La Legislatura mantiene una compleja relación con la Justicia. Formalmente, el trato entre las respectivas cúpulas discurre por canales de cordialidad, pero las investigaciones, las marchas y contramarchas por el Consejo Asesor de la Magistratura; la demora en el tratamiento de pliegos y los pedidos de informes varios de la Cámara (funcionamiento de juzgados y erogaciones realizadas en diversas cuentas) muestran otra cara.
Con frecuencia, legisladores del PJ afirman que la Justicia penal es manejada políticamente por opositores al gobernador Julio Miranda. Ahora, altos referentes peronistas admiten que la estrategia parlamentaria desarrollada hasta ahora en este ámbito ha fracasado. En ese análisis, deslizan críticas hacia el vicegobernador Sisto Terán, a quien responsabilizan de la ruta judicial elegida en las dos causas más conflictivas: los gastos de bloque de mediados de 2001 y la presunta compra de voluntades para habilitar la reforma de la Constitución provincial.
Ambas causas muestran puntos de coincidencia (ver infografía). Actuaron el mismo fiscal y el mismo juez; la denuncia fue realizada por un dirigente de FR; hubo fuertes cruces procesales con Terán y el expediente quedó archivado hasta que los legisladores sospechados de irregularidades dejen de estar amparados por los fueros constitucionales.Para mañana, a las 20.30, Faro Ciudadano convoca a una concentración en la plaza Independencia, para repudiar a quienes rechazaron el desafuero.
Facultades para el juez
Desde la Cámara, se intentará recomponer lazos con la sociedad. Se decidió avanzar en una ley para la adhesión de Tucumán a la normativa nacional sobre investigación judicial a legisladores, sin violar los fueros. Este tema podría ser tratado incluso en la sesión del martes, que es la continuidad del debate comenzado la semana pasada. El paso consistiría en modificar el Código Procesal Penal de Tucumán para ampliar la facultad del juez, incluso para tomar declaraciones testimoniales a los legisladores, y se ampliaría el plazo de 60 días de la investigación. Pero para imputar un delito se deberá pedir primero el desafuero.
El martes se debería tratar la postulación de Daniel Marranzino como fiscal de Cámara, que lleva ya 18 meses en la Legislatura, y es el máximo ejemplo de la mora en cubrir vacantes. Su pliego fue retirado y vuelto a presentar el año pasado, y superó airoso todos los pasos legales. Cuenta con el dictamen favorable de la comisión de Acuerdos desde hace un año (fue reiterado en febrero pasado), y su diploma llegó en tres oportunidades al recinto.
En el temario pendiente también aparecen los pliegos de Enzo Espasa como camarista laboral de Concepción y de María Teresa Torres para un juzgado de Cobro y Apremios de la capital.
Jaldo detalló sus ingresos anuales
El presidente subrogante de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, sacó a la luz sus ingresos anuales denunciados ante la AFIP para justificar la compra de una camioneta Mitsubishi de 38.000 pesos, que aparece en la causa judicial por coimas para la sanción de la reforma constitucional.
Entre 1999 (cuando asumió como legislador) y el año pasado, Jaldo reconoció ante la AFIP ganancias por un total superior a los 210.000 pesos. "Por error u omisión, en la Justicia no se ha querido diferenciar entre los distintos legisladores, en una causa con alto contenido político. Soy un rival de posibles candidatos y la única forma de limar mi trayectoria es con esta clase de denuncias", planteó.
El mirandista resaltó que no tiene caja de ahorros, plazos fijos ni dinero en el corralito; que no viajó al exterior, y que sus recursos están volcados a la producción. "Me obligaron a transparentar mis bienes cuando la sociedad está sensibilizada", se quejó.
"Posiblemente los legisladores defraudamos a la sociedad", admitió Jaldo. "Pero el descrédito también alcanzó a parte de la Justicia por una campaña publicitaria extraordinaria de desprestigio contra la Cámara, que montaron el fiscal Esteban Jerez y el juez Víctor Pérez", aseveró.
El legislador confirmó que en la Cámara se evalúa la adhesión a la ley nacional de fueros parlamentarios, que permitiría a la Justicia investigar con mayor amplitud, sin los límites actuales. Jaldo adelantó que recusará a Pérez, "porque no le otorga garantías a ningún ciudadano".
"El incremento patrimonial no es delito, salvo que sea injustificado. Puedo demostrar que mi situación económica deriva de mi actividad como agricultor. La dieta de legislador representa sólo el 9% de mis ingresos", dijo.
Iriarte cuestionó un pedido a Pérez
El pedido formal del legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse al juez penal Víctor Pérez, para que lo investigue por el cobro de presuntas coimas, fue descalificado por el constitucionalista Luis Iriarte.
"Vargas Aignasse invoca la ley nacional 25.320 para que Pérez lo cite a declarar como imputado, en una presentación ingeniosa pero lesiva de la formación jurídica de los tucumanos. El Código Procesal Penal de la Provincia obliga al juez desairado en su pedido de desafuero a archivar las actuaciones, mientras que la normativa nacional lo habilita a seguir adelante con el proceso judicial", explicó el especialista.Iriarte advirtió que "el legislador pide que se desobedezca la ley local, por lo que incurre en una grave e inexcusable ignorancia del derecho y se expone a un juicio político de destitución". "Vargas Aignasse sabe que el único modo de defender su buen nombre y honra, gravemente lesionados en esta causa penal, es renunciando en forma indeclinable a su banca. Sin privilegios, el juez podrá atender de buen grado su petición", remarcó.
"La sociedad no espera vulgares chicanas, sino gestos de grandeza y de seriedad de su clase política, que transparenten su accionar", subrayó el constitucionalista.
Rocha en Tribunales
Pese a la opinión de Iriarte, el legislador justicialista Edgardo Rocha adelantó que concurrirá mañana a Tribunales para que Pérez realice una amplia investigación sobre su patrimonio.Rocha asumió la banca en diciembre pasado, y recordó que el fiscal Esteban Jerez no lo menciona en su pedido de desafuero. Remarcó que reclamará al juez que emita un pronunciamiento que lo desvincule de todo posible delito de compra de voluntades.
Gutiérrez dijo que no compró ni un alfiler
"No compré ni un alfiler desde que soy legislador". La afirmación pertenece a José Gutiérrez, el presidente de la bancada del Frente Fundacional, quien cuestionó la investigación realizada por el juez Víctor Pérez y reclamó que la Justicia corrija los datos que sobre él existen en el expediente sobre las presuntas coimas en la Cámara.
Gutiérrez negó que la Legislatura haya cometido errores en la presentación del tema ante la sociedad. "No toda la gente está en nuestra contra, es sólo una parte", aseguró.
"En Burruyacu, donde me votaron, todos saben quién soy", sostuvo. "El juez no me da seguridad. Dice que soy boliviano y afirma desconocer mi sexo. También menciona a mi hijo fallecido hace años por leucemia. Son todas irregularidades que deben subsanarse", protestó.
"Pérez me dejó sin palabras cuando nos informó que no va a recibirnos. Quiero presentarme en la Justicia para dar ejemplo de nuestra transparencia, porque muchos legisladores estamos preocupados al no saber por qué se nos acusa", puntualizó.
Con frecuencia, legisladores del PJ afirman que la Justicia penal es manejada políticamente por opositores al gobernador Julio Miranda. Ahora, altos referentes peronistas admiten que la estrategia parlamentaria desarrollada hasta ahora en este ámbito ha fracasado. En ese análisis, deslizan críticas hacia el vicegobernador Sisto Terán, a quien responsabilizan de la ruta judicial elegida en las dos causas más conflictivas: los gastos de bloque de mediados de 2001 y la presunta compra de voluntades para habilitar la reforma de la Constitución provincial.
Ambas causas muestran puntos de coincidencia (ver infografía). Actuaron el mismo fiscal y el mismo juez; la denuncia fue realizada por un dirigente de FR; hubo fuertes cruces procesales con Terán y el expediente quedó archivado hasta que los legisladores sospechados de irregularidades dejen de estar amparados por los fueros constitucionales.Para mañana, a las 20.30, Faro Ciudadano convoca a una concentración en la plaza Independencia, para repudiar a quienes rechazaron el desafuero.
Facultades para el juez
Desde la Cámara, se intentará recomponer lazos con la sociedad. Se decidió avanzar en una ley para la adhesión de Tucumán a la normativa nacional sobre investigación judicial a legisladores, sin violar los fueros. Este tema podría ser tratado incluso en la sesión del martes, que es la continuidad del debate comenzado la semana pasada. El paso consistiría en modificar el Código Procesal Penal de Tucumán para ampliar la facultad del juez, incluso para tomar declaraciones testimoniales a los legisladores, y se ampliaría el plazo de 60 días de la investigación. Pero para imputar un delito se deberá pedir primero el desafuero.
El martes se debería tratar la postulación de Daniel Marranzino como fiscal de Cámara, que lleva ya 18 meses en la Legislatura, y es el máximo ejemplo de la mora en cubrir vacantes. Su pliego fue retirado y vuelto a presentar el año pasado, y superó airoso todos los pasos legales. Cuenta con el dictamen favorable de la comisión de Acuerdos desde hace un año (fue reiterado en febrero pasado), y su diploma llegó en tres oportunidades al recinto.
En el temario pendiente también aparecen los pliegos de Enzo Espasa como camarista laboral de Concepción y de María Teresa Torres para un juzgado de Cobro y Apremios de la capital.
Jaldo detalló sus ingresos anuales
El presidente subrogante de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, sacó a la luz sus ingresos anuales denunciados ante la AFIP para justificar la compra de una camioneta Mitsubishi de 38.000 pesos, que aparece en la causa judicial por coimas para la sanción de la reforma constitucional.
Entre 1999 (cuando asumió como legislador) y el año pasado, Jaldo reconoció ante la AFIP ganancias por un total superior a los 210.000 pesos. "Por error u omisión, en la Justicia no se ha querido diferenciar entre los distintos legisladores, en una causa con alto contenido político. Soy un rival de posibles candidatos y la única forma de limar mi trayectoria es con esta clase de denuncias", planteó.
El mirandista resaltó que no tiene caja de ahorros, plazos fijos ni dinero en el corralito; que no viajó al exterior, y que sus recursos están volcados a la producción. "Me obligaron a transparentar mis bienes cuando la sociedad está sensibilizada", se quejó.
"Posiblemente los legisladores defraudamos a la sociedad", admitió Jaldo. "Pero el descrédito también alcanzó a parte de la Justicia por una campaña publicitaria extraordinaria de desprestigio contra la Cámara, que montaron el fiscal Esteban Jerez y el juez Víctor Pérez", aseveró.
El legislador confirmó que en la Cámara se evalúa la adhesión a la ley nacional de fueros parlamentarios, que permitiría a la Justicia investigar con mayor amplitud, sin los límites actuales. Jaldo adelantó que recusará a Pérez, "porque no le otorga garantías a ningún ciudadano".
"El incremento patrimonial no es delito, salvo que sea injustificado. Puedo demostrar que mi situación económica deriva de mi actividad como agricultor. La dieta de legislador representa sólo el 9% de mis ingresos", dijo.
Iriarte cuestionó un pedido a Pérez
El pedido formal del legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse al juez penal Víctor Pérez, para que lo investigue por el cobro de presuntas coimas, fue descalificado por el constitucionalista Luis Iriarte.
"Vargas Aignasse invoca la ley nacional 25.320 para que Pérez lo cite a declarar como imputado, en una presentación ingeniosa pero lesiva de la formación jurídica de los tucumanos. El Código Procesal Penal de la Provincia obliga al juez desairado en su pedido de desafuero a archivar las actuaciones, mientras que la normativa nacional lo habilita a seguir adelante con el proceso judicial", explicó el especialista.Iriarte advirtió que "el legislador pide que se desobedezca la ley local, por lo que incurre en una grave e inexcusable ignorancia del derecho y se expone a un juicio político de destitución". "Vargas Aignasse sabe que el único modo de defender su buen nombre y honra, gravemente lesionados en esta causa penal, es renunciando en forma indeclinable a su banca. Sin privilegios, el juez podrá atender de buen grado su petición", remarcó.
"La sociedad no espera vulgares chicanas, sino gestos de grandeza y de seriedad de su clase política, que transparenten su accionar", subrayó el constitucionalista.
Rocha en Tribunales
Pese a la opinión de Iriarte, el legislador justicialista Edgardo Rocha adelantó que concurrirá mañana a Tribunales para que Pérez realice una amplia investigación sobre su patrimonio.Rocha asumió la banca en diciembre pasado, y recordó que el fiscal Esteban Jerez no lo menciona en su pedido de desafuero. Remarcó que reclamará al juez que emita un pronunciamiento que lo desvincule de todo posible delito de compra de voluntades.
Gutiérrez dijo que no compró ni un alfiler
"No compré ni un alfiler desde que soy legislador". La afirmación pertenece a José Gutiérrez, el presidente de la bancada del Frente Fundacional, quien cuestionó la investigación realizada por el juez Víctor Pérez y reclamó que la Justicia corrija los datos que sobre él existen en el expediente sobre las presuntas coimas en la Cámara.
Gutiérrez negó que la Legislatura haya cometido errores en la presentación del tema ante la sociedad. "No toda la gente está en nuestra contra, es sólo una parte", aseguró.
"En Burruyacu, donde me votaron, todos saben quién soy", sostuvo. "El juez no me da seguridad. Dice que soy boliviano y afirma desconocer mi sexo. También menciona a mi hijo fallecido hace años por leucemia. Son todas irregularidades que deben subsanarse", protestó.
"Pérez me dejó sin palabras cuando nos informó que no va a recibirnos. Quiero presentarme en la Justicia para dar ejemplo de nuestra transparencia, porque muchos legisladores estamos preocupados al no saber por qué se nos acusa", puntualizó.
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