahora bien, después de la ley de cupo, en 1991, se le introdujeron cambios al CEN en 1995, pero no al artículo 164. He ahí un “descuido” o picardía en la que cayeron “desprevenidamente” las mujeres; ya que el 30% vale para la presentación de las listas, pero no para los electos. Con sólo alterarlo y decir que debe respetarse el cupo femenino, las mujeres podrían festejar. Artículo “machista”. En la quiniela, el “64” es “llanto”.
Veamos a un ejemplo: si se hubiera verificado la renuncia de la diputada radical María Teresita Villavicencio (ApB) a la banca, por ley debería haber asumido Luis Sacca; y no la massista Mariela Domenichelli, que integró la nómina opositora y que hizo un planteo por el cupo femenino ante la Justicia. Hay antecedentes al respecto; un fallo de 2001 de la Cámara Electoral Nacional, con las firmas de Rodolfo Munne, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, en un caso exactamente igual: Estela Mary Funes, candidata a diputada nacional por Acción Popular (Córdoba) reclamó ocupar el cargo de la postulante electa Susana del Valle Gallo, por haber renunciado esta al cargo. La resolución judicial señaló que el cupo femenino tenía validez para antes de los comicios, y que una vez electos, debía aplicarse el artículo 164 del CNE. Hecha la ley ... Como diría la inolvidable Tita Merello, “muchachas mías”, a fijarse.
El de los partidos veinteañeros es otra picardía legal. En 2014, la Legislatura sancionó una ley por la que se modificó el inciso 3 del artículo 56 de la ley 5.454, referido a la caducidad de la personería jurídica de un partido político en caso de no alcanzar el 3% del respectivo padrón electoral en dos elecciones sucesivas. Con el cambio se elevó de dos a cinco las elecciones sucesivas, con lo que se alargaba la vida partidaria a 20 años, cualquiera sea la cantidad de votos recogidos. ¿Para qué?: para alquilarlos o venderlos. Ya se dijo. Esto sí afecta el acople, porque con tantas organizaciones políticas se multiplican las listas colectoras. El sistema de acoples ha desbordado los márgenes de razonabilidad respecto de la proliferación de partidos políticos afectando el proceso electoral de forma negativa, advirtió la Junta Electoral Provincial, en un informe que llegó al “Tucumán dialoga ...”. La iniciativa del Gobierno puede concluir en reforma, claro que hay que observar lo que se aprueba, porque los cambios a veces vienen con algunas travesuras camufladas de ventajas.
Detalle curioso del “Tucumán dialoga ...”: el texto final tiene cientos de aportes, pero el PJ y la UCR no hicieron llegar ninguna propuesta, el partido del Gobierno y el principal de la oposición. ¿Sospechosa coincidencia? Veremos cómo sale -si sale- la reforma.
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