Manzur dice que revertirá el procesamiento que le dictó Bonadio

Una licitación del Ministerio de Salud de la Nación por $ 1.100 millones dirigida a reducir la mortalidad infantil derivó en el procesamiento sin prisión preventiva de 24 empresarios y funcionarios públicos de la administración kirchnerista. Entre ellos están los ex ministros Juan Luis Manzur -gobernador de Tucumán desde el año pasado- y Daniel Gollán; el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Nicolás Kreplak, militante de La Cámpora. Según la resolución del juez federal porteño Claudio Bonadio, Salud direccionó el proceso de adquisición de 150.000 kits “Qunita” para beneficiar en forma indebida a las seis firmas que ganaron la licitación.

El auto de procesamiento -implica que hay razones para seguir investigando a los imputados- emitido ayer indica que hubo sobreprecios del orden del 15% y que el pliego elaborado por el organismo viola la ley. Luego de desarrollar los fundamentos en 150 carillas, el magistrado dijo que estaban dadas las condiciones para imputar la presunta comisión de un fraude en perjuicio de la administración pública a todos los implicados. Por el lado de las empresas involucradas quedaron procesados María Victoria Flores, Diego Luis Romero, Martín Miranda, Leandro Nicolás Flores, Sergio Alejandro Lupi, Jorge Omar Artazcoz, Gustavo Oscar Cilia, Oscar Alejandro Micheli y Dora Ruocco.

Además, Bonadio consideró que Fernández, Gollán, Manzur, Kreplak y otros agentes del Estado (Juan Carlos Piccolini, Ana Paula Herrera Viana, Fanny Herrera Clemente Lamas, Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland, Aleli Claudia Pilar García, Alicia Raquel Escobar Atensio, Claudia Ángela Esteban y Carlos Tejada) habrían cometido los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bonadio trabó embargos cuantiosos: $ 440 millones en los bienes del grupo de imputados del Estado y $ 78 millones en el patrimonio de los acusados del sector privado.

18 llamados detectados

“Ha quedado demostrado que desde el comienzo del proyecto de compra del kit ‘Qunita’ ya había seis ganadores prefijados (las firmas Delta Obras y Proyectos SA; Narciso SRL; Grupo Diela SRL; Dromotech SA; Fibromad SA y Fasano SRL)”, explicó Bonadio. El juez añadió que, por ello, Salud diseñó un pliego de un único renglón expresamente vedado por la legislación, con entregas sucesivas que permitirían a las empresas ir financiándose a través de cada entrega parcial y que limitó la oferta a unos pocos proveedores capaces de cumplir con todo lo requerido en el escaso tiempo otorgado. “Estos compraron los materiales para la provisión del kit un considerable tiempo antes de ser adjudicados”, observó.

El juez manifestó que los precios de las ofertas que presentaron los empresarios fueron elevados y abusivos. “Los funcionarios intentaron disimular estos precios exageradamente elevados pidiendo un nuevo valor a modo de ‘valor indicativo de mercado’, que resulta ajeno al sistema de control de precios testigo”, razonó. Y agregó: “a todo ello se suma que las empresas ganadoras -cuatro de ellas radicadas en La Plata- no tenían experiencia en los rubros licitados -con la única excepción de una empresa maderera y otra que había proveído ropa-, cosa que refuerza la convicción sobre el direccionamiento de la licitación, ya que actividades relacionadas a la construcción, a la informática, o al ramo inmobiliario, financiero o publicitario no tienen vinculación alguna con la producción de los bienes que integraban el kit ‘Qunita’”.

Una denuncia de Graciela Ocaña (Frente Renovador) articulada el 23 de junio de 2015 originó la investigación penal. Cada kit contenía 44 componentes; amén de la presentación judicial de Ocaña, las críticas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial que recibió el diseño del equipo terminaron afectando su distribución.

La resolución de Bonadio enfatiza que Fasano SRL, compañía con un objeto ligado a los negocios inmobiliarios, fue la más beneficiada de la licitación al ganar el derecho a fabricar 115.000 kits. El proceso comenzó con un valor de referencia de $ 4.096 por kit estimado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Bonadio expresó que, sin justificación, Salud pidió otro precio a la Sigen y que ese valor de $ 6.604 por equipo fue tomado de allí en más como parámetro para toda la contratación. El juez puso en duda la celeridad del proceso, que insumió en total seis meses. “A todo lo dicho hay que añadir los 18 llamados telefónicos efectuados entre Kreplak y Micheli, socio de Fasano SRL., a partir del 9 de abril de 2015, es decir, dos meses antes de concretarse la adjudicación”, reprochó el juez federal.