15 Febrero 2016 Seguir en 
La posibilidad de que funcionarios de la Legislatura también hayan recibido dinero perteneciente a los llamados gastos sociales debería ser investigada por la Justicia. Al menos así lo consideró el abogado Oscar López, quien amplió las demandas que había presentado contra la anterior gestión legislativa ante los fueros provincial y federal.
El ex candidato a legislador por un acople del peronismo disidente realizó las presentaciones la semana pasada, luego de que LA GACETA publicara un informe interno del Tribunal de Cuentas (TC) en el que quedaría en evidencia que no sólo los parlamentarios estaban incluidos en la distribución de la partida “ayudas sociales a personas”.
En los escritos, presentados ante la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Carlos Brito; y la Fiscalía de Instrucción N°5, a cargo de Washington Navarro Dávila, López solicitó que se pida informes sobre el destino de esos montos a la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y la Tesorería de la Provincia.
En noviembre, López inició en los Tribunales locales una causa contra la anterior composición de la Cámara, presidida por el ahora gobernador Juan Manzur, por la presunta violación de la Ley de Administración Financiera. A principios de febrero, en tanto, acudió al fuero federal para denunciar la presunta comisión del delito de evasión fiscal.
El caso de los funcionarios
El manejo de los gastos sociales llegó a la Justicia en noviembre de 2015, luego de que LA GACETA revelara que los millones incluidos en la controvertida partida eran trasladados en valijas desde una sucursal del Banco Tucumán-Grupo Macro hasta el edificio legislativo de Muñecas 951.
Su distribución entre los legisladores siempre fue reservada y discrecional, pero recién en las últimas semanas surgió un documento que probaría que el dinero también estaba destinado a algunos empleados jerárquicos de la Cámara.
El 13 de octubre de 2015, el contador fiscal general del TC, Ricardo Contino, elevó un informe al presidente del órgano de control, Miguel Chaibén Terraf, en el que indicaba que no se habían detectado irregularidades en la rendición de cuentas de los gastos sociales. En el tercer párrafo, Contino indica que las autoridades de cuerpo habían solicitado “los fondos financieros necesarios para atender los gastos sociales de los cuarenta y nueve (49) legisladores y funcionarios de la Legislatura”.
El ex candidato a legislador por un acople del peronismo disidente realizó las presentaciones la semana pasada, luego de que LA GACETA publicara un informe interno del Tribunal de Cuentas (TC) en el que quedaría en evidencia que no sólo los parlamentarios estaban incluidos en la distribución de la partida “ayudas sociales a personas”.
En los escritos, presentados ante la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Carlos Brito; y la Fiscalía de Instrucción N°5, a cargo de Washington Navarro Dávila, López solicitó que se pida informes sobre el destino de esos montos a la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y la Tesorería de la Provincia.
En noviembre, López inició en los Tribunales locales una causa contra la anterior composición de la Cámara, presidida por el ahora gobernador Juan Manzur, por la presunta violación de la Ley de Administración Financiera. A principios de febrero, en tanto, acudió al fuero federal para denunciar la presunta comisión del delito de evasión fiscal.
El caso de los funcionarios
El manejo de los gastos sociales llegó a la Justicia en noviembre de 2015, luego de que LA GACETA revelara que los millones incluidos en la controvertida partida eran trasladados en valijas desde una sucursal del Banco Tucumán-Grupo Macro hasta el edificio legislativo de Muñecas 951.
Su distribución entre los legisladores siempre fue reservada y discrecional, pero recién en las últimas semanas surgió un documento que probaría que el dinero también estaba destinado a algunos empleados jerárquicos de la Cámara.
El 13 de octubre de 2015, el contador fiscal general del TC, Ricardo Contino, elevó un informe al presidente del órgano de control, Miguel Chaibén Terraf, en el que indicaba que no se habían detectado irregularidades en la rendición de cuentas de los gastos sociales. En el tercer párrafo, Contino indica que las autoridades de cuerpo habían solicitado “los fondos financieros necesarios para atender los gastos sociales de los cuarenta y nueve (49) legisladores y funcionarios de la Legislatura”.
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