17 Febrero 2016
Juan Manzur es el primer gobernador procesado de la historia de Tucumán. Fuentes documentales e historiadores consultados confirmaron que, si bien hubo supuestos de mandatarios denunciados en sede penal e, incluso, enjuiciados políticamente, como Antonio Domingo Bussi, nunca antes un juez federal había imputado delitos a un jefe de Estado provincial en ejercicio del cargo. Además de a Manzur, el auto de procesamiento firmado ayer por Claudio Bonadio alcanza a otros 23 imputados del sector público y privado involucrados en la licitación del plan “Qunita” -ver nota relacionada-.
Manzur fue procesado (acto sólo en vigor en el sistema procesal federal) por codiseñar y autorizar una contratación de $ 1.100 millones en kits para recién nacidos en su carácter de ministro de Salud de la Nación. En febrero de 2015, el dirigente kirchnerista renunció al ministerio para reasumir como vicegobernador y ponerse al frente de la campaña electoral que, tras una judicialización nunca antes vista, lo consagró gobernador en agosto pasado. En marzo, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán avaló el sobreseimiento de Manzur en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito -otra investigación por los períodos posteriores a 2010 quedó entonces en manos de Pablo Camuña, fiscal federal N°2-.
El caso de Bussi también es particular: fue gobernador de facto y, luego, volvió a la Casa Rosada por el voto popular. Pero su participación en el terrorismo de Estado le impidió jurar como diputado nacional y asumir la Intendencia capitalina. En 2003, fue detenido. Algunos años después, la Justicia Federal lo condenó por su participación en crímenes de lesa humanidad.
Manzur fue procesado (acto sólo en vigor en el sistema procesal federal) por codiseñar y autorizar una contratación de $ 1.100 millones en kits para recién nacidos en su carácter de ministro de Salud de la Nación. En febrero de 2015, el dirigente kirchnerista renunció al ministerio para reasumir como vicegobernador y ponerse al frente de la campaña electoral que, tras una judicialización nunca antes vista, lo consagró gobernador en agosto pasado. En marzo, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán avaló el sobreseimiento de Manzur en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito -otra investigación por los períodos posteriores a 2010 quedó entonces en manos de Pablo Camuña, fiscal federal N°2-.
El caso de Bussi también es particular: fue gobernador de facto y, luego, volvió a la Casa Rosada por el voto popular. Pero su participación en el terrorismo de Estado le impidió jurar como diputado nacional y asumir la Intendencia capitalina. En 2003, fue detenido. Algunos años después, la Justicia Federal lo condenó por su participación en crímenes de lesa humanidad.
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