Desgraciadamente, en los últimos meses se ha puesto de moda hablar de bombas. “Artefacto explosivo provisto de un dispositivo para que estalle en el momento conveniente”. Esa es la definición de la Real Academia. En el argot político de fin de año, esa es la denominación que se da a los problemas que dejan activados aquellas autoridades que entregan el poder. Los intendentes radicales Mariano Campero y Roberto Sánchez (Yerba Buena y Concepción, respectivamente) vienen caminando en terreno minado. Son muestras del egoísmo político de dirigentes que prefieren dejar inconvenientes a sus sucesores y no demostrar la calidad de su gestión. Daniel Toledo y Osvaldo Morelli son pequeños ejemplos. La única explicación es la (para ellos) inesperada derrota que sufrieron y la bronca que les quedó. No es de esperarse esas cuestiones a nivel provincial, donde cansadamente durante todo el año se ha hablado de continuidad. Pero eso ha durado hasta el 29 de octubre. Apenas ha terminado el gobierno de José Alperovich, su sucesor ha buscado diferenciarse. Lo que Juan Manzur no puede ocultar, aunque quiere, es que él ha sido parte de los aciertos y los desaciertos de Alperovich. Lo mismo pasa con Osvaldo Jaldo. Aunque no quiera el binomio gubernamental, es parte del problema.
Hace días que en el escritorio del ministro de Economía hay un “tic-tac” incómodo, que cada vez suena más fuerte. Eduardo Garvich, un experto en los tejes y manejes de los dineros públicos, aún no encuentra la clave para desactivar una bomba que le ha dejado la obra pública. Serían casi 500 millones de pesos los que están frenando muchos emprendimientos.
Los empresarios que se venían callando ya han empezado a desfilar por el despacho del funcionario, porque la llegada del fin de año no les augura muchos regalos en el arbolito, sino problemas para cumplir con los compromisos contraídos. Hasta ahora no se han animado a realizar una queja concreta porque actúan como esos miedosos que, cuando ven una rata, se suben a la silla y enmudecen como estatuas.
El responsable directo de los emprendimientos del Instituto de la Vivienda es Gustavo Durán, un próspero funcionario que viene también de la gestión alperovichista y que Manzur dejó en el lugar donde lo puso José. Durán ha venido logrando superar los entuertos advirtiéndole a cada empresario quejoso que si no le gustaba como se daban las cosas, no había problemas: en la lista de espera sobraban los interesados para encarar los trabajos que se habían adjudicado a los quejosos.
Pero ahora Durán ha logrado un verdadero récord para Tucumán. Es una de las provincias del norte que más atrasos tiene a la hora de pagar. Y ahí ha entrado en el terreno de la ilegalidad. Según la Ley de Obras Públicas el pago de los certificados de obra deben hacerse hasta 55 días después. Actualmente, el atraso supera los 150 días y la bomba sigue haciendo “tic-tac”. En el orden nacional son pocas las provincias que han logrado superar los 60 días de atraso. En sus reuniones de café hay empresarios que han empezado a evaluar la posibilidad de parar algunas obras y eso pone en riesgo la estabilidad laboral de un sector sensible como es el de la construcción. Mientras oír se dejan los sonidos de tambores gremiales estatales, la impaciencia golpea la puerta de Garvich.
El tiempo es un viejo travieso que así como apacigua pasiones, también es capaz de generar vivezas e ingeniosas salidas a los problemas. Los certificados de pago se fueron convirtiendo así en verdaderos títulos que generaban efectivo, a un costo importante. Así se implementó una operatoria con la cual, en la medida que algún constructor necesitaba efectivo, iba al Banco del Tucumán y entregaba sus certificados a cambio de moneda contante y sonante con tasas que superaban el 30%. Pero, además a los certificados de obra sólo les reconocían, el 60% o el 70% en lo que ya se denomina el “riesgo gobierno”. Todo esto se mantuvo en la nebulosa de los comicios. Ahora con la llegada de las fiestas, las exigencias de los aguinaldos y la definición de quiénes tienen el poder es una bomba a punto de estallar.
Divididos
Al final, el cántaro se rompe. Fue un ir y venir donde hasta los hijos de los vocales metieron la cuchara. Después de la intromisión familiar, René Goane y Antonio Estofán presentaron un recurso de reconsideración pidiendo que la Corte Suprema de Justicia revea el punto de la acordada 1266. Esa en la que Goane no es considerado el vocal decano, pese a ser el integrante de la Corte de más edad. Ambos vocales aducen que le corresponde esa caracterización que, además, implica ser virtualmente el vicepresidente de la Corte.
Aquella acordada ha determinado que ese lugar lo ocupe la vocal Claudia Sbdar y que la presidencia continúe en manos de Antonio Gandur. Tanto Goane como Estofán plantearon que se trate esta cuestión con “carácter de muy urgente en atención a que se encuentra en juego la legalidad en la conformación y funcionamiento del Poder Judicial de Tucumán”. Ambos magistrados argumentaron que se encontraban en la disyuntiva de cuidar la imagen de la cúpula del Poder Judicial, que no debía caer en un escándalo y el riesgo de “convalidar la grave ilegalidad por parte de quienes les pesa el deber legal de transmitir el mensaje que la supremacía de la ley es innegociable y que el hombre debe someterse” a ella… La presentación viene a confirmar un estado de crisis permanente en la Corte que ha quedado quebrada en dos partes casi irreconciliables. Por un lado los vocales Sbdar y Daniel Posse y por el otro Estofán y Goane. El fiel de la balanza del presidente Gandur se inclina en favor de los dos primeros que le ayudaron a retener el sillón principal. Los egoísmos y personalismos se han convertido en valor supremo en este quinteto que cada vez desafina más.
El sexteto mayor
Se fue Cristina y se debilitó el alperovichismo y, específicamente, Manzur. Llegó Macri y se fortalecieron el radical José Cano y, aleatoriamente, el peronista ultra-antialperovichista y respetuoso de Manzur Germán Alfaro. A los primeros se une, porque vienen juntos como hermanos siameses, el vicegobernador Osvaldo Jaldo. A los segundos se junta, porque está adosado por la historia reciente, Domingo Amaya. De esta manera el poder en Tucumán ha quedado con un tridente oficialista (Manzur, Jaldo y Alperovich) y un trío opositor (Cano, Alfaro y Amaya). Este sexteto no se puede sentar ni a jugar al truco frente a frente. Sin embargo la llegada del nuevo presidente los va a obligar a verse la cara, a respetarse y a trabajar en forma conjunta. Si así no lo hicieren, Tucumán se los va a demandar.
La designación de Cano y de Amaya fue un reconocimiento de Macri a la batalla que libraron estos dos tucumanos después del 23 de agosto, cuando hubo un claro reclamo de mayor transparencia, valor que el nuevo mandatario nacional subrayó en su mensaje al país. Algunos amayistas -todavía quedan- aclaran también que el vínculo que alguna vez se dio dentro del peronismo entre Amaya y Emilio Monzó fructificó ahora en la designación del tucumano. Por su parte, hay canistas que advierten sobre la necesidad de que Cano no se olvide del trabajo que se hizo en la provincia desde la oposición. Es que el ex senador, ex diputado y ahora funcionario nacional siempre tuvo mayor valoración fuera de la provincia que adentro, donde sus propios adlátares siempre tuvieron algo para cuestionarle. Nadie es profeta en su propia tierra.
La bomba tucumana
Con el correr de los días van apareciendo los dueños de las criaturas o los padres putativos de los problemas de las cuestiones del Estado. El escándalo de las valijas que viajan del banco a la Legislatura, con millones de pesos en efectivo para pagar lo que no se puede justificar o para llenar bolsillos que no se deberían llenar, tiene dueño. Ese es el vicegobernador Osvaldo Jaldo. No puede decir que el problema se lo dejó su antecesor porque ese es Manzur, su compañero de fórmula, y le debe ser difícil echarle la culpa a Alperovich porque según él es “el mejor gobernador de la historia de Tucumán”. No le queda más remedio que hacerse cargo de las valijas. Mientras piensa como eliminar los gastos sociales (eufemismo con el que se denomina a la plata valijera) hay quienes proponen que las valijas sigan viajando, pero desde alguna sucursal del Banco del Tucumán menos céntrica. La más cercana a la Legislatura podría ser la de Sarmiento y 25 de Mayo.
Hasta que comience el nuevo período de sesiones, Jaldo empieza a acomodar en su escritorio algunas ideas. Por un lado necesitan finiquitar la investigación judicial que los pone en jaque. Por el otro, se analiza equiparar los sueldos legislativos al de los jueces. La idea es bien vista por algunos legisladores, aunque los más angurrientos que vienen de la composición legislativa anterior saben que sería una rebaja salarial. Dentro de las valijas siempre hay muchos billetes de $100 y ninguno se mueve al ritmo del “tic-tac”. Pero si el compromiso de todos es mejorar la transparencia, el diálogo y el consenso, es un deber de la Cámara desactivar de una vez por todas esta bomba que se activó en los años 90.
Hace días que en el escritorio del ministro de Economía hay un “tic-tac” incómodo, que cada vez suena más fuerte. Eduardo Garvich, un experto en los tejes y manejes de los dineros públicos, aún no encuentra la clave para desactivar una bomba que le ha dejado la obra pública. Serían casi 500 millones de pesos los que están frenando muchos emprendimientos.
Los empresarios que se venían callando ya han empezado a desfilar por el despacho del funcionario, porque la llegada del fin de año no les augura muchos regalos en el arbolito, sino problemas para cumplir con los compromisos contraídos. Hasta ahora no se han animado a realizar una queja concreta porque actúan como esos miedosos que, cuando ven una rata, se suben a la silla y enmudecen como estatuas.
El responsable directo de los emprendimientos del Instituto de la Vivienda es Gustavo Durán, un próspero funcionario que viene también de la gestión alperovichista y que Manzur dejó en el lugar donde lo puso José. Durán ha venido logrando superar los entuertos advirtiéndole a cada empresario quejoso que si no le gustaba como se daban las cosas, no había problemas: en la lista de espera sobraban los interesados para encarar los trabajos que se habían adjudicado a los quejosos.
Pero ahora Durán ha logrado un verdadero récord para Tucumán. Es una de las provincias del norte que más atrasos tiene a la hora de pagar. Y ahí ha entrado en el terreno de la ilegalidad. Según la Ley de Obras Públicas el pago de los certificados de obra deben hacerse hasta 55 días después. Actualmente, el atraso supera los 150 días y la bomba sigue haciendo “tic-tac”. En el orden nacional son pocas las provincias que han logrado superar los 60 días de atraso. En sus reuniones de café hay empresarios que han empezado a evaluar la posibilidad de parar algunas obras y eso pone en riesgo la estabilidad laboral de un sector sensible como es el de la construcción. Mientras oír se dejan los sonidos de tambores gremiales estatales, la impaciencia golpea la puerta de Garvich.
El tiempo es un viejo travieso que así como apacigua pasiones, también es capaz de generar vivezas e ingeniosas salidas a los problemas. Los certificados de pago se fueron convirtiendo así en verdaderos títulos que generaban efectivo, a un costo importante. Así se implementó una operatoria con la cual, en la medida que algún constructor necesitaba efectivo, iba al Banco del Tucumán y entregaba sus certificados a cambio de moneda contante y sonante con tasas que superaban el 30%. Pero, además a los certificados de obra sólo les reconocían, el 60% o el 70% en lo que ya se denomina el “riesgo gobierno”. Todo esto se mantuvo en la nebulosa de los comicios. Ahora con la llegada de las fiestas, las exigencias de los aguinaldos y la definición de quiénes tienen el poder es una bomba a punto de estallar.
Divididos
Al final, el cántaro se rompe. Fue un ir y venir donde hasta los hijos de los vocales metieron la cuchara. Después de la intromisión familiar, René Goane y Antonio Estofán presentaron un recurso de reconsideración pidiendo que la Corte Suprema de Justicia revea el punto de la acordada 1266. Esa en la que Goane no es considerado el vocal decano, pese a ser el integrante de la Corte de más edad. Ambos vocales aducen que le corresponde esa caracterización que, además, implica ser virtualmente el vicepresidente de la Corte.
Aquella acordada ha determinado que ese lugar lo ocupe la vocal Claudia Sbdar y que la presidencia continúe en manos de Antonio Gandur. Tanto Goane como Estofán plantearon que se trate esta cuestión con “carácter de muy urgente en atención a que se encuentra en juego la legalidad en la conformación y funcionamiento del Poder Judicial de Tucumán”. Ambos magistrados argumentaron que se encontraban en la disyuntiva de cuidar la imagen de la cúpula del Poder Judicial, que no debía caer en un escándalo y el riesgo de “convalidar la grave ilegalidad por parte de quienes les pesa el deber legal de transmitir el mensaje que la supremacía de la ley es innegociable y que el hombre debe someterse” a ella… La presentación viene a confirmar un estado de crisis permanente en la Corte que ha quedado quebrada en dos partes casi irreconciliables. Por un lado los vocales Sbdar y Daniel Posse y por el otro Estofán y Goane. El fiel de la balanza del presidente Gandur se inclina en favor de los dos primeros que le ayudaron a retener el sillón principal. Los egoísmos y personalismos se han convertido en valor supremo en este quinteto que cada vez desafina más.
El sexteto mayor
Se fue Cristina y se debilitó el alperovichismo y, específicamente, Manzur. Llegó Macri y se fortalecieron el radical José Cano y, aleatoriamente, el peronista ultra-antialperovichista y respetuoso de Manzur Germán Alfaro. A los primeros se une, porque vienen juntos como hermanos siameses, el vicegobernador Osvaldo Jaldo. A los segundos se junta, porque está adosado por la historia reciente, Domingo Amaya. De esta manera el poder en Tucumán ha quedado con un tridente oficialista (Manzur, Jaldo y Alperovich) y un trío opositor (Cano, Alfaro y Amaya). Este sexteto no se puede sentar ni a jugar al truco frente a frente. Sin embargo la llegada del nuevo presidente los va a obligar a verse la cara, a respetarse y a trabajar en forma conjunta. Si así no lo hicieren, Tucumán se los va a demandar.
La designación de Cano y de Amaya fue un reconocimiento de Macri a la batalla que libraron estos dos tucumanos después del 23 de agosto, cuando hubo un claro reclamo de mayor transparencia, valor que el nuevo mandatario nacional subrayó en su mensaje al país. Algunos amayistas -todavía quedan- aclaran también que el vínculo que alguna vez se dio dentro del peronismo entre Amaya y Emilio Monzó fructificó ahora en la designación del tucumano. Por su parte, hay canistas que advierten sobre la necesidad de que Cano no se olvide del trabajo que se hizo en la provincia desde la oposición. Es que el ex senador, ex diputado y ahora funcionario nacional siempre tuvo mayor valoración fuera de la provincia que adentro, donde sus propios adlátares siempre tuvieron algo para cuestionarle. Nadie es profeta en su propia tierra.
La bomba tucumana
Con el correr de los días van apareciendo los dueños de las criaturas o los padres putativos de los problemas de las cuestiones del Estado. El escándalo de las valijas que viajan del banco a la Legislatura, con millones de pesos en efectivo para pagar lo que no se puede justificar o para llenar bolsillos que no se deberían llenar, tiene dueño. Ese es el vicegobernador Osvaldo Jaldo. No puede decir que el problema se lo dejó su antecesor porque ese es Manzur, su compañero de fórmula, y le debe ser difícil echarle la culpa a Alperovich porque según él es “el mejor gobernador de la historia de Tucumán”. No le queda más remedio que hacerse cargo de las valijas. Mientras piensa como eliminar los gastos sociales (eufemismo con el que se denomina a la plata valijera) hay quienes proponen que las valijas sigan viajando, pero desde alguna sucursal del Banco del Tucumán menos céntrica. La más cercana a la Legislatura podría ser la de Sarmiento y 25 de Mayo.
Hasta que comience el nuevo período de sesiones, Jaldo empieza a acomodar en su escritorio algunas ideas. Por un lado necesitan finiquitar la investigación judicial que los pone en jaque. Por el otro, se analiza equiparar los sueldos legislativos al de los jueces. La idea es bien vista por algunos legisladores, aunque los más angurrientos que vienen de la composición legislativa anterior saben que sería una rebaja salarial. Dentro de las valijas siempre hay muchos billetes de $100 y ninguno se mueve al ritmo del “tic-tac”. Pero si el compromiso de todos es mejorar la transparencia, el diálogo y el consenso, es un deber de la Cámara desactivar de una vez por todas esta bomba que se activó en los años 90.
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