16 Marzo 2016 Seguir en 
El oficialismo acordó hasta último momento con el Frente Renovador (FR) y el bloque Justicialista reformas al dictamen de mayoría que ya había tenido sustanciales modificaciones para limitar el endeudamiento solo al pago de los “fondos buitre”, así como el tope a las comisiones que podrán cobrar los bancos y los intermediarios por la colocación de los nuevos bonos de deuda.
El diputado nacional y referente del FR, Sergio Massa, dijo ayer que junto a su compañero de bancada, Marco Lavagna, estuvo reunido en la jornada con el secretario de Finanzas, Luis Caputo, para definir los cambios a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), entre los que se destacó una cláusula que funcionará como un cepo de litigio a los acreedores.
“Se incluyó una cláusula que anticipa que aquellos que cobran no puede litigar. Además, se resolvió limitar el endeudamiento de la Argentina, aún no se definió si será U$S 12.000 millones o U$S 12.500 millones”, señaló Massa, quien confirmó previo a la votación la aprobación al proyecto del Ejecutivo.
El equipo económico del Gobierno prevé que se necesitarán U$S 11.684 millones para cumplir con el pago a los acreedores que aceptaron la oferta de Argentina.
Otra variante que se estableció en la norma fue que la ley quedó supeditada a la sentencia efectiva. Eso significa que si no hay fallo judicial firme de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la ley no se puede aplicar.
“Acordamos un cambio para garantizar que el acuerdo se haga en el marco de una ley seria que dé garantías. La modificación consiste en que el acuerdo con los holdouts quede condicionado a que quede firme el fallo de la Justicia estadounidense”, explicó en un contacto con la prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, según consignó la agencia de noticias DyN.
El Gobierno aceptó también incluir que los nuevos bonos sean emitidos con cláusulas de acción colectiva de manera obligatoria. Ello permitiría, según la finalidad de las reformas, cubrir al país frente a nuevas demandas.
Además, se modificó el artículo 5 que establece que el pago se realice después del “levantamiento automático y efectivo de las órdenes Pari Passu”.
Las fuerzas políticas también consensuaron mayores controles. El Gobierno accedió al pedido del Socialismo, que planteó aumentar las atribuciones que tiene la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, con un seguimiento permanente. Inclusive, se facultó al Congreso a “fiscalizar” el manejo de los fondos para que no se destinen a gastos corrientes. El massismo requirió que se emita un informe cada tres meses.
El diputado nacional y referente del FR, Sergio Massa, dijo ayer que junto a su compañero de bancada, Marco Lavagna, estuvo reunido en la jornada con el secretario de Finanzas, Luis Caputo, para definir los cambios a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), entre los que se destacó una cláusula que funcionará como un cepo de litigio a los acreedores.
“Se incluyó una cláusula que anticipa que aquellos que cobran no puede litigar. Además, se resolvió limitar el endeudamiento de la Argentina, aún no se definió si será U$S 12.000 millones o U$S 12.500 millones”, señaló Massa, quien confirmó previo a la votación la aprobación al proyecto del Ejecutivo.
El equipo económico del Gobierno prevé que se necesitarán U$S 11.684 millones para cumplir con el pago a los acreedores que aceptaron la oferta de Argentina.
Otra variante que se estableció en la norma fue que la ley quedó supeditada a la sentencia efectiva. Eso significa que si no hay fallo judicial firme de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la ley no se puede aplicar.
“Acordamos un cambio para garantizar que el acuerdo se haga en el marco de una ley seria que dé garantías. La modificación consiste en que el acuerdo con los holdouts quede condicionado a que quede firme el fallo de la Justicia estadounidense”, explicó en un contacto con la prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, según consignó la agencia de noticias DyN.
El Gobierno aceptó también incluir que los nuevos bonos sean emitidos con cláusulas de acción colectiva de manera obligatoria. Ello permitiría, según la finalidad de las reformas, cubrir al país frente a nuevas demandas.
Además, se modificó el artículo 5 que establece que el pago se realice después del “levantamiento automático y efectivo de las órdenes Pari Passu”.
Las fuerzas políticas también consensuaron mayores controles. El Gobierno accedió al pedido del Socialismo, que planteó aumentar las atribuciones que tiene la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, con un seguimiento permanente. Inclusive, se facultó al Congreso a “fiscalizar” el manejo de los fondos para que no se destinen a gastos corrientes. El massismo requirió que se emita un informe cada tres meses.







