El jueves, la Legislatura rechazó el pedido de desafuero presentado por el juez Víctor Manuel Pérez contra los 27 legisladores sospechados de haber recibido coimas para votar en favor de la reforma de la Constitución provincial. Ayer, uno de ellos, el justicialista Gerónimo Vargas Aignasse, solicitó al magistrado que lo cite a declarar como imputado e hizo reserva del caso federal, para llevar la cuestión ante la consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante el supuesto de que Pérez no haga lugar a su planteo.
El parlamentario, quien votó en favor de su propio desafuero, invocó la ley nacional 25.320. Esta norma fue sancionada ante el escándalo desatado en el Congreso Nacional por el supuesto pago de coimas para aprobar la reforma laboral. La novedad de la ley, que modificó el Código Procesal Penal de la Nación, es que permite que la causa penal siga adelante hasta su total conclusión aunque el imputado goce de privilegios constitucionales. Estos últimos (los fueros de los legisladores), precisamente, impidieron que Pérez siga investigando en Tucumán la presunta compra de voluntades.
"Esta es una cuestión de fondo y no un problema procesal. Por ello es que interpreto que no existe ningún impedimento ni incompatibilidad con la Constitución provincial y con el Código Procesal Penal de Tucumán para aplicar la Ley 25.320", manifestó.
Vargas Aignasse aseguró que en Tucumán el juez de Instrucción de la V Nominación, Eudoro Albo, sentó jurisprudencia favorable a la aplicación de la norma nacional. "En una causa contra el legislador José Fernando Orellana, Albo consintió el criterio de la Ley 25.320 al citarlo a declarar como imputado y, subsidiariamente ante la negativa de aquel, solicitó el desafuero", aseveró.
Indemnización y cesiones
Vargas Aignasse también se refirió a su situación patrimonial. Recordó que en 1998 percibió una indemnización como hijo de desaparecido, y afirmó que el automóvil modelo 1999 que mencionó el juez como perteneciente a su hermana, María Marta, fue comprado antes de su asunción como legislador.
Con respecto a los inmuebles que figuran a nombre de su madre, Marta Angélica Cárdenas, señaló que ella los adquirió en 1991 a raíz de una cesión de acciones y derechos hereditarios.
Tres legisladores aclararon su situación patrimonial
Los legisladores del Movimiento Independiente Nancy Albero, Adriana Neske de Gutiérrez y Julio Topa, cuyos desafueros pidió infructuosamente el juez Víctor Pérez en la causa por presunto cobro de coimas para aprobar la reforma constitucional, se presentaron ayer ante el magistrado. Por separado, efectuaron aclaraciones en torno de los bienes y propiedades que Pérez les adjudicó en su requisitoria.
Albero señaló que el departamento que figura lo compró en octubre de 1999 mediante financiación privada y consta en su declaración jurada. Y agregó que las cajas de ahorro que se le imputan se deben a una transferencia de fondos para el pago de una cuota del préstamo otorgado por un banco.
Neske precisó que la camioneta modelo 2.000 que se le imputa es de su marido, Juan Siviardo Gutiérrez, al igual que una propiedad en Banda del Río Salí comprada con un crédito.
Topa manifestó que dos vehículos figuran en la declaración correspondiente al período 1999 que efectuó a la AFIP y que uno de ellos fue vendido para adquirir otro en 2001. También aportó comprobantes de honorarios profesionales cobrados y que se depositaron en una caja de ahorro, donde figuran $5.000.
El parlamentario, quien votó en favor de su propio desafuero, invocó la ley nacional 25.320. Esta norma fue sancionada ante el escándalo desatado en el Congreso Nacional por el supuesto pago de coimas para aprobar la reforma laboral. La novedad de la ley, que modificó el Código Procesal Penal de la Nación, es que permite que la causa penal siga adelante hasta su total conclusión aunque el imputado goce de privilegios constitucionales. Estos últimos (los fueros de los legisladores), precisamente, impidieron que Pérez siga investigando en Tucumán la presunta compra de voluntades.
"Esta es una cuestión de fondo y no un problema procesal. Por ello es que interpreto que no existe ningún impedimento ni incompatibilidad con la Constitución provincial y con el Código Procesal Penal de Tucumán para aplicar la Ley 25.320", manifestó.
Vargas Aignasse aseguró que en Tucumán el juez de Instrucción de la V Nominación, Eudoro Albo, sentó jurisprudencia favorable a la aplicación de la norma nacional. "En una causa contra el legislador José Fernando Orellana, Albo consintió el criterio de la Ley 25.320 al citarlo a declarar como imputado y, subsidiariamente ante la negativa de aquel, solicitó el desafuero", aseveró.
Indemnización y cesiones
Vargas Aignasse también se refirió a su situación patrimonial. Recordó que en 1998 percibió una indemnización como hijo de desaparecido, y afirmó que el automóvil modelo 1999 que mencionó el juez como perteneciente a su hermana, María Marta, fue comprado antes de su asunción como legislador.
Con respecto a los inmuebles que figuran a nombre de su madre, Marta Angélica Cárdenas, señaló que ella los adquirió en 1991 a raíz de una cesión de acciones y derechos hereditarios.
Tres legisladores aclararon su situación patrimonial
Los legisladores del Movimiento Independiente Nancy Albero, Adriana Neske de Gutiérrez y Julio Topa, cuyos desafueros pidió infructuosamente el juez Víctor Pérez en la causa por presunto cobro de coimas para aprobar la reforma constitucional, se presentaron ayer ante el magistrado. Por separado, efectuaron aclaraciones en torno de los bienes y propiedades que Pérez les adjudicó en su requisitoria.
Albero señaló que el departamento que figura lo compró en octubre de 1999 mediante financiación privada y consta en su declaración jurada. Y agregó que las cajas de ahorro que se le imputan se deben a una transferencia de fondos para el pago de una cuota del préstamo otorgado por un banco.
Neske precisó que la camioneta modelo 2.000 que se le imputa es de su marido, Juan Siviardo Gutiérrez, al igual que una propiedad en Banda del Río Salí comprada con un crédito.
Topa manifestó que dos vehículos figuran en la declaración correspondiente al período 1999 que efectuó a la AFIP y que uno de ellos fue vendido para adquirir otro en 2001. También aportó comprobantes de honorarios profesionales cobrados y que se depositaron en una caja de ahorro, donde figuran $5.000.
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