Con el rechazo al pedido de desafuero de 27 legisladores, formulado por el juez Víctor Pérez, la actual composición legislativa acumula un segundo juicio para el final de su mandato.
El primer proceso pendiente es el de los gastos de bloque, también encarado por Pérez, y que no prosperó el año pasado.Ahora, la causa por supuesto cohecho para la habilitación de reforma constitucional, sancionada en la madrugada del 20 de febrero pasado, deberá esperar hasta el 25 de octubre de 2003, cuando, en principio, los parlamentarios dejan sus cargos.
La sesión, que ayer también tuvo su desenlace a la madrugada, desbordó en estados de ánimo. La disfónica peronista Claudia Herrera terminó gritando su indignación por las imputaciones. El jefe del bloque oficialista, José Gutiérrez, se refirió con humoradas a sus acusaciones. Nancy Albero, del Movimiento Independiente, estalló en llanto cuando, pasadas las 4, leyó en LA GACETA la transcripción del oficio judicial 581, en lo referente al patrimonio que se le adjudica.
El peronista Osvaldo Cirnigliaro les enrostró a sus pares que al no haber peleado contra el avasallamiento del Poder Ejecutivo, son ahora responsables "de que cualquiera ataque a una Legislatura que jamás se defendió". El ex bussista Gustavo Rojas Alcorta, una vez más, adjudicó a los medios responsabilidades por los embates contra el Poder Legislativo. El radical José Ascárate pidió que se dejara de matar al cartero que trae malas noticias.
La sesión terminó a las 7. Los parlamentarios, a la salida, se cruzaban con las escolares que iban a clase. Tras 27 votaciones nominales de 40 legisladores, es decir, tras 1.080 sufragios con nombre y apellido, se rechazaban todos los pedidos de desafuero.
Entre la 0.40 y las 5.50, 28 legisladores hablaron sobre el pedido de la Justicia. Pero nadie explicó, nunca, por qué razón no se iba a conceder el desafuero a Germán Alfaro, a Gerónimo Vargas Aignasse y a Edgardo Rocha (PJ); a Adriana Neske, a Julio Topa y a Albero; a Diego Nieva (ex FR) y a Rojas Alcorta, los ocho imputados que querían desprenderse de sus privilegios.
RICARDO BUSSI Y LUIS IRIARTE
Unos critican a Jerez; otros, a los legisladores
"Solamente los que temen dar la cara se empeñan en actuar al amparo de la nocturnidad". Así lo expresó el diputado nacional Ricardo Bussi (FR), al aludir a la sesión legislativa que culminó ayer a la mañana.
Bussi (h) sostuvo que la mayoría de los parlamentarios, "ensayando falacias propias de leguleyos", consiguió el objetivo de impedir que la Justicia investigue. "Si no quieren ser investigados es porque algo tienen que ocultar", añadió el diputado.
Se preguntó cuál es el problema de responder a los requerimientos del juez en lo penal de instrucción de la IV nominación, Víctor Manuel Pérez, "aunque tuvieren defectos". "Con su reticencia, estos legisladores terminaron por convertir a la Legislatura en un ?aguantadero?, a espaldas del pueblo", finalizó.
Los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán sostienen que el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, debe apartarse de la investigación en la causa por presuntas coimas en la Legislatura para garantizar la transparencia judicial en el proceso.
Según Iriarte y Fontán, "Jerez está sobreactuando a sabiendas de su incompetencia y esta actitud es altamente peligrosa para la credibilidad de la Justicia, que no puede ni debe utilizarse como arma política ni buscar rédito político contra una Legislatura totalmente desprestigiada".
GERONIMO VARGAS AIGNASSE
"Si no dejan que me defienda, renuncio"
El presidente del bloque Justicialista, Gerónimo Vargas Aignasse, parece encaminado a cumplir su promesa de renunciar a su banca si no lo investigan, aunque ahora se dio un nuevo plazo.
El joven parlamentario, de 30 años, había advertido que si sus pares no le permitían despojarse de sus privilegios para someterse a la investigación solicitada por el juez Víctor Manuel Pérez, dimitiría. Ahora apelará a una nueva instancia y se presentará hoy ante el magistrado, invocando la ley nacional 25.320.
"Esta norma trata sobre la inmunidad de legisladores, funcionarios y magistrados, en lo referido a desafueros, remociones o juicios políticos. En función de ella, los senadores acusados de cohecho para votar la flexibilización laboral hace dos años, pudieron prestar declaraciones indagatorias ante el juez y pudieron ser parte de todo el proceso", puntualizó el abogado.
"Quiero demostrar que el fundamento del pedido de desafuero es infundado. Pero si la Justicia no permite que me defienda, amparado en esta ley o en otras instancias que agotaré si hace falta, renunciaré", recalcó.
Vargas Aignasse puntualizó que se le adjudican propiedades de su madre, adquiridas por ella en 1990, y otras de su hermana, médica nefróloga, que vive en Buenos Aires. "A mi camioneta la compré en enero del 99, mucho antes de asumir", concluyó.
El primer proceso pendiente es el de los gastos de bloque, también encarado por Pérez, y que no prosperó el año pasado.Ahora, la causa por supuesto cohecho para la habilitación de reforma constitucional, sancionada en la madrugada del 20 de febrero pasado, deberá esperar hasta el 25 de octubre de 2003, cuando, en principio, los parlamentarios dejan sus cargos.
La sesión, que ayer también tuvo su desenlace a la madrugada, desbordó en estados de ánimo. La disfónica peronista Claudia Herrera terminó gritando su indignación por las imputaciones. El jefe del bloque oficialista, José Gutiérrez, se refirió con humoradas a sus acusaciones. Nancy Albero, del Movimiento Independiente, estalló en llanto cuando, pasadas las 4, leyó en LA GACETA la transcripción del oficio judicial 581, en lo referente al patrimonio que se le adjudica.
El peronista Osvaldo Cirnigliaro les enrostró a sus pares que al no haber peleado contra el avasallamiento del Poder Ejecutivo, son ahora responsables "de que cualquiera ataque a una Legislatura que jamás se defendió". El ex bussista Gustavo Rojas Alcorta, una vez más, adjudicó a los medios responsabilidades por los embates contra el Poder Legislativo. El radical José Ascárate pidió que se dejara de matar al cartero que trae malas noticias.
La sesión terminó a las 7. Los parlamentarios, a la salida, se cruzaban con las escolares que iban a clase. Tras 27 votaciones nominales de 40 legisladores, es decir, tras 1.080 sufragios con nombre y apellido, se rechazaban todos los pedidos de desafuero.
Entre la 0.40 y las 5.50, 28 legisladores hablaron sobre el pedido de la Justicia. Pero nadie explicó, nunca, por qué razón no se iba a conceder el desafuero a Germán Alfaro, a Gerónimo Vargas Aignasse y a Edgardo Rocha (PJ); a Adriana Neske, a Julio Topa y a Albero; a Diego Nieva (ex FR) y a Rojas Alcorta, los ocho imputados que querían desprenderse de sus privilegios.
RICARDO BUSSI Y LUIS IRIARTE
Unos critican a Jerez; otros, a los legisladores
"Solamente los que temen dar la cara se empeñan en actuar al amparo de la nocturnidad". Así lo expresó el diputado nacional Ricardo Bussi (FR), al aludir a la sesión legislativa que culminó ayer a la mañana.
Bussi (h) sostuvo que la mayoría de los parlamentarios, "ensayando falacias propias de leguleyos", consiguió el objetivo de impedir que la Justicia investigue. "Si no quieren ser investigados es porque algo tienen que ocultar", añadió el diputado.
Se preguntó cuál es el problema de responder a los requerimientos del juez en lo penal de instrucción de la IV nominación, Víctor Manuel Pérez, "aunque tuvieren defectos". "Con su reticencia, estos legisladores terminaron por convertir a la Legislatura en un ?aguantadero?, a espaldas del pueblo", finalizó.
Los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán sostienen que el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, debe apartarse de la investigación en la causa por presuntas coimas en la Legislatura para garantizar la transparencia judicial en el proceso.
Según Iriarte y Fontán, "Jerez está sobreactuando a sabiendas de su incompetencia y esta actitud es altamente peligrosa para la credibilidad de la Justicia, que no puede ni debe utilizarse como arma política ni buscar rédito político contra una Legislatura totalmente desprestigiada".
GERONIMO VARGAS AIGNASSE
"Si no dejan que me defienda, renuncio"
El presidente del bloque Justicialista, Gerónimo Vargas Aignasse, parece encaminado a cumplir su promesa de renunciar a su banca si no lo investigan, aunque ahora se dio un nuevo plazo.
El joven parlamentario, de 30 años, había advertido que si sus pares no le permitían despojarse de sus privilegios para someterse a la investigación solicitada por el juez Víctor Manuel Pérez, dimitiría. Ahora apelará a una nueva instancia y se presentará hoy ante el magistrado, invocando la ley nacional 25.320.
"Esta norma trata sobre la inmunidad de legisladores, funcionarios y magistrados, en lo referido a desafueros, remociones o juicios políticos. En función de ella, los senadores acusados de cohecho para votar la flexibilización laboral hace dos años, pudieron prestar declaraciones indagatorias ante el juez y pudieron ser parte de todo el proceso", puntualizó el abogado.
"Quiero demostrar que el fundamento del pedido de desafuero es infundado. Pero si la Justicia no permite que me defienda, amparado en esta ley o en otras instancias que agotaré si hace falta, renunciaré", recalcó.
Vargas Aignasse puntualizó que se le adjudican propiedades de su madre, adquiridas por ella en 1990, y otras de su hermana, médica nefróloga, que vive en Buenos Aires. "A mi camioneta la compré en enero del 99, mucho antes de asumir", concluyó.
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