El año se está yendo con algunas palabras que han ganado un espacio en la agenda diaria y que vienen con una carga de alto contenido político: diálogo, consenso, pacto, coparticipación, renovación, legalidad, legitimidad, judicialización, constitucional, apertura, federalismo, cambio. Pero también 2015 va desapareciendo del almanaque con unos cuantos gestos a contramano de esos conceptos, como algunos polémicos decretos. La mitad más uno de los electores del país eligió supuestos nuevos aires para renovar la política y la mitad menos uno adhirió a una supuesta continuidad; y en democracia un voto define quién gobierna y quién tiene que cumplir el rol de opositor. Claro que en la Argentina los porcentajes del balotaje de noviembre ponen en evidencia el mantenimiento de una grieta política peligrosa. Y no parece que será fácil combatirla, o por lo menos atenuar sus efectos negativos. Cerrarla, por ahora, parece imposible.
Lamentablemente, es el exiguo porcentaje de la segunda vuelta más que la diferencia numérica de los votos el que obliga al Gobierno a arrojar sobre la mesa de trabajo aquellas palabras para garantizar un mínimo de gobernabilidad: el diálogo como nuevo modo de relacionarse, consensos partidarios ya que sólo hay minorías parlamentarias y pactos sectoriales para evitar los eventuales problemas sociales que pueden causar las medidas económicas. El gremialismo, vaya como ejemplo de diálogo y de consenso, ahora pretende unificar una mesa de conducción a nivel nacional; tal vez entendiendo que la defensa de los salarios de los trabajadores van a necesitar un movimiento obrero fortalecido. Sin embargo, cabe destacar que “la unidad” de las CGT ocurre cada vez que al Gobierno accede una fuerza que no tuvo el respaldo del peronismo.
La coparticipación -otro ejemplo- se impuso en el debate a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispuso la devolución del 15% de retención desde 2006 de los fondos coparticipables a Córdoba, a Santa Fe y a San Luis; y desde que Cristina decretara -apoyándose en esa resolución judicial- el reintegro de esos dineros a todas las provincias. La medida le implicaba a la gestión de Macri asumir gastos extras por más de $ 200.000 millones; y a Tucumán le significaba recuperar $10.000 millones. La desesperación económica llevó a las nuevas autoridades nacionales a prometer la cesión de dineros de la coparticipación en beneficio de las provincias, con el argumento de que así desterrarán el régimen unitario de distribución de los recursos que impuso el kirchnerismo para ahogar a las provincias. Promesas para evitar posibles nuevos juicios y para mostrar que las formas de relacionarse con las provincias serán distintas a la hora de avanzar sobre acuerdos financieros. Los gobiernos provinciales, especialmente los peronistas, festejaron la postura. Significaba que les abrían la puerta para entablar negociaciones directas con el Gobierno. Así las recientes fotos de los sonrientes Manzur y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. Pero por ahora son gestos, puras intenciones; la plata aún tiene que aparecer.
En ese sentido, se espera como maná el dinero de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen que alcanza a caso 30.000 beneficiarios en Tucumán, y cuya vigencia vence el jueves; aunque existiría el compromiso de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, de que esos programas se van a seguir ejecutando. La palabra de la funcionaria macrista habría tranquilizado a las autoridades locales, ya que el levantamiento de estas dos iniciativas kirchneristas para atender a la población sin trabajo hubiera significado el incremento del índice de desocupación en la provincia del 6% al 15%, o sea pasar de un día para el otro de un número de 20.000 personas sin empleo a 50.000 comprovincianos en estado de desprotección. El martes, según la página oficial de la Provincia (www.tucuman.gov.ar), el Ejecutivo le daría la buena nueva a los beneficiarios; novedad que -curiosamente- desconocen los “afligidos” legisladores que manejaban cooperativas de trabajo al amparo de esos dos planes sociales y hasta algunos funcionarios de la propia Casa de Gobierno. No sabemos nada, la incertidumbre es total; confesó un parlamentario oficialista respecto de la continuidad de estos programas. ¿Problemas de comunicación interna o cortocircuitos políticos en el oficialismo? Es temprano para cualquiera de las dos alternativas.
Lo real es que la situación económica insta a los nuevos inquilinos de la Casa Rosada a mantener la política social del kirchnerismo para evitar posibles conflictos. El Estado debe atender la demanda de atención de los sectores vulnerables del país, cuyos índices de pobreza se ubican en el 30%, al decir de los macristas, aún antes de ganar los comicios. Entrampados por la realidad o por sus palabras. Los cierto es que en ese marco el titular de la Unidad Ejecutora Plan Belgrano, el tucumano Cano, anunció que la Asignación Universal por Hijo alcanzará a 250.000 personas más, especialmente a aquellos que no tienen trabajo. El ex candidato a gobernador no especificó a partir de cuándo ni cómo se hará, pero su adelanto pintó la visión que tiene el Gobierno sobre la situación social.
¿El temor por esta realidad es la que motivó a los legisladores del oficialismo tucumano a aprobar la creación del plan “Tucumán manos a la obra”, que alcanzará a municipios y a comunas? Si bien no se indicó cómo se implementará y con qué fondos, se determinó que será para personas sin trabajo, las que colateralmente podrán aprender un oficio. ¿Acaso se implementó ante el temor de que los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen dejarán de ejecutarse? A algunos parlamentarios les había ganado la incertidumbre sobre la continuidad, lo que llevaría a pensar que abrieron un paraguas antes de que llueva. Actualmente, la inversión para el mantenimiento de estos programas nacionales es de $ 60 millones por mes.
¿Se elaboró una herramienta legal provincial para seguir atendiendo desde el Estado a esas mismas personas o a otro grupo de nuevos desocupados? ¿Está la provincia en condiciones de asumir otro gasto en 2016 para asegurar una fuente de ingreso a otra franja social desprotegida? Cuando a Manzur se le consultó si iba a pagar en diciembre un bono navideño a los estatales contestó: no está presupuestado. Sin embargo, luego modificó su postura: lo pagará en enero y diciembre, con recursos del nuevo Presupuesto. Tampoco estaba presupuestado un gasto social para absorber a los beneficiarios de los dos programas sociales que iban a caer en 96 horas y que, al parecer, la Nación mantendría. ¿El Ejecutivo aprovechará esta iniciativa de los legisladores? Atención, muchos de los parlamentarios que promovieron y levantaron la mano para que se apruebe la propuesta manejaron cooperativas de trabajo en la Capital e interior y usufructuaron políticamente aquellos programas sociales. ¿Quieren seguir haciéndolo o tratan de generar un mecanismo paralelo al nacional? Si usted lector cree que en el medio de esta trama sobrevuela la palabra clientelismo no estaría tan errado. La oposición habló de una intencionalidad política para mantener punteros, además de deslizar cuestionamientos sobre la implementación de la iniciativa.
¿Qué hará el titular del Poder Ejecutivo? En la respuesta no sólo deben considerarse los problemas que puede tener el gobernador para obtener los fondos -que pueden llegar a partir de las promesas macristas de mejorar los recursos coparticipables; aunque todavía hay que ver-, sino también los condimentos políticos de comarca chica que se perciben detrás del “Tucumán manos a la obra”. Dicho plan social será manejado por el Ministerio del Interior según el texto legal; es decir que esta cartera se hará cargo de un número -no especificado- de desocupados de las municipalidades y de las comunas rurales. Los actuales Argentina Trabaja y Ellas Hacen son administrados a nivel local por el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, la Legislatura creó otro mostrador para los mismos beneficiarios; y no es un dato menor. Interior es manejado por Miguel Acevedo, un hombre de confianza y cercano al vicegobernador Jaldo. Desarrollo Social es conducido por Gabriel Yedlin, un hombre del círculo íntimo del gobernador Manzur. ¿Los planes sociales serán administrados por los políticos de la Legislatura y no por los técnicos del Ejecutivo? Se podrían hacer otras preguntas para especular sobre un distanciamiento entre el uno y el dos a partir de estas iniciativas políticas con justificaciones sociales.
¿Juegos entre hombres de dos poderes? Otro dato: en la semana que se va ocurrió un acontecimiento que también une al Poder Legislativo con el apellido Yedlin, indirectamente. Se trata de la entrega de ayudas sociales que hizo la Cámara por $ 2,1 millones a 18 Organizaciones No Gubernamentales. Lo hizo en tiempos en los que se cuestiona la poca transparencia de las ayudas sociales a personas que conceden los legisladores con autorización de la presidencia del Poder Legislativo. Fue una especie de blanqueo de estos aportes discrecionales que maneja la Cámara a costa de lo que suele hacer la Secretaría General de la Gobernación, hoy a cargo de Pablo Yedlin, amigo del mandatario. Esta estructura del Estado tiene partidas especiales para este tipo de aportes; históricamente manejó estas colaboraciones a ONG y a personas de escasos recursos y cuyos nombres suelen aparecer en el Boletín Oficial de la Provincia. Algunas de estas ayudas, como se comprobó, se dirigen a entidades que declaran sede en direcciones que no existen. Rarezas. Se distribuyen con criterio político y, generalmente, esta secretaría suele ser el trampolín para dirigentes con aspiraciones de vuelo propio.
O sea, en teoría y por estos gestos que nacen en el edificio de Sarmiento y Muñecas, la intención parlamentaria es que el manejo político del gasto social quede en manos de los legisladores, o por lo menos que la mayor parte de la torta esté bajo la órbita de dirigentes territoriales. Han tomado la iniciativa; no se han quedado cruzados de brazos ante la posibilidad de la caída de los planes sociales nacionales. Han generado esta nueva alternativa, pero bajo su zona de influencia. Y para ello se han metido en terrenos que son propios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría General de la Gobernación; ya sea porque conocen más el paño, porque son más pícaros, o porque no han encontrado trabas ni quejas desde el otro lado. Han avanzado, y seguirán así hasta que encuentren un freno. Da la casualidad que sea los Yedlin, los amigos de Manzur, los que aparezcan en el medio de estas jugadas políticas. ¿Casualidad? En política sólo se ceden espacios por ingenuidad o por consenso. De ahí es que tiene sentido repetir la pregunta: ¿qué hará el gobernador? Los pasos que dé dirán si hubo desplazamiento, picardía, diálogo o arreglo. O sorpresa.
Lamentablemente, es el exiguo porcentaje de la segunda vuelta más que la diferencia numérica de los votos el que obliga al Gobierno a arrojar sobre la mesa de trabajo aquellas palabras para garantizar un mínimo de gobernabilidad: el diálogo como nuevo modo de relacionarse, consensos partidarios ya que sólo hay minorías parlamentarias y pactos sectoriales para evitar los eventuales problemas sociales que pueden causar las medidas económicas. El gremialismo, vaya como ejemplo de diálogo y de consenso, ahora pretende unificar una mesa de conducción a nivel nacional; tal vez entendiendo que la defensa de los salarios de los trabajadores van a necesitar un movimiento obrero fortalecido. Sin embargo, cabe destacar que “la unidad” de las CGT ocurre cada vez que al Gobierno accede una fuerza que no tuvo el respaldo del peronismo.
La coparticipación -otro ejemplo- se impuso en el debate a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispuso la devolución del 15% de retención desde 2006 de los fondos coparticipables a Córdoba, a Santa Fe y a San Luis; y desde que Cristina decretara -apoyándose en esa resolución judicial- el reintegro de esos dineros a todas las provincias. La medida le implicaba a la gestión de Macri asumir gastos extras por más de $ 200.000 millones; y a Tucumán le significaba recuperar $10.000 millones. La desesperación económica llevó a las nuevas autoridades nacionales a prometer la cesión de dineros de la coparticipación en beneficio de las provincias, con el argumento de que así desterrarán el régimen unitario de distribución de los recursos que impuso el kirchnerismo para ahogar a las provincias. Promesas para evitar posibles nuevos juicios y para mostrar que las formas de relacionarse con las provincias serán distintas a la hora de avanzar sobre acuerdos financieros. Los gobiernos provinciales, especialmente los peronistas, festejaron la postura. Significaba que les abrían la puerta para entablar negociaciones directas con el Gobierno. Así las recientes fotos de los sonrientes Manzur y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. Pero por ahora son gestos, puras intenciones; la plata aún tiene que aparecer.
En ese sentido, se espera como maná el dinero de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen que alcanza a caso 30.000 beneficiarios en Tucumán, y cuya vigencia vence el jueves; aunque existiría el compromiso de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, de que esos programas se van a seguir ejecutando. La palabra de la funcionaria macrista habría tranquilizado a las autoridades locales, ya que el levantamiento de estas dos iniciativas kirchneristas para atender a la población sin trabajo hubiera significado el incremento del índice de desocupación en la provincia del 6% al 15%, o sea pasar de un día para el otro de un número de 20.000 personas sin empleo a 50.000 comprovincianos en estado de desprotección. El martes, según la página oficial de la Provincia (www.tucuman.gov.ar), el Ejecutivo le daría la buena nueva a los beneficiarios; novedad que -curiosamente- desconocen los “afligidos” legisladores que manejaban cooperativas de trabajo al amparo de esos dos planes sociales y hasta algunos funcionarios de la propia Casa de Gobierno. No sabemos nada, la incertidumbre es total; confesó un parlamentario oficialista respecto de la continuidad de estos programas. ¿Problemas de comunicación interna o cortocircuitos políticos en el oficialismo? Es temprano para cualquiera de las dos alternativas.
Lo real es que la situación económica insta a los nuevos inquilinos de la Casa Rosada a mantener la política social del kirchnerismo para evitar posibles conflictos. El Estado debe atender la demanda de atención de los sectores vulnerables del país, cuyos índices de pobreza se ubican en el 30%, al decir de los macristas, aún antes de ganar los comicios. Entrampados por la realidad o por sus palabras. Los cierto es que en ese marco el titular de la Unidad Ejecutora Plan Belgrano, el tucumano Cano, anunció que la Asignación Universal por Hijo alcanzará a 250.000 personas más, especialmente a aquellos que no tienen trabajo. El ex candidato a gobernador no especificó a partir de cuándo ni cómo se hará, pero su adelanto pintó la visión que tiene el Gobierno sobre la situación social.
¿El temor por esta realidad es la que motivó a los legisladores del oficialismo tucumano a aprobar la creación del plan “Tucumán manos a la obra”, que alcanzará a municipios y a comunas? Si bien no se indicó cómo se implementará y con qué fondos, se determinó que será para personas sin trabajo, las que colateralmente podrán aprender un oficio. ¿Acaso se implementó ante el temor de que los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen dejarán de ejecutarse? A algunos parlamentarios les había ganado la incertidumbre sobre la continuidad, lo que llevaría a pensar que abrieron un paraguas antes de que llueva. Actualmente, la inversión para el mantenimiento de estos programas nacionales es de $ 60 millones por mes.
¿Se elaboró una herramienta legal provincial para seguir atendiendo desde el Estado a esas mismas personas o a otro grupo de nuevos desocupados? ¿Está la provincia en condiciones de asumir otro gasto en 2016 para asegurar una fuente de ingreso a otra franja social desprotegida? Cuando a Manzur se le consultó si iba a pagar en diciembre un bono navideño a los estatales contestó: no está presupuestado. Sin embargo, luego modificó su postura: lo pagará en enero y diciembre, con recursos del nuevo Presupuesto. Tampoco estaba presupuestado un gasto social para absorber a los beneficiarios de los dos programas sociales que iban a caer en 96 horas y que, al parecer, la Nación mantendría. ¿El Ejecutivo aprovechará esta iniciativa de los legisladores? Atención, muchos de los parlamentarios que promovieron y levantaron la mano para que se apruebe la propuesta manejaron cooperativas de trabajo en la Capital e interior y usufructuaron políticamente aquellos programas sociales. ¿Quieren seguir haciéndolo o tratan de generar un mecanismo paralelo al nacional? Si usted lector cree que en el medio de esta trama sobrevuela la palabra clientelismo no estaría tan errado. La oposición habló de una intencionalidad política para mantener punteros, además de deslizar cuestionamientos sobre la implementación de la iniciativa.
¿Qué hará el titular del Poder Ejecutivo? En la respuesta no sólo deben considerarse los problemas que puede tener el gobernador para obtener los fondos -que pueden llegar a partir de las promesas macristas de mejorar los recursos coparticipables; aunque todavía hay que ver-, sino también los condimentos políticos de comarca chica que se perciben detrás del “Tucumán manos a la obra”. Dicho plan social será manejado por el Ministerio del Interior según el texto legal; es decir que esta cartera se hará cargo de un número -no especificado- de desocupados de las municipalidades y de las comunas rurales. Los actuales Argentina Trabaja y Ellas Hacen son administrados a nivel local por el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, la Legislatura creó otro mostrador para los mismos beneficiarios; y no es un dato menor. Interior es manejado por Miguel Acevedo, un hombre de confianza y cercano al vicegobernador Jaldo. Desarrollo Social es conducido por Gabriel Yedlin, un hombre del círculo íntimo del gobernador Manzur. ¿Los planes sociales serán administrados por los políticos de la Legislatura y no por los técnicos del Ejecutivo? Se podrían hacer otras preguntas para especular sobre un distanciamiento entre el uno y el dos a partir de estas iniciativas políticas con justificaciones sociales.
¿Juegos entre hombres de dos poderes? Otro dato: en la semana que se va ocurrió un acontecimiento que también une al Poder Legislativo con el apellido Yedlin, indirectamente. Se trata de la entrega de ayudas sociales que hizo la Cámara por $ 2,1 millones a 18 Organizaciones No Gubernamentales. Lo hizo en tiempos en los que se cuestiona la poca transparencia de las ayudas sociales a personas que conceden los legisladores con autorización de la presidencia del Poder Legislativo. Fue una especie de blanqueo de estos aportes discrecionales que maneja la Cámara a costa de lo que suele hacer la Secretaría General de la Gobernación, hoy a cargo de Pablo Yedlin, amigo del mandatario. Esta estructura del Estado tiene partidas especiales para este tipo de aportes; históricamente manejó estas colaboraciones a ONG y a personas de escasos recursos y cuyos nombres suelen aparecer en el Boletín Oficial de la Provincia. Algunas de estas ayudas, como se comprobó, se dirigen a entidades que declaran sede en direcciones que no existen. Rarezas. Se distribuyen con criterio político y, generalmente, esta secretaría suele ser el trampolín para dirigentes con aspiraciones de vuelo propio.
O sea, en teoría y por estos gestos que nacen en el edificio de Sarmiento y Muñecas, la intención parlamentaria es que el manejo político del gasto social quede en manos de los legisladores, o por lo menos que la mayor parte de la torta esté bajo la órbita de dirigentes territoriales. Han tomado la iniciativa; no se han quedado cruzados de brazos ante la posibilidad de la caída de los planes sociales nacionales. Han generado esta nueva alternativa, pero bajo su zona de influencia. Y para ello se han metido en terrenos que son propios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría General de la Gobernación; ya sea porque conocen más el paño, porque son más pícaros, o porque no han encontrado trabas ni quejas desde el otro lado. Han avanzado, y seguirán así hasta que encuentren un freno. Da la casualidad que sea los Yedlin, los amigos de Manzur, los que aparezcan en el medio de estas jugadas políticas. ¿Casualidad? En política sólo se ceden espacios por ingenuidad o por consenso. De ahí es que tiene sentido repetir la pregunta: ¿qué hará el gobernador? Los pasos que dé dirán si hubo desplazamiento, picardía, diálogo o arreglo. O sorpresa.
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