La Cámara tiene en agenda la sanción de la reforma penal

Después de 834 días corridos, la Comisión Especial para el Estudio del Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán dio por concluida su tarea. El producto de ese grupo es un texto de 407 artículos que oraliza, transparenta y racionaliza la persecución del delito. La presentación del anteproyecto tuvo lugar antes de que finalizara la anterior gestión, en el vestíbulo de la Legislatura.

El proceso de reforma quedó así en manos de la nueva composición de la Cámara, que ha de analizar los cambios propuestos y, si lo considera pertinente, convertirlos en ley -originariamente, el comité pretendía que el anterior Poder Legislativo sancione la reforma, pero, por el calendario electoral, entre otros motivos, ese objetivo fracasó-. Es largo el camino transitado y, por lo visto, todavía queda un trecho por recorrer.

“La utopía es caminar, como dice (el escritor uruguayo Eduardo) Galeano”, recordó Ramiro González Navarro, ex legislador oficialista y ex presidente de la comisión desde 2014, cuando Marcelo Caponio (FpV) pasó al Poder Ejecutivo. El ex titular del comité inventarió la labor realizada, que incluyó desde un viaje a Santa Fe -donde el nuevo sistema ya funciona con resultados interesantes- y dos audiencias públicas hasta la visita de Alberto Binder, el procesalista que había asesorado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para poner en marcha una prueba piloto. Ese plan experimental, al fin, no prosperó por la oposición de la propia Legislatura, que entendió que correspondía implementar los cambios mediante una reforma legal. Así, mediante una resolución del 4 de julio de 2013 nació la comisión integrada por miembros de los tres poderes y representantes de los colegios de abogados.

Aunque al comienzo hubo hasta tensiones para ocupar los puestos de coordinación del grupo (Caponio asumió la presidencia y el legislador ultraoficialista reelecto Guillermo Gassenbauer se quedó con la secretaría -ambos estuvieron ausentes en el acto del viernes-), con el correr de los meses el trabajo de elaboración y redacción recayó esencialmente sobre los integrantes de la Justicia. Ese protagonismo “judicial” quedó expuesto en la audiencia de clausura: aparte de González Navarro, expusieron el fiscal concepcionense Edgardo Sánchez, la ex camarista Ana Lía Castillo de Ayusa y el camarista Carlos Caramuti. En el estrado de autoridades se sentaron, además, Antonio Estofán, uno de los vocales de la Corte que impulsó el fallido plan piloto; Eudoro Albo, camarista de Apelaciones, y Antonio Ruiz Olivares, ex secretario administrativo de la Legislatura y actual legislador del sector afín al gobernador Juan Manzur.

Adiós a un privilegio

El código vigente fue, en su momento, el más moderno del país. Pero como sucede siempre, la ley de avanzada, por sí sola, no bastó para cambiar la realidad. La procesalista experta Castillo de Ayusa recordó -una vez más- la experiencia recogida desde 1991 e instó a no repetir la historia. En el acto, que comenzó 45 minutos tarde por la demora de los dueños de casa, la oradora insistió en que el anteproyecto requiere de leyes complementarias (por ejemplo, para el establecimiento del juicio por jurados), de la capacitación de los actores y de la concientización de la comunidad. El gran cambio estructural consiste en la incorporación de la audiencia oral durante la investigación penal preparatoria (etapa previa al debate del caso ante el tribunal). En ese ámbito abierto al público, las partes (defensor, fiscal y víctima) presentarán sus posiciones ante el juez, que resolverá el contencioso en el acto.

Con la ayuda de una serie de diapositivas, el fiscal Sánchez manifestó que el nuevo sistema elimina el expediente. En sustitución, las constancias de la causa quedarán registradas en archivos audiovisuales. Para los papeles habrá un legajo desformalizado: en consecuencia, será más difícil bloquear el proceso con planteos de nulidad por falta de sellos y firmas, o errores de foliatura. Sánchez asimismo se detuvo un momento en los plazos, que serán de cumplimiento obligatorio para todos. Ello quiere decir que desaparece el privilegio de los jueces, quienes hoy no se someten a los términos procesales -y, por ello, ocurre que una causa avanza en cuestión de días mientras que otra permanece dormida durante meses-.

Cuando ya el auditorio estaba visiblemente cansado, Caramuti anunció que no iba a prolongar “la tortura” mucho más. Su exposición abordó la situación de la víctima del delito, figura a la que el anteproyecto confiere un papel central. El vocal de la Sala III de la Cámara Penal dijo que se imponía volver la mirada sobre quienes sufren los hechos ilícitos. “Muchas veces la víctima no quiere una condena tradicional, sino otro tipo de salida”, expresó. Y a veces y a diferencia del fiscal, la víctima quiere proseguir un proceso: estas alternativas, en el presente inexistentes, están previstas en el anteproyecto. A modo de cierre, Caramuti abogó para que la reforma procesal penal sea un objetivo de todos los sectores involucrados en la persecución del delito. Es decir, una política de Estado que no dependa de un Gobierno ni de un poder.