La cirugía mayor está en marcha. Mauricio Macri ha decidido pagar todos los costos de una vez en el menor tiempo posible, mientras gran parte de la sociedad argentina le sostiene el crédito. Anunció la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias -aunque aún no lo concretó- para tranquilizar los ánimos de la clase media tradicional, que cobra un salario que oscila entre los $ 25.000 y los $ 30.000 brutos mensuales. Después le tocó al campo y a los industriales con la eliminación y disminución de las retenciones. Y ahora va por el fin al cepo cambiario, una medida que tendrá un impacto profundo en el poder adquisitivo de la sociedad, toda vez que conlleva una devaluación del peso. Y allí se dividen las aguas, no sólo fuera del gabinete, sino también en el corazón del poder.
Algunos colaboradores de Macri sugieren recorrer una devaluación gradual, casi similar a la que vino aplicando (con microdevaluaciones) la presidenta Cristina Fernández a lo largo de los últimos cuatro años, desde que el cepo cambiario se consolidó como principal herramienta para evitar la fuga de divisas. Otros, en cambio, sugieren hacerlo de una vez. La depreciación de la moneda nacional respecto del dólar puede ser de entre 35% y 37%. Esto conducirá a un escenario de inflación inercial partiendo de la base de que muchos precios ya se acomodaron en función de las expectativas que tenían los agentes económicos acerca de las correcciones cambiarias.
Lo inquietante es que la incertidumbre se ha profundizado en distintas actividades. Algunos empresarios ligados al rubro tecnológico han decidido dejar de vender productos e insumos, sencillamente porque la mayor parte de los precios siguen la línea del dólar. “Vender una PC o una filmadora a un dólar a $ 9,50 es un escenario; pero esto se modifica si el nuevo gobierno lo lleva a $ 14. Entonces, ¿quién nos reconocerá la diferencia”, se ataja un proveedor de insumos informáticos.
Algo parecido sucede en el mercado automotor. Un importante empresario del rubro reconoció que desde las terminales sugieren no cerrar operaciones durante las próximas 48 horas a la espera de los anuncios presidenciales respecto de la liberación de las operaciones cambiarias. “No podemos adquirir repuestos porque aún no hay precios de referencia porque está todo dolarizado”, se explayó.
El Gobierno nacional espera una inyección de divisas que puede alcanzar al mismo nivel de las reservas internacionales del Banco Central, actualmente en franco descenso y que se ubican en U$S 24.000 millones. No puede haber liberación del cepo en la medida que no ingresen las divisas necesarias para respaldar las reservas del BCRA, confiesa un funcionario cercano al Palacio de Hacienda de la Nación.
El mercado ya hizo su apuesta y ubica la nueva cotización del dólar oficial entre $ 13,50 y $ 14,50. De allí el temor de los empresarios de cerrar operaciones que luego impliquen pérdidas. De todas maneras, habrá anuncios de Macri esta semana. En la que viene, en tanto, los ojos del mercado se dirigirán hacia Estados Unidos. Una misión de funcionarios nacionales prepara el otro anuncio del Gobierno nacional: un posible acuerdo con los acreedores de la deuda impaga. Esto implicará un gesto de confianza y de recuperación de la credibilidad del mercado internacional en las acciones del gobierno argentino, de tal manera de inyectar capitales en el corto y en el mediano plazo.
La liberación del cepo será gradual, más efectista que efectiva, pero liberación al fin. Durante el verano se permitirán operaciones de compra de dólares para turismo de hasta U$S 300. Paralelamente, los bancos aceitarían la operatoria sólo con efectivo y de acuerdo con la capacidad contributiva del interesado. Algunos mencionan la posibilidad de que vuelva el sistema de compras de hasta $ 2 millones, pero siempre y cuando se declare de dónde provienen esos fondos.
El verano será caliente como los anteriores por más que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay trate de restarle dramatismo a la cuestión económica argentina. Llegar a marzo es una de sus premisas. A partir de ese mes, las cerealeras comenzarán a liquidar divisas masivamente, según la promesa asumida tras la eliminación de las retenciones al agro. Se trataría de una fuente genuina de ingresos.
Marzo también será caliente. Los gremios ya velan sus armas frente a la posibilidad cierta de una fuerte devaluación del peso. En la Casa Rosada son concientes de este escenario y preparan una batería de medidas que tienda a preservar el poder adquisitivo del salario. Esto no obsta de que los reclamos en las paritarias superen el 30%. En el peor de los escenarios que maneja el macrismo se habla de un 32% como techo; el ideal rondaría el 28%, puras especulaciones. En el camino, se debe definir el cobro de “medio IVA” para productos de primera necesidad y otros que se incluyen como fundamentales en una canasta familiar, particularmente los artículos escolares, además de los alimentos. Reducir la carga de IVA del 21% al 13% o al 12% es la propuesta oficial.
Paralelamente, las correcciones vienen sin anestesia. El incremento de la carga impositiva es un hecho en todas las provincias. Tucumán no escapa a ese escenario. Por más que se incremente la presión fiscal sobre los grandes contribuyentes, éstos -como ya es una costumbre- la trasladarán a precios que pagan los consumidores finales. De allí la necesidad de un verdadero acuerdo económico y social, en el que el sostenimiento de la rentabilidad de uno de los agentes de la cadena de comercialización no implique el desgaste del poder adquisitivo del resto de tal modo que en la economía no siempre sean los mismos los que paguen los costos.
Algunos colaboradores de Macri sugieren recorrer una devaluación gradual, casi similar a la que vino aplicando (con microdevaluaciones) la presidenta Cristina Fernández a lo largo de los últimos cuatro años, desde que el cepo cambiario se consolidó como principal herramienta para evitar la fuga de divisas. Otros, en cambio, sugieren hacerlo de una vez. La depreciación de la moneda nacional respecto del dólar puede ser de entre 35% y 37%. Esto conducirá a un escenario de inflación inercial partiendo de la base de que muchos precios ya se acomodaron en función de las expectativas que tenían los agentes económicos acerca de las correcciones cambiarias.
Lo inquietante es que la incertidumbre se ha profundizado en distintas actividades. Algunos empresarios ligados al rubro tecnológico han decidido dejar de vender productos e insumos, sencillamente porque la mayor parte de los precios siguen la línea del dólar. “Vender una PC o una filmadora a un dólar a $ 9,50 es un escenario; pero esto se modifica si el nuevo gobierno lo lleva a $ 14. Entonces, ¿quién nos reconocerá la diferencia”, se ataja un proveedor de insumos informáticos.
Algo parecido sucede en el mercado automotor. Un importante empresario del rubro reconoció que desde las terminales sugieren no cerrar operaciones durante las próximas 48 horas a la espera de los anuncios presidenciales respecto de la liberación de las operaciones cambiarias. “No podemos adquirir repuestos porque aún no hay precios de referencia porque está todo dolarizado”, se explayó.
El Gobierno nacional espera una inyección de divisas que puede alcanzar al mismo nivel de las reservas internacionales del Banco Central, actualmente en franco descenso y que se ubican en U$S 24.000 millones. No puede haber liberación del cepo en la medida que no ingresen las divisas necesarias para respaldar las reservas del BCRA, confiesa un funcionario cercano al Palacio de Hacienda de la Nación.
El mercado ya hizo su apuesta y ubica la nueva cotización del dólar oficial entre $ 13,50 y $ 14,50. De allí el temor de los empresarios de cerrar operaciones que luego impliquen pérdidas. De todas maneras, habrá anuncios de Macri esta semana. En la que viene, en tanto, los ojos del mercado se dirigirán hacia Estados Unidos. Una misión de funcionarios nacionales prepara el otro anuncio del Gobierno nacional: un posible acuerdo con los acreedores de la deuda impaga. Esto implicará un gesto de confianza y de recuperación de la credibilidad del mercado internacional en las acciones del gobierno argentino, de tal manera de inyectar capitales en el corto y en el mediano plazo.
La liberación del cepo será gradual, más efectista que efectiva, pero liberación al fin. Durante el verano se permitirán operaciones de compra de dólares para turismo de hasta U$S 300. Paralelamente, los bancos aceitarían la operatoria sólo con efectivo y de acuerdo con la capacidad contributiva del interesado. Algunos mencionan la posibilidad de que vuelva el sistema de compras de hasta $ 2 millones, pero siempre y cuando se declare de dónde provienen esos fondos.
El verano será caliente como los anteriores por más que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay trate de restarle dramatismo a la cuestión económica argentina. Llegar a marzo es una de sus premisas. A partir de ese mes, las cerealeras comenzarán a liquidar divisas masivamente, según la promesa asumida tras la eliminación de las retenciones al agro. Se trataría de una fuente genuina de ingresos.
Marzo también será caliente. Los gremios ya velan sus armas frente a la posibilidad cierta de una fuerte devaluación del peso. En la Casa Rosada son concientes de este escenario y preparan una batería de medidas que tienda a preservar el poder adquisitivo del salario. Esto no obsta de que los reclamos en las paritarias superen el 30%. En el peor de los escenarios que maneja el macrismo se habla de un 32% como techo; el ideal rondaría el 28%, puras especulaciones. En el camino, se debe definir el cobro de “medio IVA” para productos de primera necesidad y otros que se incluyen como fundamentales en una canasta familiar, particularmente los artículos escolares, además de los alimentos. Reducir la carga de IVA del 21% al 13% o al 12% es la propuesta oficial.
Paralelamente, las correcciones vienen sin anestesia. El incremento de la carga impositiva es un hecho en todas las provincias. Tucumán no escapa a ese escenario. Por más que se incremente la presión fiscal sobre los grandes contribuyentes, éstos -como ya es una costumbre- la trasladarán a precios que pagan los consumidores finales. De allí la necesidad de un verdadero acuerdo económico y social, en el que el sostenimiento de la rentabilidad de uno de los agentes de la cadena de comercialización no implique el desgaste del poder adquisitivo del resto de tal modo que en la economía no siempre sean los mismos los que paguen los costos.
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