“Los españoles siempre hemos sido pobres, incluso en la época en que los reyes de España eran los amos del mundo, cuando el oro de América atravesaba la península sin dejar a su paso nada más que el polvo que levantaban las carretas que lo llevaban a Flandes, para pagar las deudas de la Corona”, escribe Almudena Grandes en Los besos en el pan, cuando describre la Madrid de mediados de la centuria pasada. Esa Madrid donde la carencia “seguía siendo un destino familiar”.
Tal herencia del despojo sólo se podía atesorar en la conciencia. Los mayores, cuenta la novela, aún la llevan consigo. “Hacen memoria de su juventud y lo recuerdan todo, el frío, los mutilados que pedían limosna por la calle, los silencios, el nerviosismo que se apoderaba de sus padres si cruzaban por la acera con un policía, y una vieja costumbre ya olvidada, que no supieron o no quisieron transmitir a sus hijos. Cuando se caía un trozo de pan al suelo, los adultos obligaban a los niños a recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera, tanta hambre habían pasado sus familias en aquellos años en los que murieron todas esas personas queridas cuya historia nadie quiso contarles”.
Durante ese mismo siglo XX, los argentinos fuimos pobres de democracia y de república. Ambas fueron arrojadas al piso durante el 30, el 43, el 55, el 62, el 66, el 76. Aun así, ellas salvaron a los argentinos del Leviatán de la anarquía durante el dantesco fracaso económico del alfonsinismo en el 89 y, sobre todo, durante el oprobio del delarruísmo en 2001, cuando además del irreparable desastre económico, los gobernantes se mandaron a mudar sin que hubiera autoridades electas para reemplazarlos. Esas últimas dos veces, la democracia pudo seguir funcionando por los procedimientos pautados por la república.
Una y otra, entonces, sólo merecen muestras de aprecio de parte de los argentinos, después de tanta hambruna de institucionalidad. Después de tantas generaciones que sólo heredaban la certeza cuasi estadística de que habría un estallido por década...
Lo exigible
Es desgraciadamente obvio que tal cosa no puede pedírsele al kirchnerismo, hoy derrotado, si durante los 12 años en que ganó la mayoría de las elecciones sólo supo consagrar un fracaso institucional ininterrumpido. O, para decirlo en términos del constitucionalista Roberto Gargarella, sólo supo “contribuir a que se saqueara el derecho” (seminariogargarella.blogspot.com.ar).
Al macrismo, en cambio, no hay que “pedirle” apego a la democracia y a la república, sino que hay que exigírselo: ese ha sido su contrato electoral. Sin embargo, en su primera semana, el macrismo pateó la panera de la institucionalidad. Eso representa la barbaridad de haber designado por decreto nada menos que a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo atropellado
La discusión en torno a la salvajada de andar decretando jueces supremos no atañe a lo legal. En primer lugar, porque la norma es constitucional. Su base es el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, según el cual el Poder Ejecutivo “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
De paso, tampoco la cuestión gira en torno del término “empleo”, como pretenden algunos pistoleros y barrabravas del constitucionalismo kirchnerista, quienes intentan argüir que los cargos de los magistrados no son “empleos”. La norma es clara cuando menciona el requerimiento del aval senatorial. “El artículo 110 dice que ‘los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos...’”, añade el constitucionalista Domingo Rondina (domingorondina.com.ar). El propio Rondina también desestima el argumento de que como se trata de una norma de la Constitución original, ha caído en desuso. “La idea de que hay normas constitucionales que dejan de existir por la falta de uso o por el incumplimiento de los poderes constituidos, es contraria a la premisa de la supremacía constitucional”.
Entonces, queda claro que la norma es válida. Pero no es valiosa para la democracia ni para la república. Y esa discusión profundamente ética es la que alimenta o desnutre la calidad institucional. Porque la misma Constitución, y el mismísimo artículo 99, tiene otra norma: el inciso 4. “(El Poder Ejecutivo) Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.
Es, como lo explica el constitucionalista y docente de Derecho Constitucional Rodolfo Burgos, fina relojería institucional (facebook.com/rodyburgos). Para designar un juez supremo se necesita del consenso de los dos poderes políticos: la Casa Rosada y el Congreso. Pero, además, en la Cámara Alta se requiere de un acuerdo especialísimo: dos de cada tres senadores tienen que avalar el pliego. Eso, en lo que atañe a la república. Porque la democracia también tiene su parte: la audiencia pública (la regula el decreto autónomo 222/2003) en la que la ciudadanía puede manifestar avales y reparos sobre el postulante.
¿Cuál de las dos disposiciones constitucionales preferirá la calidad institucional?
Porque así como es real que la disvaliosa decisión macrista es constitucional, no menos cierto es que hay una forzada interpretación literal donde sí queda en evidencia la antigüedad del inciso 19 en cuestión. En otras palabras, ¿a qué se le llama “receso” hoy? En 1853, los senadores del interior se volvían en carretas a sus provincias y no regresaban a Buenos Aires hasta el año siguiente. ¿Pero hoy? Además, ¿cuál era el apuro, si sobran los dedos de las manos para contar los días hábiles que restan hasta el inicio de la feria judicial? No hay. ¿Y cuál era la razón de fuerza mayor que obligó a dejar de lado el consenso institucional y la audiencia pública? Tampoco existe. Por eso el bochornoso decreto macrista no alega necesidad ni urgencia. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no citar a sesiones extraordinarias al Senado? ¿No queda claro, con los mecanismos constitucionales diseñados a ese efecto, que designar jueces de la Corte es un hecho extraordinario?
Después del atropello, Macri cedió a medias: aplazó hasta febrero la asunción de esos dos juristas enormes que son Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz en la Corte. Con independencia de si fue un gesto o no, lo indudable es que se trató de otra contradicción. Si se puede aguardar cuanto menos 40 días, ¿para qué el decreto? En el decreto, por cierto, está la otra contradicción. Su artículo 2 manda a implementar los mecanismos del decreto 222/2003, pero la audiencia pública es para que el pueblo pueda dar razones que impidan la designación de vocales de la Corte, y en este caso esos magistrados ya están designados. Ya están decretados de espaldas al pueblo y a los representantes del pueblo en el parlamento.
Lo imperdonable
El kirchnerismo ha perdido los comicios, pero ha ganado la batalla cultural. Que Macri designe jueces de la Corte por decreto sólo porque tenía la atribución para hacerlo, es kirchnerismo cultural. El Gobierno anterior cultivó la doctrina del “sí, porque puedo”. Ignorando por completo que la democracia tiene procedimientos: que es procedente a través de la república.
De la misma manera, una legión de macristas dispuestos a justificar hasta ese injustificable decreto, y a atacar en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación a cualquiera que ose esgrimir un argumento en desacuerdo, también es kirchnerismo cultural. El Gobierno anterior cultivó la persecusión de los que disentían, con impecable fascismo.
Justamente, es para mantener ese aberrante triunfo cultural que el kircherismo, ahora, habla de institucionalidad, se da abluciones de república y se flagela el cuerpo con la Constitución. ¿Por qué hacen cosa semejante después de la fanática defensa del sistema para que cualquier ‘che pibe’ fuera designado juez subrogante? ¿Por qué, luego del aplauso para el copamiento y la desnaturalización del Consejo de la Magistratura? ¿Por qué, tras la reivindicación de esa vergüenza histórica que fue el Memorándum con Irán para prevaricar el atentado contra la Argentina a través de la AMIA? ¿Por qué, si antes repartían hipótesis depravadas en torno de la muerte de Alberto Nisman, ocurrida en las más dudosas circunstancias en vísperas de explicar al Congreso por qué acusaba al Gobierno K de encubrir a los autores intelectuales de ese ataque a la mutual de argentinos que profesan la fe judía y la matanza de 85 compatriotas? ¿Por qué, después de la desaforada reivindicación del nombramiento de Daniel Reposo, y su promedio académico 4,7, como jefe de los fiscales de la Argentina? ¿Por qué, luego de la formación del partido judicial “Justicia Legítima” para estigmatizar, desde adentro, a los jueces que no se arrodillaban ante el podercito de turno? ¿Por qué, tras las falacias vertidas en nombre de “democratizar la justicia”, concepto malversado para tratar de que el poder contramayoritario por naturaleza adquiriese lógica electoral?
No lo hacen porque les guste mostrarse incontrastablemente patéticos. Apelan al descaro porque la batalla cultural que libran no quiere una sociedad democrática sino una sociedad de la crispación. Buscan que el revanchismo contra ellos mantenga vigentes sus propias prácticas. No les cuesta mucho trabajo: el kirchnerismo ha provocado tanto daño, y durante tanto tiempo, que muchos argentinos no están dispuestos a perdonarlo.
Pero no se puede siquiera intentar remediar el kirchnerismo apelando a las prácticas del kirchnerismo, porque semejante absurdo equivale a querer terminar con el canibalismo comiéndose a los caníbales. La Argentina, por los próximos cuatro años, no necesita de kirchnerismo con buenos modales. No requiere de kirchnerismo con ojos azules. Lo que el país demanda es no más kirchnerismo gobernante y punto. Así han mandado las urnas. Esas que han sido pisoteadas durante la propia democracia por presidentes que, risueñamente, aseguraban que si hubieran advertido a la sociedad cuáles eran sus verdaderas intenciones, nadie los hubiera votado. Esas a las que habría que besar institucionalmente y volver a colocar en lo más alto de los valores de los gobiernos.
Tal herencia del despojo sólo se podía atesorar en la conciencia. Los mayores, cuenta la novela, aún la llevan consigo. “Hacen memoria de su juventud y lo recuerdan todo, el frío, los mutilados que pedían limosna por la calle, los silencios, el nerviosismo que se apoderaba de sus padres si cruzaban por la acera con un policía, y una vieja costumbre ya olvidada, que no supieron o no quisieron transmitir a sus hijos. Cuando se caía un trozo de pan al suelo, los adultos obligaban a los niños a recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera, tanta hambre habían pasado sus familias en aquellos años en los que murieron todas esas personas queridas cuya historia nadie quiso contarles”.
Durante ese mismo siglo XX, los argentinos fuimos pobres de democracia y de república. Ambas fueron arrojadas al piso durante el 30, el 43, el 55, el 62, el 66, el 76. Aun así, ellas salvaron a los argentinos del Leviatán de la anarquía durante el dantesco fracaso económico del alfonsinismo en el 89 y, sobre todo, durante el oprobio del delarruísmo en 2001, cuando además del irreparable desastre económico, los gobernantes se mandaron a mudar sin que hubiera autoridades electas para reemplazarlos. Esas últimas dos veces, la democracia pudo seguir funcionando por los procedimientos pautados por la república.
Una y otra, entonces, sólo merecen muestras de aprecio de parte de los argentinos, después de tanta hambruna de institucionalidad. Después de tantas generaciones que sólo heredaban la certeza cuasi estadística de que habría un estallido por década...
Lo exigible
Es desgraciadamente obvio que tal cosa no puede pedírsele al kirchnerismo, hoy derrotado, si durante los 12 años en que ganó la mayoría de las elecciones sólo supo consagrar un fracaso institucional ininterrumpido. O, para decirlo en términos del constitucionalista Roberto Gargarella, sólo supo “contribuir a que se saqueara el derecho” (seminariogargarella.blogspot.com.ar).
Al macrismo, en cambio, no hay que “pedirle” apego a la democracia y a la república, sino que hay que exigírselo: ese ha sido su contrato electoral. Sin embargo, en su primera semana, el macrismo pateó la panera de la institucionalidad. Eso representa la barbaridad de haber designado por decreto nada menos que a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo atropellado
La discusión en torno a la salvajada de andar decretando jueces supremos no atañe a lo legal. En primer lugar, porque la norma es constitucional. Su base es el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, según el cual el Poder Ejecutivo “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
De paso, tampoco la cuestión gira en torno del término “empleo”, como pretenden algunos pistoleros y barrabravas del constitucionalismo kirchnerista, quienes intentan argüir que los cargos de los magistrados no son “empleos”. La norma es clara cuando menciona el requerimiento del aval senatorial. “El artículo 110 dice que ‘los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos...’”, añade el constitucionalista Domingo Rondina (domingorondina.com.ar). El propio Rondina también desestima el argumento de que como se trata de una norma de la Constitución original, ha caído en desuso. “La idea de que hay normas constitucionales que dejan de existir por la falta de uso o por el incumplimiento de los poderes constituidos, es contraria a la premisa de la supremacía constitucional”.
Entonces, queda claro que la norma es válida. Pero no es valiosa para la democracia ni para la república. Y esa discusión profundamente ética es la que alimenta o desnutre la calidad institucional. Porque la misma Constitución, y el mismísimo artículo 99, tiene otra norma: el inciso 4. “(El Poder Ejecutivo) Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.
Es, como lo explica el constitucionalista y docente de Derecho Constitucional Rodolfo Burgos, fina relojería institucional (facebook.com/rodyburgos). Para designar un juez supremo se necesita del consenso de los dos poderes políticos: la Casa Rosada y el Congreso. Pero, además, en la Cámara Alta se requiere de un acuerdo especialísimo: dos de cada tres senadores tienen que avalar el pliego. Eso, en lo que atañe a la república. Porque la democracia también tiene su parte: la audiencia pública (la regula el decreto autónomo 222/2003) en la que la ciudadanía puede manifestar avales y reparos sobre el postulante.
¿Cuál de las dos disposiciones constitucionales preferirá la calidad institucional?
Porque así como es real que la disvaliosa decisión macrista es constitucional, no menos cierto es que hay una forzada interpretación literal donde sí queda en evidencia la antigüedad del inciso 19 en cuestión. En otras palabras, ¿a qué se le llama “receso” hoy? En 1853, los senadores del interior se volvían en carretas a sus provincias y no regresaban a Buenos Aires hasta el año siguiente. ¿Pero hoy? Además, ¿cuál era el apuro, si sobran los dedos de las manos para contar los días hábiles que restan hasta el inicio de la feria judicial? No hay. ¿Y cuál era la razón de fuerza mayor que obligó a dejar de lado el consenso institucional y la audiencia pública? Tampoco existe. Por eso el bochornoso decreto macrista no alega necesidad ni urgencia. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no citar a sesiones extraordinarias al Senado? ¿No queda claro, con los mecanismos constitucionales diseñados a ese efecto, que designar jueces de la Corte es un hecho extraordinario?
Después del atropello, Macri cedió a medias: aplazó hasta febrero la asunción de esos dos juristas enormes que son Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz en la Corte. Con independencia de si fue un gesto o no, lo indudable es que se trató de otra contradicción. Si se puede aguardar cuanto menos 40 días, ¿para qué el decreto? En el decreto, por cierto, está la otra contradicción. Su artículo 2 manda a implementar los mecanismos del decreto 222/2003, pero la audiencia pública es para que el pueblo pueda dar razones que impidan la designación de vocales de la Corte, y en este caso esos magistrados ya están designados. Ya están decretados de espaldas al pueblo y a los representantes del pueblo en el parlamento.
Lo imperdonable
El kirchnerismo ha perdido los comicios, pero ha ganado la batalla cultural. Que Macri designe jueces de la Corte por decreto sólo porque tenía la atribución para hacerlo, es kirchnerismo cultural. El Gobierno anterior cultivó la doctrina del “sí, porque puedo”. Ignorando por completo que la democracia tiene procedimientos: que es procedente a través de la república.
De la misma manera, una legión de macristas dispuestos a justificar hasta ese injustificable decreto, y a atacar en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación a cualquiera que ose esgrimir un argumento en desacuerdo, también es kirchnerismo cultural. El Gobierno anterior cultivó la persecusión de los que disentían, con impecable fascismo.
Justamente, es para mantener ese aberrante triunfo cultural que el kircherismo, ahora, habla de institucionalidad, se da abluciones de república y se flagela el cuerpo con la Constitución. ¿Por qué hacen cosa semejante después de la fanática defensa del sistema para que cualquier ‘che pibe’ fuera designado juez subrogante? ¿Por qué, luego del aplauso para el copamiento y la desnaturalización del Consejo de la Magistratura? ¿Por qué, tras la reivindicación de esa vergüenza histórica que fue el Memorándum con Irán para prevaricar el atentado contra la Argentina a través de la AMIA? ¿Por qué, si antes repartían hipótesis depravadas en torno de la muerte de Alberto Nisman, ocurrida en las más dudosas circunstancias en vísperas de explicar al Congreso por qué acusaba al Gobierno K de encubrir a los autores intelectuales de ese ataque a la mutual de argentinos que profesan la fe judía y la matanza de 85 compatriotas? ¿Por qué, después de la desaforada reivindicación del nombramiento de Daniel Reposo, y su promedio académico 4,7, como jefe de los fiscales de la Argentina? ¿Por qué, luego de la formación del partido judicial “Justicia Legítima” para estigmatizar, desde adentro, a los jueces que no se arrodillaban ante el podercito de turno? ¿Por qué, tras las falacias vertidas en nombre de “democratizar la justicia”, concepto malversado para tratar de que el poder contramayoritario por naturaleza adquiriese lógica electoral?
No lo hacen porque les guste mostrarse incontrastablemente patéticos. Apelan al descaro porque la batalla cultural que libran no quiere una sociedad democrática sino una sociedad de la crispación. Buscan que el revanchismo contra ellos mantenga vigentes sus propias prácticas. No les cuesta mucho trabajo: el kirchnerismo ha provocado tanto daño, y durante tanto tiempo, que muchos argentinos no están dispuestos a perdonarlo.
Pero no se puede siquiera intentar remediar el kirchnerismo apelando a las prácticas del kirchnerismo, porque semejante absurdo equivale a querer terminar con el canibalismo comiéndose a los caníbales. La Argentina, por los próximos cuatro años, no necesita de kirchnerismo con buenos modales. No requiere de kirchnerismo con ojos azules. Lo que el país demanda es no más kirchnerismo gobernante y punto. Así han mandado las urnas. Esas que han sido pisoteadas durante la propia democracia por presidentes que, risueñamente, aseguraban que si hubieran advertido a la sociedad cuáles eran sus verdaderas intenciones, nadie los hubiera votado. Esas a las que habría que besar institucionalmente y volver a colocar en lo más alto de los valores de los gobiernos.
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