1- El 1 de enero se duplica la desocupación en Tucumán.
2- En marzo Manzur arma su propio equipo de colaboradores.
3- En algunos meses se transparentan los gastos sociales de la Legislatura.
No son tres afirmaciones, son tres posibilidades que pueden verificarse en el corto plazo. Hay gente trabajando para evitar que algunas de estas alternativas se concreten y para que otras se cumplan, y hay otros que miran con desesperación cómo funcionarios que tendrían que estar preocupados por el estallido de un drama social o por dar una oportuna respuesta política siguen dormidos y no hacen bien sus deberes. Veamos.
Capítulo I
El 31 de diciembre vence el plazo de la última prórroga de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen. El acuerdo con la Nación fue suscripto por la actual senadora Beatriz Mirkin, en su condición de ministra de Desarrollo Social, la misma que cuando recibió su diploma como nueva integrante de la Cámara Alta dijo que con Macri se venía el ajuste. ¿Se habrá referido a estos planes sociales?
Por la vigencia de ambos proyectos, en Tucumán hay entre 27.000 y 28.000 beneficiarios; los que quedarán en la calle si el próximo Gobierno no los ratifica. Son miles de personas, que perciben ingresos de entre $ 1.600 y $ 2.000, que aumentarán drásticamente el índice de desocupación. Los últimos valores del Indec referidos al San Miguel de Tucumán fijan en aproximadamente un 6% esa tasa, porcentaje que alcanza a unos 20.000 comprovincianos. Ergo, si a fin de mes cesan definitivamente estos dos programas nacionales, en enero habrá casi 50.000 desocupados, lo que pondría el índice estadístico en un dramático 15%.
La posibilidad de que esos dos dígitos se visualicen debería movilizar en algún sentido a las nuevas autoridades del área social de la Provincia. En cambio, los que sí están transpirando son los legisladores, intendentes, concejales y funcionarios del Poder Ejecutivo que manejan cupos de estos programas a través de cooperativas de trabajo, y que ven peligrar seriamente su existencia. O lo que es lo mismo, ven con horror cómo pueden quedar disminuida su capacidad de respuesta territorial a partir de perder el manejo de los recursos nacionales destinados a trabajos sociales.
Esta concepción asistencialista del Estado, en la visión de algunos dirigentes peronistas, puede desaparecer con políticas de ajuste de la mano del macrismo en el Gobierno. Temen por la discontinuidad o por la pérdida de las ventajas clientelares de las que gozan. Les preocupa hasta dónde puede llegar el “cambio”. Eso se verificará en pocos días. Lo seguro es que el mantenimiento de estos dos programas -si es que prosiguen- provocará la aparición de nuevos actores -más próximos al macrismo, o al radicalismo, o al peronismo disidente- o de nuevos mecanismos de aplicación. Es que las denuncias sobre clientelismo político a partir del uso indebido de estas dos iniciativas se multiplicaron desde su puesta en marcha en agosto de 2009.
El plan Argentina Trabaja nació luego de la derrota legislativa del kirchnerismo en Buenos Aires. El Gobierno pretendió recuperar el espacio perdido a partir de esta iniciativa social de alcance territorial. En esa ocasión Tucumán resultó beneficiada con 15.000 puestos, o subsidios. Después se incrementaron hasta 30.000 con un aporte nacional de $ 60 millones mensuales. La cifra disminuyó luego, según un ex funcionario alperovichista, porque algunos inscriptos se incorporaron al mercado laboral formal.
¿Tienen motivos para estar preocupados los dirigentes locales en cuanto a lo que pueda hacer la próxima gestión nacional, ya sea eliminando estos planes o modificando las reglas? El futuro ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, dijo que a partir del 10 se va a ir revirtiendo todo lo que está mal. ¿Según su visión, puede estar mal esta iniciativa kirchnerista? Precisamente, en su paso por el Congreso, Prat Gay presentó el 12 de julio de 2012 un proyecto de resolución por el que reclamaba a la Nación datos sobre el plan Argentina Trabaja -destinatarios, número de cooperativas, criterios para otorgar el beneficio, sistemas de controles y precisiones sobre la generación de empleo genuino- y en el que mencionaba: es necesario también, como en cualquier política pública, avanzar en la transparencia del programa.
¿Se viene la transparencia o la desaparición? Dependiendo de la respuesta, el preocupado será el que maneja estos subsidios -porque no dispondrá de una herramienta clientelar o de respuesta a la demanda social de sectores vulnerables- o bien el Gobierno, porque verá cómo se incrementa la desocupación con un simple cese de dos programas. ¿Lo advierte el Ministerio de Desarrollo Social? Se debería estar buscando un interlocutor en el macrismo en esta breve transición para frenar una posible calamidad social.
Capítulo II
El problema de la desocupación, expuesto de esta manera, lleva al segundo tema; el del equipo propio. Veamos. Ex funcionarios entienden que el interlocutor provincial frente al próximo Gobierno por este posible conflicto social puede ser el senador electo José Alperovich. ¿El ex gobernador entendiéndose directamente con Macri para hablar en nombre del gobierno de Tucumán? Si bien Manzur entiende que su antecesor es necesario para obtener ventajas para la provincia desde su nuevo rol en el Congreso, la relación directa con el futuro Presidente debería pasar por sus manos; según el manual básico de las relaciones institucionales. El interlocutor soy yo, suele repetir el titular del Poder Ejecutivo cuando se le consulta sobre la relación que se viene entre la Nación y la Provincia. Allí se puede visualizar un posible cortocircuito. El poder político, nacional y provincial, tiene nuevos actores, nuevos roles y una escenografía distinta. A algunos les costará acostumbrarse al nuevo escenario.
¿Qué tiene que ver el debate sobre estas vinculaciones con el equipo propio? Hoy, el gabinete manzurista se compone de siete ministerios, ocho secretarías y la Fiscalía de Estado. Abarca 261 cargos, según el nuevo organigrama funcional del PE, desde nivel de ministros hasta el de subdirectores. Es un Ejecutivo más amplio que el de Alperovich -que contemplaba a 209 colaboradores-, aunque con muchos puestos vacantes aún. Un gran número de esos cargos fue cubierto por alperovichistas, por lo que poco hay de manzurismo puro allí. En algún momento tendrá que darle su impronta a esos más de 260 colaboradores para ganar en legitimidad y en reconocimiento político, propio y ajeno.
Bien se dice que la política está hecha de gestos, y Manzur tendrá que darlos en esa dirección; y en el corto plazo. Gestos concretos sobre que él es quien gobierna. ¿Cuándo se puede concretar el desprendimiento de algunas mochilas o bien la absorción por completo de los alperovichistas en el Ejecutivo? Posiblemente en marzo, cuando se realice una primera evaluación sobre la gestión de cada área gubernamental. Hoy están todos a prueba, bajo la mira, aunque no lo sepan, o lo intuyan, como algunos que han puesto a rodar propuestas y proyectos en el marco del nuevo clima de diálogo y búsqueda de consensos que exige la sociedad. Si no hay resultados hasta esa época, seguramente habrá cambios. Es la mejor excusa para justificar un nuevo equipo, de confianza; el propio, que le dicen.
Capítulo III
Manzur se ha embarcado en un proceso de legitimación, además de avanzar en ese marco de funcionamiento interno del PE, a través gestos de consenso hacia el exterior. En ese sentido deben ser observados los saludos a Macri, las reuniones con el intendente Alfaro, la vista a monseñor Rossi. Aspira a despegarse y a despegar. En ese trámite personal tiene lastres, como los gastos sociales de los legisladores. En tiempos en que la exigencia ciudadana de transparencia en el manejo de los dineros públicos se volvió una cuestión clave, el conflicto por los recursos que perciben discrecionalmente los parlamentarios le estalló en sus manos. Por lo tanto, bajo su gestión y bajo ese afán de legitimarse frente un sector de la sociedad que le dio la espalda -masivamente en la capital- tendría que darse una solución.
¿Será posible? La pregunta es si los legisladores cederán este privilegio. Por ahora parece inevitable que los representantes del pueblo renieguen de la ayuda social que brindan, por una cuestión práctica y de usos y costumbres; más allá de que algunos puedan dirigir estos dineros directamente a sus bolsillos. Ex legisladores justifican la existencia de esta ayuda apuntando que la burocracia estatal impide dar una respuesta inmediata a las demandas de los sectores sociales más vulnerables; esos mismos a los que se destinan la Asignación Universal por Hijo o los programas Argentina Trabaja o Ellas Hacen. Un ex secretario general de la Gobernación confesó, café de por medio, que fracasó en su intento por implementar un sistema para agilizar la respuesta del Estado frente a los pedidos de remedios, de dinero para el pago de boletas de la luz, de sillas de ruedas o de alimentos. El papelerío era infernal; dijo. Así justificaba que el legislador otorgara dinero en efectivo y en mano a los que van a pedir estas ayudas.
Frente a un Estado ineficaz, la Legislatura termina siendo un centro de gestores sociales más que de parlamentarios creativos; supo apuntar con acidez un ex funcionario. El problema radica en la falta de transparencia y en el endeble sistema de control para verificar que efectivamente esos dineros van a satisfacer una demanda social. El mecanismo está deformado, mal visto, genera dudas sobre el comportamiento de los legisladores y provoca el descrédito de un poder del Estado. ¿Cómo se supera? Si es inevitable este esquema de respuesta directa de la Cámara -porque ya es una tradición-, no quedaría otra que blanquearlo. Y transparentar el sistema de entrega de recursos.
¿Cómo? Una idea que está bailando sobre algunos escritorios es la de otorgar una mejor dieta a los legisladores, incluso para que puedan tener una buena jubilación, de entre $ 25.000 a $ 30.000 y una asignación extra para ayuda social de $ 80.000 a $ 90.000. Claro, con una rendición de cuentas más clara que la actual. Como sucede en el Concejo Deliberante de la Capital, dicen algunos. Sería una respuesta hacia la sociedad de la clase dirigente. ¿Cederán? Cuando el sistema está aceitado, y algunos cebados, es difícil que aprobar nuevas reglas de juego, aunque exista la presión pública por mayor transparencia. En ese marco, la actual gestión será responsable del fracaso o del éxito por la desaparición de este sistema de ayuda social que degeneró en clientelismo social, político e institucional.
2- En marzo Manzur arma su propio equipo de colaboradores.
3- En algunos meses se transparentan los gastos sociales de la Legislatura.
No son tres afirmaciones, son tres posibilidades que pueden verificarse en el corto plazo. Hay gente trabajando para evitar que algunas de estas alternativas se concreten y para que otras se cumplan, y hay otros que miran con desesperación cómo funcionarios que tendrían que estar preocupados por el estallido de un drama social o por dar una oportuna respuesta política siguen dormidos y no hacen bien sus deberes. Veamos.
Capítulo I
El 31 de diciembre vence el plazo de la última prórroga de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen. El acuerdo con la Nación fue suscripto por la actual senadora Beatriz Mirkin, en su condición de ministra de Desarrollo Social, la misma que cuando recibió su diploma como nueva integrante de la Cámara Alta dijo que con Macri se venía el ajuste. ¿Se habrá referido a estos planes sociales?
Por la vigencia de ambos proyectos, en Tucumán hay entre 27.000 y 28.000 beneficiarios; los que quedarán en la calle si el próximo Gobierno no los ratifica. Son miles de personas, que perciben ingresos de entre $ 1.600 y $ 2.000, que aumentarán drásticamente el índice de desocupación. Los últimos valores del Indec referidos al San Miguel de Tucumán fijan en aproximadamente un 6% esa tasa, porcentaje que alcanza a unos 20.000 comprovincianos. Ergo, si a fin de mes cesan definitivamente estos dos programas nacionales, en enero habrá casi 50.000 desocupados, lo que pondría el índice estadístico en un dramático 15%.
La posibilidad de que esos dos dígitos se visualicen debería movilizar en algún sentido a las nuevas autoridades del área social de la Provincia. En cambio, los que sí están transpirando son los legisladores, intendentes, concejales y funcionarios del Poder Ejecutivo que manejan cupos de estos programas a través de cooperativas de trabajo, y que ven peligrar seriamente su existencia. O lo que es lo mismo, ven con horror cómo pueden quedar disminuida su capacidad de respuesta territorial a partir de perder el manejo de los recursos nacionales destinados a trabajos sociales.
Esta concepción asistencialista del Estado, en la visión de algunos dirigentes peronistas, puede desaparecer con políticas de ajuste de la mano del macrismo en el Gobierno. Temen por la discontinuidad o por la pérdida de las ventajas clientelares de las que gozan. Les preocupa hasta dónde puede llegar el “cambio”. Eso se verificará en pocos días. Lo seguro es que el mantenimiento de estos dos programas -si es que prosiguen- provocará la aparición de nuevos actores -más próximos al macrismo, o al radicalismo, o al peronismo disidente- o de nuevos mecanismos de aplicación. Es que las denuncias sobre clientelismo político a partir del uso indebido de estas dos iniciativas se multiplicaron desde su puesta en marcha en agosto de 2009.
El plan Argentina Trabaja nació luego de la derrota legislativa del kirchnerismo en Buenos Aires. El Gobierno pretendió recuperar el espacio perdido a partir de esta iniciativa social de alcance territorial. En esa ocasión Tucumán resultó beneficiada con 15.000 puestos, o subsidios. Después se incrementaron hasta 30.000 con un aporte nacional de $ 60 millones mensuales. La cifra disminuyó luego, según un ex funcionario alperovichista, porque algunos inscriptos se incorporaron al mercado laboral formal.
¿Tienen motivos para estar preocupados los dirigentes locales en cuanto a lo que pueda hacer la próxima gestión nacional, ya sea eliminando estos planes o modificando las reglas? El futuro ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, dijo que a partir del 10 se va a ir revirtiendo todo lo que está mal. ¿Según su visión, puede estar mal esta iniciativa kirchnerista? Precisamente, en su paso por el Congreso, Prat Gay presentó el 12 de julio de 2012 un proyecto de resolución por el que reclamaba a la Nación datos sobre el plan Argentina Trabaja -destinatarios, número de cooperativas, criterios para otorgar el beneficio, sistemas de controles y precisiones sobre la generación de empleo genuino- y en el que mencionaba: es necesario también, como en cualquier política pública, avanzar en la transparencia del programa.
¿Se viene la transparencia o la desaparición? Dependiendo de la respuesta, el preocupado será el que maneja estos subsidios -porque no dispondrá de una herramienta clientelar o de respuesta a la demanda social de sectores vulnerables- o bien el Gobierno, porque verá cómo se incrementa la desocupación con un simple cese de dos programas. ¿Lo advierte el Ministerio de Desarrollo Social? Se debería estar buscando un interlocutor en el macrismo en esta breve transición para frenar una posible calamidad social.
Capítulo II
El problema de la desocupación, expuesto de esta manera, lleva al segundo tema; el del equipo propio. Veamos. Ex funcionarios entienden que el interlocutor provincial frente al próximo Gobierno por este posible conflicto social puede ser el senador electo José Alperovich. ¿El ex gobernador entendiéndose directamente con Macri para hablar en nombre del gobierno de Tucumán? Si bien Manzur entiende que su antecesor es necesario para obtener ventajas para la provincia desde su nuevo rol en el Congreso, la relación directa con el futuro Presidente debería pasar por sus manos; según el manual básico de las relaciones institucionales. El interlocutor soy yo, suele repetir el titular del Poder Ejecutivo cuando se le consulta sobre la relación que se viene entre la Nación y la Provincia. Allí se puede visualizar un posible cortocircuito. El poder político, nacional y provincial, tiene nuevos actores, nuevos roles y una escenografía distinta. A algunos les costará acostumbrarse al nuevo escenario.
¿Qué tiene que ver el debate sobre estas vinculaciones con el equipo propio? Hoy, el gabinete manzurista se compone de siete ministerios, ocho secretarías y la Fiscalía de Estado. Abarca 261 cargos, según el nuevo organigrama funcional del PE, desde nivel de ministros hasta el de subdirectores. Es un Ejecutivo más amplio que el de Alperovich -que contemplaba a 209 colaboradores-, aunque con muchos puestos vacantes aún. Un gran número de esos cargos fue cubierto por alperovichistas, por lo que poco hay de manzurismo puro allí. En algún momento tendrá que darle su impronta a esos más de 260 colaboradores para ganar en legitimidad y en reconocimiento político, propio y ajeno.
Bien se dice que la política está hecha de gestos, y Manzur tendrá que darlos en esa dirección; y en el corto plazo. Gestos concretos sobre que él es quien gobierna. ¿Cuándo se puede concretar el desprendimiento de algunas mochilas o bien la absorción por completo de los alperovichistas en el Ejecutivo? Posiblemente en marzo, cuando se realice una primera evaluación sobre la gestión de cada área gubernamental. Hoy están todos a prueba, bajo la mira, aunque no lo sepan, o lo intuyan, como algunos que han puesto a rodar propuestas y proyectos en el marco del nuevo clima de diálogo y búsqueda de consensos que exige la sociedad. Si no hay resultados hasta esa época, seguramente habrá cambios. Es la mejor excusa para justificar un nuevo equipo, de confianza; el propio, que le dicen.
Capítulo III
Manzur se ha embarcado en un proceso de legitimación, además de avanzar en ese marco de funcionamiento interno del PE, a través gestos de consenso hacia el exterior. En ese sentido deben ser observados los saludos a Macri, las reuniones con el intendente Alfaro, la vista a monseñor Rossi. Aspira a despegarse y a despegar. En ese trámite personal tiene lastres, como los gastos sociales de los legisladores. En tiempos en que la exigencia ciudadana de transparencia en el manejo de los dineros públicos se volvió una cuestión clave, el conflicto por los recursos que perciben discrecionalmente los parlamentarios le estalló en sus manos. Por lo tanto, bajo su gestión y bajo ese afán de legitimarse frente un sector de la sociedad que le dio la espalda -masivamente en la capital- tendría que darse una solución.
¿Será posible? La pregunta es si los legisladores cederán este privilegio. Por ahora parece inevitable que los representantes del pueblo renieguen de la ayuda social que brindan, por una cuestión práctica y de usos y costumbres; más allá de que algunos puedan dirigir estos dineros directamente a sus bolsillos. Ex legisladores justifican la existencia de esta ayuda apuntando que la burocracia estatal impide dar una respuesta inmediata a las demandas de los sectores sociales más vulnerables; esos mismos a los que se destinan la Asignación Universal por Hijo o los programas Argentina Trabaja o Ellas Hacen. Un ex secretario general de la Gobernación confesó, café de por medio, que fracasó en su intento por implementar un sistema para agilizar la respuesta del Estado frente a los pedidos de remedios, de dinero para el pago de boletas de la luz, de sillas de ruedas o de alimentos. El papelerío era infernal; dijo. Así justificaba que el legislador otorgara dinero en efectivo y en mano a los que van a pedir estas ayudas.
Frente a un Estado ineficaz, la Legislatura termina siendo un centro de gestores sociales más que de parlamentarios creativos; supo apuntar con acidez un ex funcionario. El problema radica en la falta de transparencia y en el endeble sistema de control para verificar que efectivamente esos dineros van a satisfacer una demanda social. El mecanismo está deformado, mal visto, genera dudas sobre el comportamiento de los legisladores y provoca el descrédito de un poder del Estado. ¿Cómo se supera? Si es inevitable este esquema de respuesta directa de la Cámara -porque ya es una tradición-, no quedaría otra que blanquearlo. Y transparentar el sistema de entrega de recursos.
¿Cómo? Una idea que está bailando sobre algunos escritorios es la de otorgar una mejor dieta a los legisladores, incluso para que puedan tener una buena jubilación, de entre $ 25.000 a $ 30.000 y una asignación extra para ayuda social de $ 80.000 a $ 90.000. Claro, con una rendición de cuentas más clara que la actual. Como sucede en el Concejo Deliberante de la Capital, dicen algunos. Sería una respuesta hacia la sociedad de la clase dirigente. ¿Cederán? Cuando el sistema está aceitado, y algunos cebados, es difícil que aprobar nuevas reglas de juego, aunque exista la presión pública por mayor transparencia. En ese marco, la actual gestión será responsable del fracaso o del éxito por la desaparición de este sistema de ayuda social que degeneró en clientelismo social, político e institucional.
Lo más popular
