05 Octubre 2015
POSTAL REPETIDA. Ema Gómez, rodeada de policías en el juicio de 2011, deberá volver a una audiencia oral. la gaceta / foto de analía jaramillo (archivo)
Ema Hortensia Gómez y el ex comisario Rodolfo Reinaldo Domínguez volverán a sentarse el martes de la semana que viene frente a un tribunal y a escuchar a un fiscal acusándolos. Pero esta vez no tendrán la expectativa de ser absueltos, ya que la Corte Suprema de Justicia determinó su responsabilidad penal por el homicidio del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz: la primera es responsable por el homicidio agravado, y el segundo por el encubrimiento.
Junto a estos dos imputados debería estar el ex policía Alejandro Darío Pérez, pero se encuentra prófugo. De acuerdo al fallo que en 2011 había dado la sala 1 de la Cámara Penal, y a la sentencia de la Corte, Pérez fue el autor de los 10 disparos que mataron al juez.
El homicidio ocurrió en noviembre de 2004 en la casa de Aráoz, en avenida Aconquija 2.950 de Yerba Buena. En 2011 se realizó el juicio oral y los jueces Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry y Emilio Páez de la Torre, determinaron que Pérez y Gómez lo mataron, pero calificaron al homicidio como simple y los condenaron a 18 y 13 años de prisión, respectivamente. También condenaron a Andrés Enrique Fabersani a cinco años de prisión por encubrimiento, y absolvieron a Domínguez y al policía Rubén Orlando Albornoz.
Pero la Corte Suprema de Justicia revocó parcialmente ese fallo, y determinó que Pérez y Gómez son responsables de homicidio agravado por ensañamiento, y que Domínguez debe ser condenado por encubrimiento. El máximo tribunal mantuvo la condena a Fabersani (quien este año comenzó a gozar de salidas transitorias al cumplirse la mitad de la pena) y la absolución a Albornoz.
Audiencia de visus
Para garantizar que los acusados tengan una doble instancia para hacer revisar su fallo, la Corte determinó la responsabilidad penal, y derivó en otro tribunal la fijación de la condena, tal como lo había hecho en el caso de la desaparición de María de los Ángeles Verón, donde los acusados habían sido absueltos por un tribunal, y la Corte revocó el fallo. Luego de la fijación de las condenas del caso Verón, los imputados volvieron a recurrir ante el máximo tribunal para que revise ese fallo, con otra integración.
En el caso Aráoz, los camaristas que deberán realizar la “audiencia de visus” serán María Elisa Molina, Alfonso Zóttoli y Carlos Caramuti. El fiscal de Cámara que actuará en esta instancia es Carlos Sale (durante el juicio había intervenido Juana Prieto de Sólimo).
En la audiencia, los jueces deberán escuchar primero a Gómez y a Domínguez, a quienes les preguntarán sobre sus condiciones personales, con quienes viven, cuáles son sus ingresos. No se debatirá sobre su actuación en el homicidio, ya que la responsabilidad penal ya está determinada.
Luego, el fiscal y el abogado querellante Benjamín Frías Alurralde expondrán sus argumentos para pedir una pena determinada, y los defensores Mario Mirra (por Gómez) y Álvaro Zelarayán y Cergio Morfil (por Domínguez) tratarán de que la decisión no afecte en lo inmediato a sus representados. El margen de acción del que disponen es poco, e intentarán de que al menos la pena no se haga efectiva inmediatamente.
En el caso de Ema Gómez, la única pena posible que determina el Código Penal para el homicidio agravado es el de prisión perpetua. Domínguez, por su parte, puede sufrir una pena de entre uno y seis años de prisión.
En ausencia
Distinto es el caso de Darío Pérez, sobre quien pesa una orden de captura internacional. En Tucumán no existe el juicio en ausencia del imputado, por lo que en caso de que la Policía lo encuentre, tendrá que realizarse una audiencia exclusiva para él. Al igual que Gómez, sólo podría recibir una pena a prisión perpetua.
Junto a estos dos imputados debería estar el ex policía Alejandro Darío Pérez, pero se encuentra prófugo. De acuerdo al fallo que en 2011 había dado la sala 1 de la Cámara Penal, y a la sentencia de la Corte, Pérez fue el autor de los 10 disparos que mataron al juez.
El homicidio ocurrió en noviembre de 2004 en la casa de Aráoz, en avenida Aconquija 2.950 de Yerba Buena. En 2011 se realizó el juicio oral y los jueces Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry y Emilio Páez de la Torre, determinaron que Pérez y Gómez lo mataron, pero calificaron al homicidio como simple y los condenaron a 18 y 13 años de prisión, respectivamente. También condenaron a Andrés Enrique Fabersani a cinco años de prisión por encubrimiento, y absolvieron a Domínguez y al policía Rubén Orlando Albornoz.
Pero la Corte Suprema de Justicia revocó parcialmente ese fallo, y determinó que Pérez y Gómez son responsables de homicidio agravado por ensañamiento, y que Domínguez debe ser condenado por encubrimiento. El máximo tribunal mantuvo la condena a Fabersani (quien este año comenzó a gozar de salidas transitorias al cumplirse la mitad de la pena) y la absolución a Albornoz.
Audiencia de visus
Para garantizar que los acusados tengan una doble instancia para hacer revisar su fallo, la Corte determinó la responsabilidad penal, y derivó en otro tribunal la fijación de la condena, tal como lo había hecho en el caso de la desaparición de María de los Ángeles Verón, donde los acusados habían sido absueltos por un tribunal, y la Corte revocó el fallo. Luego de la fijación de las condenas del caso Verón, los imputados volvieron a recurrir ante el máximo tribunal para que revise ese fallo, con otra integración.
En el caso Aráoz, los camaristas que deberán realizar la “audiencia de visus” serán María Elisa Molina, Alfonso Zóttoli y Carlos Caramuti. El fiscal de Cámara que actuará en esta instancia es Carlos Sale (durante el juicio había intervenido Juana Prieto de Sólimo).
En la audiencia, los jueces deberán escuchar primero a Gómez y a Domínguez, a quienes les preguntarán sobre sus condiciones personales, con quienes viven, cuáles son sus ingresos. No se debatirá sobre su actuación en el homicidio, ya que la responsabilidad penal ya está determinada.
Luego, el fiscal y el abogado querellante Benjamín Frías Alurralde expondrán sus argumentos para pedir una pena determinada, y los defensores Mario Mirra (por Gómez) y Álvaro Zelarayán y Cergio Morfil (por Domínguez) tratarán de que la decisión no afecte en lo inmediato a sus representados. El margen de acción del que disponen es poco, e intentarán de que al menos la pena no se haga efectiva inmediatamente.
En el caso de Ema Gómez, la única pena posible que determina el Código Penal para el homicidio agravado es el de prisión perpetua. Domínguez, por su parte, puede sufrir una pena de entre uno y seis años de prisión.
En ausencia
Distinto es el caso de Darío Pérez, sobre quien pesa una orden de captura internacional. En Tucumán no existe el juicio en ausencia del imputado, por lo que en caso de que la Policía lo encuentre, tendrá que realizarse una audiencia exclusiva para él. Al igual que Gómez, sólo podría recibir una pena a prisión perpetua.
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