Bonadio: sobreprecios del 58% en la cuna

Sobreprecios y un pliego de licitación contrario a la ley. Ambos hallazgos sustentan el procesamiento que el juez federal porteño Claudio Bonadio dispuso el martes respecto de empresarios y agentes de la administración kirchnerista vinculados al programa “Qunita”, entre ellos, Juan Manzur, gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud de la Nación. Los 140.000 kits adjudicados (inicialmente eran 150.000) costaron $ 1.100 millones al erario: Bonadio reprochó que el valor de referencia del equipo para recién nacidos calculado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) pasara de $ 4.096 a $ 6.604 en el transcurso de una licitación que duró sólo medio año. Finalmente, Salud terminó pagando entre $ 7.690 y $ 7.850 por conjunto a las seis empresas que ganaron la controvertida licitación. Según la investigación desarrollada, la cuna con colchón del programa costó un 58% más que el precio de mercado.

La cuna fue el componente de mayor valor de los 44 artículos incluidos en el plan “Qunita”. Bonadio manifestó que Graciela Ocaña (Frente Renovador), quien había formulado la denuncia que derivó en los procesamientos, probó -mediante facturas- que la cuna con colchón comprada en un comercio minorista costaba $ 1.630. Ello implica $ 1.170 menos que el segundo valor de referencia para este bien fijado por la Sigen ($ 2.800). En el primer cálculo, la Sindicatura había valuado la cuna y el colchón en $ 1.478, es decir, casi $ 150 menos que el precio del producto para el consumidor final aportado por Ocaña.

“Diferencia abismal”

El “detalle” de la cuna no pasó inadvertido al juez federal, quien consideró que el cambio de números de referencia solicitado a la Sigen pretendió adecuar las previsiones del Estado a las ofertas de las empresas. “Resulta factible presumir que el segundo valor fue solicitado con el solo fin de justificar en el expediente administrativo la diferencia abismal advertida entre las ofertas presentadas y ya conocidas, de un valor promedio de $ 7.800, y el primer precio informado por la Sigen de $ 4.096”, razonó en la resolución. Por medio de ese acto, Bonadio imputó a Manzur y a su sucesor en la cartera sanitaria, Daniel Gollán; a Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de la Nación; al funcionario camporista Nicolás Kreplak y a otros 10 agentes estatales la presunta comisión de los delitos de defraudación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La imputación de fraude, que aún no está firme, alcanza a nueve representantes de las empresas que se quedaron con el negocio: Delta Obras y Proyectos SA; Narciso SRL; Grupo Diela SRL; Dromotech SA; Fibromad SA y Fasano SRL.

“Semejantes precios debieron haber hecho fracasar la licitación por excesivos”, manifestó Bonadio que trabó embargos por $ 440 millones y $ 78 millones en los patrimonios respectivos de los acusados del sector público y del empresariado. El juez dijo que, por lo menos, los funcionarios debieron explicar con argumentos válidos las razones por las que prosiguieron con el trámite de una compra con base en ofertas que superaban casi el 100% de los valores cotizados por el Estado

“Lo que no debió haberse hecho fue lo que sí ocurrió: tomar de allí en más el último valor cotizado por la Sindicatura como si nada hubiese sucedido”, dijo el magistrado de los Tribunales de Comodoro Py (Ciudad de Buenos Aires).

El juez federal Claudio Bonadio consideró que el Ministerio de Salud de la Nación armó la licitación del plan “Qunita” a medida de las seis empresas que la ganaron. Según el magistrado, las firmas “cartelizaron” la compulsa de precios.

“Los imputados no niegan la coordinación de sus acciones (...). Lo que podría ser en otro caso una decisión comercial de comprar entre todos a un precio mejor y más conveniente, aquí sólo demuestra que existió la llamada ‘cartelización’ de la licitación”, afirmó Bonadio en la sentencia en la que procesó al gobernador Juan Manzur, entre otros.

“Esto por supuesto que no fue inocente, sino que así fue ideado entre funcionarios y empresarios. Entonces, las empresas que participaron de la licitación se pusieron de acuerdo entre sí para presupuestar con sobreprecios el valor original de los pliegos, ya que se sabían ganadoras. Compraron los elementos del kit en los mismos lugares y más de un mes antes de resultar adjudicados”, agregó.

Estimaciones de Cristina

Bonadio tal vez sea el juez federal que más funcionarios kirchneristas investigó y procesó. En los años finales del anterior ciclo político, el magistrado recibió numerosos cuestionamientos por parte del entonces oficialismo como consecuencia del trámite de “Hotesur”, causa que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus familiares directos y a empresarios afines.

En el fallo del caso “Qunita”, el juez recordó a la ex jefa de Estado: “podría a esta altura traerse a colación, también como dato de color, el precio estimado por Fernández de Kirchner el 16 de julio de 2015, al presentar el plan ‘Qunita’ en la sede de Tecnópolis, cuando afirmó: ‘el que hizo la valorización y dijo que todo esto en el mercado local cuesta $ 11.000 pesos se quedó corto. Todo esto junto no cuesta $ 11.000, puedo dar fe que no, cuesta mucho más...’”.