Mueren adolescentes por consecuencia del “paco”. O se quitan la vida desesperados, para no continuar hiriendo a su familia, consumidos por esa “porquería” que les miente que son felices durante algunos minutos. Viven en barrios donde las familias, en casi todos los casos, forman parte de la mitad de la población joven de Tucumán que experimenta extremas condiciones de pobreza, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Por ello sus padres, sus familiares y sus amigos están dispuestos a decir basta de narcotráfico y de consumo de droga, pese a sus limitaciones y a su condición social crítica. Son los más vulnerables, los marginados, los menos agraciados de la sociedad los que coparán la calle para exigir ayuda.

Son valientes que luchan contra lo que, claramente, desde el nuevo gobierno de Juan Luis Manzur quieren esconder: los narcos están haciendo estragos en Tucumán y ganan la batalla de la violencia y la inseguridad en la provincia. ¿Por qué la afirmación? Porque los vecinos de los siete barrios que marcharán hoy para exigir un plan claro de lucha contra las adicciones recibieron presiones y amenazas de funcionarios de primera línea del Poder Ejecutivo para que la procesión de vecinos no se concretara. A una de las madres que organizó la marcha le dijeron que le iban a quitar los planes y a trabajadores sociales les avisaron que si no frenaban la protesta podían perder sus puestos en el Estado.

Nada más ilógico y lamentable que esa situación. Los que integran el colectivo “Hermandad de los Barrios contra las Adicciones” no entienden por qué la reacción oficial fue esa. “Hasta invitamos al gobernador que marche con nosotros. Lo que queremos es que nos escuche, que se trabaje en este tema, que se atienda a los adictos, que se luche contra los transas”, explica otra de las madres.

Las buenas intenciones de este grupo de vecinos chocan contra la política de esconder bajo la alfombra lo mal hecho en los últimos años. Porque, por ejemplo, la inseguridad no es un problema exclusivo de Paul Hofer, el secretario de Seguridad de la provincia de la anterior y de la nueva gestión, sino más bien de las áreas sociales, sanitarias y educativas del Poder Ejecutivo.

En Tribunales, los fiscales -en especial Adriana Giannoni- ensayan estudios que les ayuden a entender la escalada de delitos que cachetea a los tucumanos desde hace un tiempo. Por ello consultan a cada detenido por algún delito si consumen drogas: poco más del 80% responde afirmativamente.

Que los vecinos de algunos de los barrios más pobres de la provincia se pongan al frente de una marcha contra los narcos y las adicciones es un golpe para los hombres que ostentaron y ostentan el poder. El propio Manzur fue ministro de Salud provincial y nacional -además de vicegobernador-, mientras que los actuales funcionarios Gabriel y Pablo Yedlin (ministro de Desarrollo Social y secretario General de la Gobernación, respectivamente) también estuvieron en el sector sanitario. Y la lista continúa: Beatriz Mirkin estuvo a cargo del área social y Silvia Rojkés en la de Educación durante el gobierno de José Alperovich (los tres hoy ocupan bancas en el Congreso).

¿Cómo harán para explicar todos estos funcionarios el fracaso para frenar el consumo y la venta de droga en Tucumán? ¿Quién ampara a los narcotraficantes, que operan y cocinan sus nefastos productos ante las narices de todos? ¿Por qué cualquier “hijo de vecino” sabe dónde se fabrica y se vende droga y la Policía no? ¿O jueces, fiscales y agentes lo saben y miran hacia otro lado?

Las madres del dolor, que perdieron hijos o nietos víctimas del “paco”, luchan de frente contra los transas y ahora, también, contra el Gobierno, una paradoja inentendible y difícil de explicar a una sociedad que sangra por sus jóvenes muertos por las drogas o por la inseguridad que los acosa.

Escalando posiciones

Mientras tanto, la política se ocupa se otros asuntos. El gobernador busca la forma de que alguien le abra una puerta con el macrismo. Por el momento, llama a empresarios amigos. Esa podría ser la vía más corta para que acceda a los nuevos inquilinos de la Casa Rosada. La política, por ahora, le cierra el paso. Radicales y macristas le hacen zancadillas. Sus contrincantes locales escalan posiciones. José Cano se acomoda para las fotos con los máximos referentes del gobierno de Mauricio. Espera que el plan Belgrano consolide su posición nacional, pero en especial en Tucumán. Sin embargo, algunos de sus aliados temen que los flashes lo encandilen y se olvide de aliados que lo pusieron en el lugar que hoy ostenta. Por el momento, el hasta ahora diputado nacional avanza con el armado de su estructura, que incluye el manejo de millones de pesos y de obras de todo tipo para la región. También le acercó un nombre a los macristas, el de Domingo Amaya. Su ex compañero de fórmula podría caer en el área de Vivienda de la Nación. Manejaría millones para la construcción de casas. Así, la dupla que enfrentó con fiereza y que puso en boca de todo el país a Manzur -y no por buenos motivos- acumula poder de fuego. Habrá que ver cómo lo utilizan y cómo llevan la relación con el mandatario tucumano.

José Alperovich también dio muestras de que se subió al cambio y parece dispuesto a hacer valer su lugar en el Senado. Ya lo había adelantado entre sus más íntimos la misma noche en que se enteró de que Daniel Scioli había caído en desgracia: “mi voto ahora será más valioso”, había advertido. Ayer fue uno de los primeros en confirmar que estará en la asunción de Macri, en medio de la orden para que los kirchneristas no acudan al Congreso. Habrá que ver si es una jugada personal o consensuada con Manzur, pensando en “ayudar a la provincia”. ¿El gobernador podría volverse macrista? Fue un referente del kirchnerismo y fue ese movimiento y sus seguidores los que coparon la plaza de Tribunales para exigir que la Justicia legitime su triunfo en las urnas. Sería un duro golpe para los creyentes K.

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